EE.UU. publica documentos secretos sobre violaciones de derechos humanos en Perú
Desclasificados. Informes norteamericanos reportan que en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori se encubrió a militares que cometieron ejecuciones extrajudiciales, como en el caso Cayara. También menciona la crueldad de los senderistas que asesinaban a los campesinos que se oponían a sus actividades.
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En el vigésimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó documentos desclasificados sobre el conflicto armado interno en el Perú, los mismos que detallan graves violaciones de derechos humanos de los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, y de las huestes de Sendero Luminoso.
Los cables e informes de inteligencia detallan la brutal estrategia contrainsurgente del Gobierno peruano de “no tomar prisioneros” y los esfuerzos que desplegó para proteger de la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de atentar contra derechos fundamentales.
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Entre los registros difundidos se encuentra un informe de inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, de mayo de 1988, donde se anota que el primer ministro peruano Armando Villanueva había dicho a altos oficiales militares “que no le importaba si los militares ejecutaban a todos los guerrilleros de Sendero Luminoso (SL) que capturaban” siempre y cuando lo hicieran “discretamente”. También les aseguró que cualquier intento de investigar una reciente masacre de campesinos en Ayacucho “sería inmediatamente derrotado”.
Esto, a pesar de las iniciales promesas de Alan García de garantizar un mayor respeto por los derechos humanos, así como de entablar un diálogo con los insurgentes para poner fin al conflicto. Ofrecimientos que nunca se cumplieron.
Cuatro documentos, que llevan los números 4, 6, 9 y 10, describen el empeoramiento de las condiciones del conflicto bajo García. La decisión del gobierno aprista de permitir impunidad militar impulsó mayores abusos como se reflejó en la masacre de Cayara (Ayacucho) en 1988, en la que los militares ejecutaron a más de treinta campesinos.
Amenazado. El fiscal Carlos Escobar Pineda tuvo que asilarse. Foto: difusión
Como se recuerda, el 14 de mayo de 1988, patrullas del Ejército llegaron a la localidad de Cayara tras sufrir un ataque terrorista de Sendero Luminoso el día anterior que acabó con la vida de cuatro militares. En su objetivo de buscar información sobre los senderistas, torturaron y asesinaron a más de 20 personas, hombres y mujeres, además de realizar actos de vandalismo y robo.
Entre el 14 de mayo de 1988 y diciembre de ese año, fueron ejecutados cerca de 40 personas en total, contando el asesinato sistemático de los testigos de la masacre de Cayara.
Al año siguiente, una comisión investigadora del Congreso, presidida por el aprista Carlos Enrique Melgar, concluyó que no hubo abuso por parte del personal militar en Cayara.
Doble postura. A pesar de la inicial promesa de Alan García de respetar los DD.HH, su gobierno encubrió militares que los violaban. Foto: difusión
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Encubrimiento oficial
El documento 4 de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU, del 25 de mayo de 1988, titulado “Violaciones de los derechos humanos del ejército” indica que el recién instalado primer ministro del APRA, Armando Villanueva, podría estar adoptando una nueva política para desalentar un golpe militar y “satisfacer las demandas de esfuerzos contrainsurgencia más fuertes”.
Refiere que después de reunirse con oficiales militares de alto nivel, incluido el ministro de Defensa, Enrique López Albújar, Villanueva redactó un comunicado respaldando la versión del Ejército de que no había ocurrido una masacre en Cayara, Ayacucho.
En este documento se menciona que Villanueva “al parecer comentó que no le importaba si el Ejército ejecutaba a todos los guerrilleros de Sendero Luminoso (SL) que capturaba, siempre y cuando dichas ejecuciones se llevaran a cabo discretamente”, al tiempo que prometió a los militares que cualquier investigación de la oposición sobre Cayara “sería inmediatamente derrotada”.
En el documento 6, que es un cable del 29 de noviembre de 1988 sobre una visita a Ayacucho del 17 al 19 de noviembre de ese año, el consejero político de la Embajada de Estados Unidos relata que las condiciones económicas, políticas y de derechos humanos se han deteriorado enormemente desde la última visita realizada en marzo, según entrevistas con funcionarios militares, policiales, gubernamentales, eclesiásticos, sindicales y universitarios.
