Fujimorismo insiste en fortalecer capacidad operativa de la DINI: expertos señalan riesgos de uso político
La propuesta permitiría que el organismo de inteligencia obtenga información por cuenta propia. Especialistas advierten que la falta de controles suficientes podría facilitar acciones contra sectores opositores del Gobierno.
La República en GoogleEl nuevo pedido de facultades, que cuenta con el aval de la Comisión de Constitución del Senado, busca fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). A través de una modificación del Decreto Legislativo N.° 1141, que regula el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la propia DINI, se pretende otorgar a esta última una capacidad operativa propia. Sin embargo, esta medida podría, en lugar de contribuir a combatir las actividades delictivas, ser utilizada con fines políticos.
“La DINI puede fortalecerse y modernizarse sin necesidad de solicitar facultades, pero la insistencia del oficialismo en incluir ciertos cambios debe ser objeto de debate público, sobre todo en lo relacionado con los mecanismos de control civil sobre dicha institución y la protección de las libertades civiles”, señala Alejandro Mejía, politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
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Actualmente, la DINI integra y analiza información que recibe de organismos como la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. A partir de estos datos, elabora evaluaciones para contribuir a la toma de decisiones del Gobierno. Si el Pleno del Senado aprueba el dictamen en sus términos actuales, la DINI podría realizar sus propias actividades de obtención de inteligencia, en lugar de depender principalmente de la información proporcionada por otras agencias.
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El Ejecutivo sostiene que es necesario fortalecer la DINI porque las normas posteriores al Decreto Legislativo N.° 1141 la habrían vuelto dependiente de los reportes de otros organismos, sin capacidad para realizar operaciones propias. Esto ocurre, según el Gobierno, en un contexto de crecientes amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y los ciberataques. Por su parte, la Comisión de Constitución del Senado considera que la solicitud cumple con los requisitos establecidos.
La comparación con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de los años noventa, utilizado con fines políticos durante el régimen de Alberto Fujimori, está presente en las advertencias de los especialistas. “No olvidemos los riesgos del excesivo poder sobre la inteligencia que tuvo el SIN en los 90, que actuó sin ningún contrapeso y en el camino se distorsionaron sus funciones de la seguridad nacional para terminar siendo un instrumento político del régimen de turno”, señala Mejía.
Una decisión de carácter político
Otros especialistas también advirtieron que la decisión de permitir que la DINI vuelva a producir su propia información de inteligencia responde a una opción política. El exministro del Interior Wilfredo Pedraza señaló a La República que el marco normativo vigente no impide que la institución obtenga información por cuenta propia.
“Devolver a la DINI la función de producir información de inteligencia es una opción política. Cuando en 2013 se decidió que la DINI no produjera su propia inteligencia, la medida buscaba evitar la presunción de un uso inadecuado del sistema y, así, dar tranquilidad a la clase política. (…) Desde mi perspectiva, el marco normativo que regula a las entidades de inteligencia no impide buscar información sobre temas relacionados con el crimen organizado en todas sus expresiones”, indicó.
Por su parte, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que la propuesta, tal como está redactada, no establece salvaguardas suficientes para impedir que la DINI actúe contra sectores de la sociedad civil, como periodistas u opositores al Gobierno, bajo el argumento de proteger el sistema democrático.
“Si bien la propuesta sostiene como prioridades de trabajo el combate al crimen organizado transnacional y la minería ilegal y los delitos ambientales, también está pidiendo atribuciones para desplegar acciones de inteligencia sobre ‘las amenazas a la estabilidad democrática y el orden constitucional’. Ese asunto conlleva un elevado riesgo de que un aparato de inteligencia que depende de la presidenta de la República termine persiguiendo a opositores al régimen, como en los noventa”, señaló.
