Gobierno atiende conflictos sociales solo después de reclamos violentos

El Perú atraviesa una crisis política e institucional grave y el punto de quiebre es la violencia que se disgrega. Algo que ya se advertía desde los escenarios de conflictividad social. “Hay una tendencia al crecimiento de la conflictividad social en el Perú y especialmente de los hechos de violencia”, afirmó Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Según un análisis de LR Data, hay hasta un 70% de mesas de diálogo que fueron antecedidas por algún hecho de violencia entre enero y noviembre de 2022.

Pero el diálogo no es una varita mágica que aparece de repente, sino un mecanismo que surge de la crisis para atender una demanda, en la mayoría de casos, solo de reclamos realizados con excesos. Otro problema es que, una vez resueltos los conflictos, los acuerdos previstos no se cumplen o se cumplen parcialmente. La propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) reporta que el 45,48% de acuerdos obtenidos en procesos de diálogo se incumplen.

Falta de compromiso

El conflicto social es un proceso complejo que plantea demandas colectivas de diversa índole y que suelen tener dinámicas poco predecibles. Es decir, si bien su desarrollo no es un hecho violento en sí mismo, este puede alcanzar un punto crítico en cualquier momento. Por ello, los procesos de diálogo sirven para prevenir o solucionar. Actualmente, hay 107 conflictos sociales que se encuentran en procesos de diálogo, de acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo. Esto representa el 65% de los 161 casos activos contabilizados a nivel nacional.

Sin embargo, el real problema de los procesos de diálogo es el incumplimiento de los acuerdos que se asumen en la resolución del conflicto social. Según el consolidado histórico de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la PCM, entre el 2011 y setiembre de 2022, de 5.756 acuerdos derivados de espacios de diálogo, 2.618 están abiertos y 3.138 cerrados. Aunque cabe aclarar que los acuerdos cerrados no necesariamente han sido atendidos, sino que también pueden haberse incumplido, desestimado, redefinido o renegociado.

Estas definiciones de análisis generan un problema de ambigüedad en la lectura de los datos, por lo que la Defensoría del Pueblo analizó las cifras entre el 2010 y el 2019, determinando que el 54,5% de los compromisos asumidos se incumplieron. En ese sentido, la institución advirtió que esto puede debilitar los espacios de diálogo, afectar la legitimidad de las entidades estatales y profundizar la desconfianza del ciudadano hacia el Estado, abriendo la posibilidad de reactivar y radicalizar las acciones colectivas de protesta a partir de la frustración colectiva.

Entre enero y setiembre de este año, hay 637 nuevos compromisos asumidos en mesas de diálogo, según la PCM. De estos, 324 (50,8) se contrajeron en el sur del país, una zona conformada por las unidades territoriales (UT) suroeste (Arequipa, Moquegua y Tacna), sureste (Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno) y el corredor vial sur (CVS). Asimismo, del consolidado histórico de 2.655 compromisos abiertos entre el 2011 y setiembre de 2022, hay 1.169 (44%) que esperan ser resueltos en esta misma zona.

¿Respuesta? Criminalizar

Fausto Torres, dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas y Agropecuarias de Apurímac (FERCCAPA), tiene experiencia en mesas de diálogo y está convencido de que ese es el camino para resolver los conflictos sociales. Pero ha visto también que las autoridades no responden las solicitudes de los ciudadanos hasta que se produce una situación crítica. Un ejemplo claro de ello es lo que viven sus paisanos en Cotabambas, en constante fricción con la minera MMG La Bambas.

“En Cotabambas, las comunidades son afectadas por la actividad minera. Ellos solo están pidiendo que la empresa y el Gobierno cumplan con sus compromisos. Existen mesas técnicas, mesas de diálogo, pero no están dando resultados”, afirmó el dirigente campesino de 73 años, a quien el Ministerio Público le notificó que, si las manifestaciones políticas en contra del Gobierno de Dina Boluarte llegan a alcanzar a la minera Las Bambas, sería procesado por disturbios, robo y hasta homicidio.

Fausto Torres se identifica como luchador social desde los 15 años y sabe que el escenario político afectará los procesos de diálogo avanzados. “Se paralizan. Como federación campesina hace tiempo que pedimos que atienda nuestras demandas, pero con cada cambio de ministro los avances vuelven a cero. Ahora será peor”, indicó.

Mecanismo de violencia

En días recientes, los llamados al diálogo han cobrado relevancia. Las autoridades y la opinión pública han apelado a este mecanismo para intentar enrumbar la grave crisis. Pero no toman en cuenta que para llegar a este punto casi siempre se debe atravesar un episodio de crisis y violencia. Muestra de ello son los conflictos sociales.

