Defensoría del Pueblo presenta proyecto para modificar ley del Congreso sobre allanamientos
Iniciativa plantea que no sea necesaria la presencia de abogados de investigados para el ingreso a los inmuebles. Proponen que haya defensores públicos.
- Torre Trecca será modernizada y beneficiará a 5.7 millones de asegurados de EsSalud: obra estuvo paralizada por más de 50 años
- Bus de la empresa ETSIBOSA es incendiado en El Agustino: conductor resulta herido tras quedar envuelto en llamas
Paños tibios. La Defensoría del Pueblo (DP) presentó al Congreso un proyecto de ley para que se modifiquen algunos artículos de la Ley n°. 32108, aprobada en agosto último y por medio de la cual fueron cambiados varios aspectos de la legislación sobre allanamientos judiciales, lo que, ha decir de juristas y expertos en derecho penal, es un limitante para el trabajo de los fiscales que persiguen el delito, lo que beneficia a la criminalidad organizada.
TE RECOMENDAMOS
TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
La iniciativa legislativa presentada por Josué Gutiérrez, titular de la DP, plantea que para el ingreso a los inmuebles no sea necesaria la presencia del abogado del investigado. De esta forma, se busca que las diligencias de allanamiento no se vean frustradas ni dilatadas aduciendo la falta de un defensor, lo que dará mayor efectividad a los allanamientos que buscan recoger evidencias en investigaciones contra organizaciones criminales.
De acuerdo al proyecto de ley, que busca modificar el artículo n°. 2 de la norma, referido a las medidas limitativas de derechos, se propone también que para el registro y, de ser el caso, la incautación de bienes durante las diligencias, el fiscal competente pueda convocar a la defensa pública, sin perjuicio de que el interesado designe en cualquier etapa del allanamiento a su abogado defensor.
De otro lado, se plantea incluir una disposición complementaria final por medio de la cual se autorice al Ministerio de Justicia a incorporar defensores públicos adscritos a las fiscalías especializadas en crimen organizado. De esta forma se garantizará el derecho de defensa de las partes durante las diligencias de allanamiento.
