Prohibición de bolsas de plástico y tecnopor es letra muerta

Sin control. Desde inicios de este año, las bolsas de plástico de un solo uso, que le entregan a usted de manera indiscriminada en los mercados, deberían ya estar prohibidas, según la Ley n.° 30884 que en diciembre del 2018 dio un plazo de tres años para su sustitución por bolsas biodegradables. Lo mismo debería ocurrir con los recipientes de tecnopor, por ser altamente contaminantes al medioambiente, pero siguen en el mercado y terminan en los botaderos de basura y en los mares.

Hoy, las empresas productoras formales se encuentran obligadas a la sustitución de estos productos por aquellos biodegradables. Los vendedores de los mercados tienen que entregar —previo pago de S/ 0,40— bolsas no contaminantes para evitar el uso indiscriminado de estas, como ya está ocurriendo en los supermercados. Sin embargo, nada de esto se aplica.

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En el caso del tecnopor, hay un mercado negro que le saca la vuelta a la norma en Lima y regiones. Según Eduardo del Campo, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el tecnopor viene entrando a través de contrabando, por la frontera con Ecuador y Bolivia, y no hay fiscalización de las autoridades. Esto viene afectando a los 100 fabricantes de envases de plástico y también a los importadores de recipientes biodegradables.

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Según precisó a un medio local, antes se producían 200 millones de recipientes de plástico mensuales; sin embargo, hay una caída de entre 40% y 50% en la producción. Uno de los problemas es que los materiales sustitutos del tecnopor (bagazo o almidón) son más caros.

Al respecto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Defensoría del Pueblo están pidiendo que el Estado actúe y fiscalice el cumplimiento de estas prohibiciones, a través de la Sunat, el Produce, el OEFA, los gobiernos regionales y los municipios. Asimismo, exigen que el Ministerio del Ambiente rinda cuentas al Congreso sobre la aplicación de la norma.

Esto es urgente porque el 70% de la basura que, por ejemplo, se recoge en las playas de Magdalena y San Miguel son bolsas y tecnopor, según la ONG Vida. Estos productos tardan 1.000 años en degradarse.

Falta conciencia

Patricia Tipián, representante de la Adjuntía del Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, señaló que aumentar el precio de la bolsa (a S/0,40 desde este año) no es suficiente; el Estado tiene que tener un rol más activo en la fiscalización.

Los municipios deben supervisar el consumo y el OEFA, la distribución y la fabricación. “Como clientes, tenemos que exigir a quienes nos venden nuestros alimentos que lo hagan en envases biodegradables”, dijo.

En tanto, el excongresista Jaime Delgado afirmó que hay poco interés y poca capacidad de regulación del Estado. Se da la ley, pero no se cumple.

“Las grandes empresas están mucho más expuestas a la vigilancia porque son muy pocas. Estas se adecuan forzosamente porque tienen que hacerlo, pero el mercado informal -que no tiene ningún control- termina sacándoles ventaja y haciendo competencia desleal”, señaló.

La exministra del Ambiente Fabiola Muñoz dijo que el OEFA debe cumplir su parte en la fiscalización y el Indecopi debe cumplir su parte con información para controlar el contrabando. Hace falta decisión política.

La palabra

Jaime Delgado, excongresista

“La ley fue un paliativo. Pero hay cosas que se tienen que ir avanzando. Vas a farmacias y supermercados y hay miles de plásticos de un solo uso. Habría que repensar en nuevas formas de envase”.