Gobiernos regionales eclipsados por la corrupción

Durante el 2021, los casos de corrupción ensombrecieron los gobiernos regionales en el sur. Los más emblemáticos fueron los ocurridos en Arequipa y en Puno, cuyos gobernadores ahora cumplen mandatos de prisión preventiva mientras duren las investigaciones. En Madre de Dios y en Tacna, ambas autoridades también están vinculadas a presuntas organizaciones criminales.

“No podemos afirmar de manera categórica que los gobiernos regionales son malos porque las autoridades lo son”, sostiene el abogado Juan Fernando Mendoza Banda, quien además es docente del departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo.

Para este especialista las instituciones son independientes de las personas, pero lamentablemente, al menos en Arequipa, no hubo una gestión que diera la talla para hacerle frente a las necesidades. Todo lo contrario, se ha perjudicado a Arequipa.

A Elmer Cáceres Llica, el Ministerio Público lo acusa de ser el cabecilla de la presunta organización criminal Los Hijos del Cóndor, la cual habría entregado cupos de trabajo, repartido terrenos y sobornos para evitar la fiscalización y favorecer a empresas con la entrega de obras. La detención de Cáceres ha tenido efectos colaterales. Originó el retraso en el debate de la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II. Eso colocó a Arequipa en una situación compleja al borde de un arbitraje internacional con la empresa española Cobra.

En Educación, el expediente para la construcción de la I.E. El Gran Amauta, que ya estaba retrasado en la municipalidad de Miraflores, se perjudicó aún más con la paralización de la gestión regional.

El analista Juan Fernando Mendoza refiere que lo ocurrido en el periodo frustrado de Cáceres es una muestra de cómo están terminando las gestiones: ejecutan obras de carácter municipal o transfieren recursos a las municipalidades para que hagan obras municipales. De tal forma, no hay obras emblemáticas, ni que consoliden a las provincias.

En sectores clave como Educación y Salud, tampoco se vio mayor avance. Durante la pandemia, tuvo que intervenir el Ministerio de Salud para conducir y hacer frente a la ola COVID-19.

Puno y tres gobernadores

La región altiplánica vivió una situación particular. En menos de tres años, dos gobernadores abandonaron el cargo por cuentas pendientes con la justicia. Walter Aduviri, electo en los comicios del 2018, fue condenado a 6 años y 8 meses por su participación en el aimarazo. Lo vacaron al tener una sentencia consentida. En su reemplazo, ingresó el vicegobernador Agustín Luque, quien de igual forma este año entró a la cárcel, al ser acusado de ser el cabecilla de la organización criminal Los Supremos del Altiplano.

El caso deriva de la millonaria licitación del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Según la Fiscalía, Luque se coludió con el asesor legal Jhon Wilfredo Martínez Molina para no cobrarle al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez Butrón, el monto de S/ 504.727 de penalidades. Por ello, se les imputa el delito de colusión agravada.

Los fariseos de la salud

El gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, también es investigado por la Fiscalía. Es acusado de liderar la presunta organización criminal Los fariseos de la salud, sindicada de colusión agravada por la compra de ventiladores mecánicos para equipar el Hospital Hipólito Unanue por el monto de S/ 1 millón 883 mil 219, en el 2019. El aludido se ha declarado inocente de cualquier imputación y afirmó que su gestión colaboró con las diligencias que se realizaron en el hospital regional.

En similar situación se encuentra el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo, quien está acusado de pertenecer a la presunta organización criminal Los Hostiles de la Amazonía. En su caso, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata, ya ha dictado mandato de impedimento de salida del país por 18 meses. El gobernador es acusado de pagar a un consejero regional a través de otras personas para que vote en sesión a favor de su viaje a China.

Proceso debe revisarse

El especialista Juan Fernando Mendoza Banda tiene una visión drástica respecto a los gobiernos regionales. Señala que al no ejecutar obras emblemáticas y dedicarse solo a transferir dinero, entonces habría que preguntarse cuál es su función y si no sería mejor que el Gobierno central transfiera directamente esos recursos a los municipios locales. O que los ministerios se encarguen del manejo de los sectores como Educación y Salud. “(si desaparecen) ni nos daríamos cuenta, por lo menos sería un escándalo menos”, dice Mendoza.

Pareciera que la regionalización no es el medio más adecuado para alcanzar la ansiada descentralización, dice.

El especialista refiere también que hemos tenido lo que hemos elegido. Aún sabiendo los antecedentes hemos votado por ellos.