Adiós a la ley de alquileres en España: Gobierno prohibirá el alquiler turístico sin control si no se activa el registro único
El Gobierno de España ha modificado el plan de viviendas y prohibió el alquiler sin control. Para ello, ha puesto en marcha un importante registro que si no lo tienen los arrendatarios quedarán fuera de los alquileres.
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A partir del 1 de julio de 2025, el Gobierno de España implementará de manera efectiva el Registro Único de Arrendamientos, una medida que busca regular y supervisar los alquileres turísticos, de temporada y de corta duración. Esta normativa, que entró en vigor el 2 de enero de 2025, se alinea con el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, y tiene como objetivo garantizar la transparencia y el control en el mercado de alquileres.
Ley de Alquileres en España 2025: ¿cuál es el registro obligatorio que debes activar?
- Registro obligatorio: todos los propietarios que deseen alquilar sus viviendas con fines turísticos o de temporada deberán obtener su Número de Registro de Alquiler (NRA) a través del Colegio de Registradores. Este número será imprescindible para anunciar la propiedad en plataformas como Airbnb, Booking o Expedia.
- Documentación requerida: para obtener el NRA, los propietarios deben presentar documentación que acredite que la vivienda cumple con los estándares de calidad y seguridad necesarios, incluyendo la licencia de uso turístico, la cédula de habitabilidad y la referencia catastral.
- Obligaciones de las plataformas: las plataformas de alquiler deberán verificar que los anuncios de viviendas cuenten con el NRA correspondiente. En caso contrario, los anuncios serán eliminados y las plataformas podrían enfrentarse a sanciones por permitir la publicación de alojamientos no registrados
¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento para el alquiler?
Los propietarios que no obtengan el NRA antes del 1 de julio del 2025 no podrán operar legalmente en el mercado de alquiler turístico. Además, podrían enfrentarse a sanciones económicas que pueden superar los 500.000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma donde publiciten las viviendas.