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Dice que los cambios más severos fueron el surgimiento del escuadrón de la muerte del Comando Rodrigo Franco y la crisis económica general.
El funcionario de la embajada también señala que, en vísperas de otro “ataque armado” de Sendero Luminoso, los ciudadanos están recibiendo amenazas violentas de Sendero Luminoso si no cumplen, al mismo tiempo que reciben amenazas de muerte del Comando Rodrigo Franco.
Asilo por amenazas
Mientras que el documento 9, otro cable de la Embajada de Estados Unidos en Lima, fechado el 2 de julio de 1990, consigna opiniones de la Embajada sobre la solicitud de asilo de Carlos Escobar Pineda, fiscal que había investigado la masacre de Cayara de 1988 y temía ser perseguido por su labor sobre derechos humanos en Perú.
La Embajada sostiene que Escobar tiene “esencialmente razón” al decir “que el Ejército fue responsable de la masacre de Cayara, y probablemente responsable de las posteriores muertes de testigos en el caso”. Por ello, consideró que el riesgo de persecución del Ejército era mayor: “Si intenta y logra reabrir la cuestión de Cayara, o si elige viajar a Ayacucho u otro departamento bajo control militar, el riesgo de persecución aumenta significativamente”.
Pero la Embajada distinguió entre los asesinatos de “no entidades” como los comuneros de Cayara y figuras públicas de alto perfil como Escobar Pineda.
Agrega que, incluso si la “vida de Escobar no corre peligro, es probable que sea objeto de amenazas de muerte y acoso a su regreso al Perú si continúa activo en el trabajo de derechos humanos”.
El autor de este cable pide que se consideren las implicancias políticas más amplias que el precedente de conceder este asilo podría sentar para los sospechosos de terrorismo. Señala que estas personas (sean realmente terroristas o no) enfrentan amenazas aún más graves, incluida la detención arbitraria y tortura, ejecución extrajudicial por parte de la Policía y el Ejército, y asesinato por parte del Comando Rodrigo Franco.
Finalmente, el documento 10 de la Embajada norteamericana, que versa sobre la Universidad de Huamanga, es un cable del 24 de diciembre de 1990 respecto al viaje a Ayacucho del embajador Anthony Quainton.
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El cable afirma que Sendero Luminoso todavía tiene presencia clara entre docentes y estudiantes, pero su nivel de influencia se ha reducido notablemente desde su apogeo, a inicios de la década de 1980.
También precisa que los profesores y alumnos que no pertenecen a Sendero Luminoso continúan siendo blanco de ataques de los militares, como lo demuestran los asesinatos de Fernando Colonio, quien dirigía la oficina de derechos humanos de la universidad, y del profesor de Biología Ciro Aramburú.
Asimismo, señala que si bien hubo numerosos testigos de los hechos atribuibles a las fuerzas militares y policiales, nadie estaba dispuesto a hacer una denuncia formal.
Con Fujimori se dieron los peores casos
Documentos desclasificados también señalan que los peores casos de violación de derechos humanos ocurrieron al comienzo del régimen de Alberto Fujimori.
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Una evaluación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) de 1994 describió la “Operación Aries” en la selva de Perú, citando relatos de testigos sobre helicópteros del Ejército ametrallando aldeas. Menciona, además, que los militares que intentaron exponer las masacres de La Cantuta y Barrios Altos enfrentaron peligrosas repercusiones.
Documentos 4 y 9
“… Villanueva redactó un comunicado que declaraba que no hubo una masacre del Ejército en Ayacucho sino un enfrentamiento con rebeldes”.
“Los hechos atestiguados por Carlos Enrique Escobar en su declaración y en la solicitud de asilo del FORMULARIO I-598 de la OMB son correctos”.
La clave
Narcotráfico. Se señala que en este periodo se vio creciente corrupción en torno al tráfico de drogas en el Huallaga, lo que complicó más el conflicto. Un informe de 1989 incluye el asesinato de 10 policías en Uchiza por SL aliado con narcos colombianos. Las víctimas habían “aceptado sobornos de los traficantes, pero no les brindaron la protección prometida”.
El dato
Cayara: pobladores de esta comunidad ayacuchana fueron asesinados en mayo de 1988 por efectivos del Ejército como respuesta de un atentado terrorista contra un convoy militar.
