Señalan que comisión que investiga supuesto fraude electoral realiza gastos innecesarios

El 8 de setiembre del 2021, el Congreso aprobó la nómina de los parlamentarios que integrarían la Comisión investigadora de presuntas irregularidades en las Elecciones Generales 2021. Dicha iniciativa fue impulsada por parlamentarios de Renovación Popular en alianza con legisladores de Fuerza Popular, Avanza País y un sector de Alianza para el Progreso (APP), quienes se negaban a aceptar los resultados de la segunda vuelta electoral, que llevó a la asunción de Pedro Castillo como presidente del Perú.

De esta manera, los congresistas que integran dicho grupo de trabajo son José Balcázar, de Perú Libre; Martha Moyano, de Fuerza Popular; Raúl Doroteo, de Acción Popular; Gladys Echaiz, de Alianza Para el Progreso (APP); Rosselli Amuruz, de Avanza País; Jorge Montoya, de Renovación Popular y Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú (JP).

No obstante, las recientes investigaciones del Ministerio Público ratifican que no hubo fraude electoral; es decir, que las denuncias presentadas por el partido naranja y su lideresa Keiko Fujimori sobre presuntas irregularidades en las mesas de votación, durante la segunda vuelta electoral, carecen de sustento para que la institución siga investigando.

“No hay elementos de convicción para formalizar ni seguir con la investigación preparatoria por la presunta comisión de delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos durante la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2021″, se lee en los resultados de la pesquisa fiscal respecto a las seis resoluciones, en las carpetas 106-2021, de las fiscalías de Huari (Áncash), Moyobamba (San Martín), Tacabamba (Cajamarca), Mariano Melgar (Arequipa), y una nulidad de la mesa de sufragio n.° 015436, ubicada en el distrito de Sicuani, provincia de Canchis (Cusco).

Se pronuncia

Enterado de la conclusión de la Fiscalía, el último viernes 14 de diciembre, Jorge Montoya Manrique, presidente de dicha comisión investigadora— en declaraciones para La República— adelantó que el grupo parlamentario planea emitir su informe final en el mes de abril, donde también se propondrán modificaciones para las leyes electorales.

“Simplemente, vamos a terminar el informe que va a salir al término de la investigación. Algo muy importante que estamos trabajando en este tema es de recomendaciones para modificar el tema electoral, las cosas en (las) que se han cometido errores y que la OEA también lo ha dicho en su informe. Entonces, de acá van a salir cosas positivas, no negativas”, dijo el parlamentario de Renovación Popular.

“El objetivo que se busca no es solamente indagar las supuestas irregularidades en las elecciones 2021, sino dar recomendaciones de las leyes electorales”, añadió.

Cuestionamientos

La República dialogó sobre esta coyuntura con especialistas en temas parlamentarios, quienes coincidieron en que la creación de la Comisión investigadora de presuntas irregularidades en las Elecciones Generales 2021 solo ocasionó que se realicen gastos innecesarios, debido a que, desde que Pedro Castillo asumió la Presidencia, organismos nacionales e internaciones mencionaron que no había pruebas para denunciar fraude electoral.

Katherine Zegarra, especialista en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, dijo que el grupo parlamentario debe emitir rápido su informe final, a razón de que ya no tiene sentido que indague lo que la Fiscalía ya investigó con respecto a las presuntas irregularidades del proceso electoral.

“Lo que se espera es que la comisión se cierre, ya no tiene sentido que se investigue lo investigado. Sí, es posible modificar las leyes electorales por parte de los congresistas, pero a través de los proyectos de ley, porque la finalidad cuando se crea una comisión es investigar y generar un informe final de asunto público e interés nacional”, explicó.

Asimismo, remarcó que, en la actualidad, los recursos del Estado están siendo utilizados de forma innecesaria por parte de los congresistas que integran la mencionada comisión.

Alonso Cárdenas, politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, indicó que, desde un inicio, no se debió instalarse la comisión, dado que calificó el proceso como un ”capricho” de los grupos de poder que no aceptaron los resultados del proceso democrático.

Además, el experto dijo que los congresistas seguirán despilfarrando los recursos del Estado, pues en el escenario de derrota buscan que en un futuro electoral no se respete la decisión de la población.

“Desde ante ya se sabía que no había fraude electoral. Esto en realidad es un capricho de un grupo de poder que no quería reconocer los resultados de las elecciones. Van a seguir despilfarrando los recursos del Estado. La investigación ya no tiene sustento con las resoluciones de la Fiscalía y con respecto a proponer modificaciones a las leyes, solo planean que en un futuro electoral no respeten decisiones democráticas”, sentenció.

De acuerdo al reglamento del Congreso, en el artículo 88, cada comisión debe presentar un informe dentro del plazo que fije el pleno del Congreso. No puede solicitarse prórroga sin que se presente un informe preliminar. El Consejo Directivo pone este informe en la agenda de la sesión.

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