Crisis política en manos del Tribunal Constitucional

Presentada ya la demanda competencial y la medida cautelar por parte del Congreso, la controversia sobre la validez o no de la denegatoria de la primera cuestión de confianza que asumió el Ejecutivo está en la cancha de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Mientras tanto, la jefa del gabinete ministerial, Betssy Chávez, ayer declaró a los medios y descartó que el Gobierno vaya a tramitar una segunda cuestión de confianza.

“No tenemos pensado presentar ninguna segunda cuestión de confianza. Consideramos que hoy, más que nunca, es importante el diálogo; hay que bajar las tensiones, ni cierre del Congreso ni vacancia”, comentó, a su llegada a la sede del Congreso.

Ya por la noche insistió en esta postura: “Había una sombra, desde el lunes, sobre una segunda cuestión de confianza, al aprobar el presupuesto, se despeja. Somos los más interesados en un equilibrio de poderes”, manifestó.

Durante el día, la premier remitió oficios a todas las bancadas, solicitando sostener reuniones de diálogo.

La agenda mínima planteada por Betssy Chávez contempla seis ejes temáticos, entre ellos la “revisión y adecuación de los mecanismos de control político, que garanticen un adecuado balance de poderes consagrados en la Constitución”.

La premier subraya el adecuado balance de poderes “se consensuará a través de un diálogo interinstitucional con participación de organizaciones políticas y sociales”.

Su invitación, sin embargo, mereció el rechazo inmediato de los grupos parlamentarios de Alianza para el Progreso (APP) y Avanza País, mientras que solo Cambio Democrático, grupo afín al Gobierno, respondió en forma positiva al llamado.

Avanza País, en su respuesta, deja constancia que desde esta bancada ya se ha cursado una denuncia constitucional contra el gabinete que dirigió Aníbal Torres y que incluye a Betssy Chávez, por la interpretación que hicieron de asumir como denegada la primera cuestión de confianza.

“La interpretación de la denegatoria de confianza, contraria a la ley, que han hecho usted y otros miembros de su gabinete, debe tener como consecuencia su destitución e inhabilitación. Debido a estos motivos, le informamos que hemos decidido no asistir a la reunión propuesta”, es la respuesta.

Desde la tienda de APP, fue el portavoz Alejandro Soto el responsable de anunciar que no atenderán a la invitación.

“Tengo que consultar con la bancada, pero no creo que vayamos a concurrir, viniendo de una persona de la que pretendemos no darle la confianza. Mientras esté Aníbal Torres, que de capitán ha pasado a marinero, no puede haber diálogo”, manifestó a los medios.

Demanda en revisión

El temperamento político entre oposición y oficialista que hasta el momento no ha generado visos de tregua lleva a fijar la atención ahora en la instancia del Tribunal Constitucional (TC).

El Pleno del TC sesiona este jueves y, según fuentes consultadas por esta redacción, la demanda competencial no ha sido incluida aún en la agenda para su revisión de la admisibilidad.

Y es que la demanda fue presentada recién el miércoles e internamente en el TC hay pasos previos que se deben cumplir, según el Manual de Procesos y Procedimientos del Área Jurisdiccional.

El abogado constitucionalista Gerardo Eto Cruz, quien participa en esta contienda en representación del Parlamento, estimó que el Pleno del TC podría estar votando la admisión de la demanda competencial la próxima semana.

“A partir de ahí, el TC ya tiene las puertas abiertas para pronunciarse sobre la medida cautelar, porque resolver la demanda competencial va a tomar meses”, manifestó.

Y es que para los legisladores es clave que el TC conceda la medida cautelar, para bloquear cualquier intento del presidente Pedro Castillo de dar el segundo paso hacia el cierre del Congreso de la República.

En diálogo con esta redacción, Gerardo Eto Cruz subrayó que la demanda competencial hace énfasis en el hecho de que Aníbal Torres planteó la cuestión de confianza, en relación con una ley orgánica (sobre los alcances del derecho de participación y el referéndum).

En esa línea, sostuvo que no está dentro de la potestad del Ejecutivo este tipo de iniciativas, por tratarse de una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento.

El constitucionalista Omar Cairo consideró que el TC podría declarar improcedente la medida cautelar, debido a que el Congreso está solicitando suspender los efectos del acta del Consejo de Ministros, de la sesión del 24 de noviembre, pero esos efectos aún no tienen ningún efecto jurídico.

La atención pública ahora pasa al terreno del TC.

El lunes presentan informe sobre Dina Boluarte

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside Lady Camones (APP), sesionará el lunes 5 de diciembre.

En dicha reunión se presentará el informe final de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta de la república, Dina Boluarte.

La sustentación del informe estará a cargo del legislador encargado del caso Edgard Reymundo Mercado. Será este parlamentario quien hará el planteamiento sobre si procede o no acusar a Dina Boluarte, por el caso de las firmas detectadas en representación del club Apurímac, cuando ya se desempeñaba como vicepresidenta.

Desde la oposición, en el Congreso, hay un sector que con mucha anticipación ha visto en este proceso una oportunidad para sacar del cargo a Dina Boluarte, como paso previo a la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Reacciones

Omar Cairo, constitucionalista

“La medida cautelar del Congreso es que no surta efectos el acuerdo del Consejo de Ministros. Pero ese acuerdo no tiene ningún efecto jurídico. Por eso la medida cautelar puede ser improcedente”.

Gerardo Eto Cruz, defensa del Congreso

“Las leyes orgánicas son materias reservadas al Parlamento y el Ejecutivo planteó cuestión de confianza por una ley de este tipo. El TC decidirá si existe menoscabo en las funciones del Poder Legislativo”.