En el Perú, los indicadores de conflictividad social han ido en aumento. A noviembre de 2022, hay 221 conflictos sociales. Loreto, Cusco y Apurímac son las regiones con mayor incidencia. En estos se plantean demandas de proyectos de inversión pública (PIP) como construcción de carreteras, electrificación, agua o saneamiento. También mejores servicios de salud, educación o medio ambiente. Pedidos catalogados como servicios básicos, pero que para un sector mayoritario de la población nacional son anhelos por los que deben luchar.

Un hecho resaltante es que de los 107 conflictos sociales que están en procesos de diálogo, 73 pasaron a esta etapa después de un hecho de violencia. Esto es el 68,2% del total. Sucede a efecto del hartazgo ciudadano por no ser escuchado, atendido o reivindicado. Pero no se llega ahí de un momento a otro, pues lo preceden, por ejemplo, acciones colectivas de protesta. En el último mes, se han registrado 361 a nivel nacional. Estas se desarrollan dentro del marco legal, pacíficamente, pero pocas veces logran ser atendidas.

“Aún no tenemos las cifras anuales; sin embargo, lo que se observa ahora es una tendencia al crecimiento de la conflictividad social en el Perú y especialmente de los hechos de violencia. Hay una agitación social cada vez mayor que puede obedecer a que el Estado va perdiendo autoridad debido, principalmente, a los cambios constantes de funcionarios públicos que generan incertidumbre y afectan la confianza de los procesos de diálogo”, declara Rolando Luque.

No se dialogó a tiempo

Para Giselle Huamaní, especialista en análisis y resolución de conflictos, el hecho de enfrentar escenarios de violencia antes que el diálogo como primera opción tiene origen en la falta de herramientas para expresarnos y, sobre todo, escuchar al otro.

“No somos una sociedad que haya aprendido a utilizar los procesos de diálogo de una manera madura y temprana. No somos entrenados desde jóvenes a hacer valer nuestra palabra y a utilizarla con persuasión. Tenemos que recuperar esa capacidad en nuestro ejercicio democrático y rechazar la violencia de todos lados”, indica.

Aclara además que, así como hay violencia espontánea, también existe violencia organizada. “Esta también puede venir del Estado que a veces se excede y no es proporcional con el uso de la fuerza”, precisa. Otro elemento a resaltar, añade, tiene que ver con la edad de los actores, “porque el manejo emocional de la frustración por parte de determinados grupos generacionales es algo que se debe tomar en cuenta”.

La conflictividad social ha dado señales anticipadas de lo que vivimos actualmente a causa de la crisis política y nadie quiso verlas, así lo interpreta Rolando Luque en representación de la Defensoría del Pueblo.

“Cada vez era más frecuente que los temas políticos no se canalizarán por los procedimientos institucionales, sino que tuvieran expresiones —en algunos casos violentas— en varias zonas del país”, refiere Luque.

En otras palabras, es consecuencia de una serie de hechos desafortunados que por lo menos se remontan al 2016. Por ello, es necesario entender que, así como debe condenarse la violencia en cualquier circunstancia, esto debe hacerse analizando la raíz de la misma y así aprender de la historia para evitar repetirla.

Seguimiento a acuerdos se da sin neutralidad

Para el adjunto de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, el diálogo mal que bien sigue funcionando en el Perú. “El pueblo en general tiene todavía la expectativa de resolver pacíficamente los problemas a través del diálogo. Lo he podido observar personalmente en el caso de las comunidades nativas de la Amazonía”, señaló.

Pese a ello, los acuerdos se incumplen y hace falta que se realice un seguimiento neutral de estos. “Hemos solicitado como Defensoría al Ministerio de Economía y Finanzas fondos para crear una Unidad de Gestión del Cumplimiento de Acuerdos y, sin embargo, por tercer año consecutivo, el MEF no atiende el pedido de la Defensoría”, indicó el funcionario.

La clave

En el Perú existen 107 conflictos sociales en procesos de diálogo, de acuerdo con el reporte de noviembre de la Defensoría del Pueblo. Esto representa el 65% de los 161 casos activos contabilizados a nivel nacional.

Reacciones

Luis Meléndez, antropólogo

“Abordar los acuerdos de las mesas de diálogo requiere una coordinación multisectorial entre ministerios que todavía es muy deficiente en el país. Esta situación se agrava con la crisis política y los permanentes cambios ministeriales”.

Ángela Vilca, antropóloga

“Atravesamos una crisis política que el Estado necesita atender con celeridad, sin embargo, la criminalización y violencia institucional han sido las herramientas de apaciguamiento. Es importante que los lineamientos de resolución de conflictos cambien”.