Ministerio de Economía indica que fondos del fideicomiso son públicos

La Dirección del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un informe en el que precisa que los fondos del fideicomiso creado por la Ley 30737, parte de los cuales está pendiente de devolverse a la empresa Odebrecht, constituyen fondos públicos, es decir dinero que pertenece al Estado peruano.

Este informe, que incluye esta importante precisión, fue emitido por el MEF en respuesta a una consulta formulada por el procurador anticorrupción Amado Enco y, en los últimos días, fue entregado a la ministra de Justicia, Ana Revilla Vergara, para tener en cuenta al resolver el pedido de reembolso que pide la constructora brasileña.

Fondos públicos

El MEF explica que para definir cuando estamos ante fondos públicos se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 1) si constituye un flujo financiero, 2) si los flujos financieros son un activo cuyo titular es el Estado y 3) si la administración del flujo financiero está a cargo del sector público.

El fideicomiso de retención está bajo administración del Ministerio de Justicia y en cuentas del Banco de la Nación, por lo que cumpliría con la tercera característica mencionada por el MEF para ser considerado dinero estatal.

“En este contexto, precisa el MEF, tenemos que las retenciones (flujos financieros) realizadas en el marco del artículo 7 de la Ley Nº 30737 y que forman parte del Patrimonio del fideicomiso constituido por el Minjus en el Banco de la Nación (administración a cargo del sector público) constituyen un mecanismo para asegurar el pago de la reparación civil y deuda tributaria, una vez que las resoluciones estén consentidas y ejecutoriadas”.

Para más claridad, el MEF subraya: “Los fondos (...) adquieren característica de Fondo Público cuando se determine la existencia de la obligación de pago de la reparación civil a favor del Estado, a través de la emisión de las correspondientes resoluciones judiciales, las mismas que se encuentran consentidas y ejecutoriadas y que la deuda tributaria sea exigible”.

Acuerdo

En este contexto, la sentencia judicial que aprueba la colaboración eficaz señaló que la constructora Odebrecht debe pagar una reparación civil de 610 millones de soles. Una decisión judicial que está consentida y en fase de ejecución, lo cual convierte al dinero del fideicomiso en parte del tesoro público, en dinero del Estado.

Sin embargo, la opinión del MEF complicaría cumplir la segunda parte del acuerdo de colaboración eficaz que aprobó la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, esto es, devolver el remanente de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

En un acuerdo entre el procurador ad hoc Jorge Ramírez y la constructora brasileña, con la participación del fiscal José Domingo Pérez, se estableció facilitar a Odebrecht el pago de la reparación civil en determinadas cuotas.

La primera cuota, por 80 millones de soles, se pagaría este año. Pero queda en claro que la reparación no son las cuotas sino el total, esto es los 610 millones que establece la sentencia, que es más que los fondos actualmente existentes en el fideicomiso.

Sin embargo, el acuerdo al que llegaron el procurador Ramírez y Odebrecht era que el Estado solo se cobre la primera cuota de 80 millones y devuelva los 524 millones restantes, para que la empresa pueda subsistir y seguir colaborando con las investigaciones.

Este último punto ha generado una serie de controversias al interior del Estado, por las responsabilidades que se pueden generar al tratarse de fondos públicos. El procurador anticorrupción Amado Enco considera que al tratarse de fondos públicos, Jorge Ramírez no estaba facultado a aprobar una devolución o reintegro.

Por su parte, Ramírez dice que al haberse aprobado el acuerdo a nivel judicial solo queda cumplirlo y cualquier crítica es una oposición a la lucha anticorrupción. Aunque el informe del MEF solo habla de cumplimiento del procedimiento público.

En peligro las declaraciones de Odebrecht

● Mientras sigue la controversia sobre los fondos del fideicomiso y su entrega a Odebrecht, se ponen en riesgo las declaraciones de Jorge Barata, Luiz da Rocha Soares y Luiz Mameri, programadas en Curitiba el 12 y 13 de diciembre próximos. En la última reunión del Equipo Especial Lava Jato con los abogados de Odebrecht, quedó en claro que la empresa brasileña requiere la entrega de los 524 millones para cubrir los gastos que genera obtener la documentación que necesitan los testigos para declarar. Y faltan cuatro días para esa fecha.

El oficio del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas dice que los dineros del fideicomiso son fondos públicos.