Gobierno inicia el año con los 2 conflictos más complicados del país
Pendiente. Chumbivilcas gestiona sus demandas y Loreto espera ser atendido el 15 de enero. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo señala el compromiso del Ejecutivo.
El último reporte de Defensoría del Pueblo indica que en el país existen 199 conflictos sociales. De ellos, el 64,3% son de tipo socioambiental, rango que se mantiene desde el año 2007. También refiere que los mayores casos se encuentran en Loreto (29) y Cusco (18). Es decir, en el circuito petrolero de la Amazonia y en el corredor minero del sur.
La primera ministra Mirtha Vásquez ha logrado una tregua en ambas regiones con la promesa de iniciar el diálogo.
Así, el 30 de diciembre llegó a la comunidad chumbivilcana de Huininquiri, en Cusco, junto a cinco ministros y tres viceministros. En cinco horas el Ejecutivo, los comuneros y la minera Las Bambas arribaron a acuerdos preliminares sobre presupuesto para el saneamiento físico legal del corredor, posterior asfaltado y mantenimiento de esta vía con participación de las comunidades. Inclusión de comunidades como áreas de influencia minera por parte de la empresa Las Bambas. Discusión sobre la intervención de las comunidades en la cadena de valor de la empresa minera como prestadores de servicios, entre otros. Los acuerdos definitivos se tomarán en la reunión de los grupos de trabajo el 18 y 19 de enero. Sin embargo, cuatro comunidades se retiraron antes de concluir la cita en señal de disconformidad. Ellas tendrán una mesa de diálogo aparte y con agendas distintas.
Foto: PCM
La Amazonía en alerta
Lo que le espera a la premier Mirtha Vásquez en la Amazonía son demandas embalsadas y acuerdos incumplidos por sucesivos gobiernos.
En su lucha por alcanzar justicia ambiental, social y económica, las comunidades han creado la plataforma Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP) y como tal tomaron la Estación 5 del Oleoducto Norperuano y expandieron su protesta en cuatro lotes petroleros.
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Tras 74 días, el 14 de diciembre decidieron liberar la instalación de bombeo de crudo luego de dialogar con el Ejecutivo y Petroperú. Pero, los demás frentes siguen movilizados, según refiere el asesor kichwa de la plataforma PAAP, José Fachín.
“Están firmes en el Lote 67, el Lote 192, el Lote 8, el Lote 95 y en el circuito del Oleoducto Norperuano, como Ramal Norte y Tramo 1″, precisa.
El acuerdo que tienen los amazónicos con la Presidencia del Consejo de Ministros es iniciar una mesa técnica el 15 de enero en Iquitos. Esperan que en ese espacio se analice la agenda de los pueblos indígenas y con esa base el Gobierno proceda a su implementación.
Dicha agenda incluye la renegociación de los contratos petroleros, la homologación de la ley de distribución del canon para los distritos productores de petróleo, el tema de la Comisión de la Verdad, la remediación ambiental y el fideicomiso indígena, entre otros puntos.
“Estamos pendientes del 15 de enero. En el caso de que no se dé la reunión propuesta por el Estado, nuevamente se tomarán medidas como el cierre de la Estación 5. Es lo que han decidido las federaciones”, anota Fachín.
Desde el Ejecutivo
La secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, Giselle Huamaní, señala que el Ejecutivo tiene el compromiso de retomar las reuniones con los pueblos del circuito petrolero en la primera o segunda semana de enero. “Estamos en eso”, menciona.
También refiere que en el grupo de conflictos socioambientales hay varios casos que están siendo encausados; como el de Puno, cuyas cuencas tienen años de contaminación. O el de Moquegua, donde la población ha cuestionado fuertemente la contaminación del río Coralaque. Igual hecho ocurre en La Libertad, lo que generó la protesta de los ronderos.
“Este tipo de casos son los que estamos trabajando el mayor número de instituciones como Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, Presidencia del Consejo de Ministros, Salud. Es responsabilidad del Estado hacer un esfuerzo para entender a la población, entender sus demandas, qué es importante para ellos, cuáles son sus urgencias. Si es un reto, es responsabilidad del Estado buscar estar presentes a través de los servicios públicos, de infraestructura, que en realidad la población debe tener garantizada” , explica Giselle Huamaní.
Plantean crear unidad sobre cumplimiento de acuerdos
Rolando Luque resalta la importancia del cumplimiento de acuerdos.
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“Si bien creemos que el diálogo es vía indispensable para resolver conflictos, de la misma manera somos firmes en exigir que los acuerdos se cumplan. Desde el año 2020, estamos planteando al Ministerio de Economía la creación de una Unidad de Gestión del Cumplimiento de Acuerdos instalada en la Defensoría, que es un tercero imparcial en los conflictos. Por otra parte, los cambios de ministros es un mensaje que no ayuda a garantizar la continuidad de las políticas. En el caso particular de los conflictos sociales, en los últimos 5 años hemos tenido 8 viceministros de Gobernanza Territorial y 13 secretarios de Gestión Social y Diálogo. Así, es muy difícil que el ciudadano perciba que un acuerdo va a ser cumplido o que los anuncios sobre determinadas políticas van a continuar”, estimó Luque.
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