El Informante: Odebrecht habría mencionado a PPK en su encuentro con fiscales peruanos

La mención por Marcelo Odebrecht de una supuesta asesoría brindada por Pedro Pablo Kuczynski a la constructora brasileña complica el pantanoso cuadrilátero político-judicial peruano. PPK lo ha negado.

14 Nov 2017 | 7:33 h

La controversia entre la versión del diario El Comercio y la de los abogados de la defensa de Keiko Fujimori respecto de lo que realmente declaró Marcelo Odebrecht en Curitiba, abre un compás de espera. El conocido penalista Arsenio Oré, uno de cuyos representantes estuvo en el interrogatorio, niega enfáticamente que el empresario haya confirmado que aportó dinero para la campaña. En rigor, niega que Odebrecht usó los términos exactos empleados por el diario. Quizá no podría objetar otras expresiones que serían equivalentes. Por ejemplo, que Odebrecht dijo “tener entendido”, o “creer”, que sí aportaron a la campaña. Esto último tiene sentido porque antes ya declaró que, salvo en el caso de Ollanta Humala, él no dispuso personalmente entrega de dinero para otro candidato peruano.

Hay que entender la anunciada querella de Keiko Fujimori contra El Comercio como un gesto político más que como el intento cierto de obtener sentencia condenatoria. En caso de yerro el principal perjudicado sería el diario. La controversia concluirá cuando exista una versión oficial o se filtre a la prensa –en Perú o Brasil− el contenido de las preguntas y respuestas. Y quedará consolidada cuando el representante de la compañía en el Perú, Jorge Barata, a quien Odebrecht se remite para las precisiones, declare ante el Ministerio Público. Como es público, Barata se niega a hacerlo porque fue objeto de incautaciones y cargos incompatibles con el estatus de un colaborador. Estas dificultades estarían en vías de desaparecer.

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El caso liberty

El comunicado de Oré es enfático en descartar que Fujimori hubiera tenido contacto con Odebrecht o recibido dinero en sus propias manos. Es la forma en que Odebrecht afirma que lo recibieron los Humala. Pero hay muchas otras maneras en que la candidatura pudo haber recibido recursos, medios indirectos asociados o no a los movimientos que investiga el fiscal José Domingo Pérez. El comunicado de Oré, la negativa rotunda de Fujimori para aceptar que fue financiada por Odebrecht, anticipa la versión de que ella negará conocimiento personal de todo aporte, aún si este llegara a confirmarse.

Uno de los puntos de atención de Pérez es la empresa Liberty Institute, constituida en Delaware y manejada por Juan Carlos Luna, uno de los principales aportantes de Fuerza Popular en sus dos últimas campañas. Luna, que vive en los Estados Unidos, ha declarado a La República que en realidad es un intermediario. Aunque los fondos transferidos que se conocen de Liberty no llegan a medio millón de dólares, no fueron identificados los aportantes ni el movimiento de dinero de la compañía. La versión del fujimorismo es que se trata de un mecanismo usual para obtener fondos de simpatizantes foráneos que prefieren anonimato.

Una bien puesta

Pérez también tiene en la mira a un conjunto de empresas off shore vinculadas a Jorge Yoshiyama, sobrino de quien fuera secretario general de Fuerza Popular. Luna es apoderado de una de ellas. El escrutinio de estas compañías correrá paralelo a la investigación que retomará el Ministerio Público a Joaquín Ramírez, decisión que según el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, originó que Fuerza Popular decidiera acusarlo constitucionalmente.

La reapertura de la investigación a Ramírez se originó en una queja de la Procuraduría de Lavado de Activos a cargo de Janet Briones, quien objetó el archivamiento dispuesto por la fiscal adjunta Sara Vidal. Vidal no había realizado, arguyó, diligencias de enorme importancia, entre ellas pericias y declaraciones testimoniales. Briones da ejemplo de ser una procuradora bien puesta: un escrito suyo también originó que el Ministerio Público ampliara la investigación hacia Liberty y las empresas de Yoshiyama, algo que el fiscal Germán Suárez Atoche –predecesor de Juan Domingo Pérez− había desestimado.

Aportes generosos

En el caso Ramírez la Disposición 121 de la fiscal superior Luz Peralta, que ordena continuar investigando, ofrece una demostración irrebatible de lo poco que había avanzado Vidal. El Fiscal de la Nación, además, ha declarado que Vidal le dio información inexacta sobre el avance del trabajo. La lectura de las resoluciones fiscales que reactivan las búsquedas sobre Joaquín Ramírez y Liberty-Yoshiyama no deja lugar a dudas de que responden a vacíos de las investigaciones. Aunque la mayoría de Fuerza Popular en el Congreso puede hacer en teoría lo que se le antoje, la sanción a Sánchez es inviable políticamente, y lo fortalece cada vez más ante la opinión pública.

Algunos parlamentarios, como Luis Galarreta y Luz Salgado, deben explicar altas contribuciones personales a la campaña, de más de 150 mil soles en cada caso. No hay nada delictivo en ese desprendimiento, desde luego, pero el origen debiera ser explicado. En los próximos tres años, en suma, diversos estamentos de Fuerza Popular van a estar bajo escrutinio del Ministerio Público. Lo nuevo es que la indagación también comenzaría para Peruanos por el Kambio.

Mención a PPK

Una fuente con conocimiento de las declaraciones de Marcelo Odebrecht ha asegurado que este mencionó vinculaciones entre la constructora y Pedro Pablo Kuczynski. Habría dicho que asesoró a la empresa, una relación que PPK ha negado tanto en público como a sus colaboradores cercanos. En una carta a la congresista Rosa María Bartra, presidente de la Comisión Lava Jato, fechada el 23 de octubre, Kuczynzki sostuvo que no ha tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas. A este documento acompañó una Declaración de Intereses formulada este año de acuerdo a ley, según la cual las diversas empresas y ONG que integró no tienen ninguna relación con Odebrecht.

Desde que estalló el caso Lava Jato, y con mayor recurrencia desde que se conocieron los sobornos a Alejandro Toledo, PPK ha sido objeto de atención por los cargos prominentes que tuvo durante el período en que la Interoceánica fue adjudicada a Odebrecht. Fue Presidente de Proinversión, ministro de Economía y Premier, sin participación directa en las decisiones. Al dejar el gobierno, en 2006, y hasta el 2015 −cuando lanzó su candidatura− se dedicó a la actividad privada. En este período cualquier asesoría directa o indirecta a Odebrecht no hubiera sido ilícita. Un ex socio de PPK, el chileno Gerardo Sepúlveda, ha sido mencionado por varias publicaciones como asesor de Odebrecht, pero sin involucramiento de PPK. Por otra parte, Peruanos por el Kambio no ha declarado como donantes a constructoras brasileñas. Es posible que el Ministerio Público meta las narices en el partido oficialista. El presidente no puede ser investigado hasta el final de su mandato, de acuerdo con la Constitución. 

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