Solo 25 casos de discriminación tuvieron sentencia penal en 22 años
Justicia que no llega. De las 4.737 denuncias que registra el Ministerio Público desde el 2000 —año en que se tipificó el delito— hasta el 2022, solo el 0,53% ha obtenido una sentencia. El caso emblemático de Azucena Algendones fue declarado prescrito.
Azucena Algendones es una de las miles de personas que decidieron denunciar penalmente la discriminación que vivieron. Ella sufrió un acto discriminatorio en 2012 por ser afroperuana. Fue en la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo (Sedam-Huancayo), su centro de labores. A pesar de las amenazas de que perdería su trabajo si continuaba luchando para obtener justicia, ella no desistió.
LR Data accedió a los casos de discriminación registrados en el Ministerio Público desde el 2000 —año en que se incluyó esta problemática social como delito en el Código Penal— hasta el 2022. En 22 años se registraron 4.737 denuncias por la vía penal. De ese total, solo 25 llegaron a tener una sentencia firme, lo que representa solo el 0,53%. De estas, 17 fueron condenatorias y 8 absolutorias.
La discriminación se incluyó como delito en el artículo 323 del Código Penal luego de la aprobación de la Ley contra Actos de Discriminación, Ley n° 27270. Actualmente, se sanciona esta falta con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de tres, o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas.
“Todas las modificaciones que se han dado en el Código Penal no han logrado influir positivamente para que el ciudadano pueda alcanzar justicia porque, más allá de que el proceso penal es complejo y tedioso, en este tipo en particular de delito lo es mucho más”, explica Gustavo Oré, abogado y exdirector de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura.
Según el Ministerio Público, las regiones que más denuncias consignan son Lima (1.847), Arequipa (346) y Cusco (210). Así, los datos demuestran que el 39,2% de los casos se concentran en la capital.
“Hay procesos que duran cinco, seis, hasta siete años; en el mejor de los casos son cuatro. Normalmente, se archivan a nivel de Fiscalía, e incluso a nivel policial ni siquiera son admitidas las denuncias, pero quien conoce el delito penal (sabe que) este se tramita de forma bastante lenta”, precisa Oré.
Para Azucena Algendones, el proceso que llevó no solo fue desgastante económicamente, sino también en el aspecto emocional debido a las diferentes trabas que encontró en el camino.
Uno de los principales obstáculos para que su denuncia avance fue que los diferentes abogados que consiguió no estaban capacitados para este tema en particular y le sugerían que mejor inicie el proceso por injuria y no por discriminación.
“Vi mucha incredulidad. Pedías al abogado que te pueda llevar el proceso y te decían ‘no, eso no existe’”, lamenta.
Oré puntualiza que al desconocimiento de los letrados en el tema se suma el de los propios operadores de justicia.
El caso de esta mujer afroperuana fue uno de los 199 que pasaron a un proceso penal, los cuales representan el 4,53%. Cabe precisar que 1.493 ( 31,69%) no pasaron ni siquiera a una etapa de investigación en el Ministerio Público.
PUEDES VER: Puno: Defensoría alerta que la PNP obstaculizaría investigación sobre muertes en protestas
Asimismo, el acervo probatorio es otro obstáculo, ya que en el recorrido judicial se pueden solicitar pruebas audiovisuales —que no necesariamente los denunciantes puedan tener— o testigos.
En el 2016, tres años después de ingresada la denuncia, Azucena recibió la sentencia 479-2015-2JPL-PJ-CSJJU, en primera instancia, la cual encontró culpable a los acusados. Esta es una sentencia histórica en el Perú debido a que es la primera que incluye la variable étnico-racial en su fallo. En efecto, los datos del Ministerio Público revelan un ligero repunte desde dicho año, y el 2022 fue el periodo que más denuncias registró, con 629 en total.
Sin embargo, en el caso de Azucena, los acusados apelaron. “La sentencia se revocó y ahí yo conversé con uno de esos magistrados de la sala. Me dijo: ‘Pero ¿de qué te puedes quejar?, tienes otra instancia donde apelar’. No me dio un sustento”, recuerda la denunciante. Es ahí cuando su abogado apeló y el caso pasó a la Corte Superior de Junín, en la que terminó prescribiendo en 2019.
El único consuelo de Azucena Algendones es que no absolvieron a quienes denunció. Si bien le hubiera gustado una sentencia firme, por otro lado desea que todos los seres humanos sean tratados con respeto e igualdad. “Yo no busco una resolución. El fin supremo de todo ser humano es su dignidad, y yo lucho por ella”.
Azucena contra la discriminación
Azucena Algendones sufrió ataques racistas de su compañera de trabajo. Lejos de tomar acción, Luis Alberto Pérez Peralta y Augusto Gianni Santisteban García, gerente y jefe de Recursos Humanos, respectivamente, se sumaron a las agresiones.
PUEDES VER: Más de 200 familias piden solución a colapsos de desagüe dentro y fuera de sus casas en Chiclayo
El proceso penal se inició en el 2013 y, pese a que su caso fue mediático y alcanzó la primera sentencia en primera instancia, que incluía la variable étnico-racial en el país, no obtuvo justicia en la segunda instancia.
El caso prescribió en 2019, 6 años después. No obstante, tuvo un impacto a nivel social, pues a raíz de ello se implementaron ordenanzas municipales contra este tipo de discriminación.
Datos
Procesos. La normativa permite que la discriminación se denuncie por la vía administrativa y judicial.
Sin avance. El 31,69% de los casos registrados no avanzaron y siguen en etapa inicial.
Infografía: La República
