OEA valora que se haya convocado a elecciones legislativas

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la Cancillería chilena fijaron posición sobre disolución del Congreso, dejando claro que se trata de un tema interno del Perú.

En el primer caso, a través de un comunicado, Almagro indicó que el Tribunal Constitucional es el órgano competente para pronunciarse sobre “la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”.

Además, saludó que se haya convocado de inmediato a un proceso electoral.

“Es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la Nación”, dijo el secretario general de la OEA. Recalcó además que es conveniente que la polarización política que sufre el país se resuelva en las urnas.

Asimismo, expresó su deseo de que ambas partes "realicen gestos que propicien la calma ante la crisis" pues es prioritario que la ciudadanía no esté expuesta a hechos de violencia debido a la conflictividad y fragilidad política que se han observado en los últimos meses.

Almagro finaliza el comunicado señalando que están a disposición de los actores políticos peruanos en caso decidan que requieren "apoyo para soluciones acorde al Estado de derecho y el orden constitucional del país".

Para juristas como Diego García Sayán y Walter Albán, este pronunciamiento es un reconocimiento tácito de que en el Perú no se ha producido un golpe de Estado.

Un tema interno

Por su parte, el canciller chileno, Teodoro Ribera, sostuvo que su país está expectante sobre lo ocurrido en el Perú y está en contacto directo con su embajador en Lima, Roberto Ibarra.

"Nosotros lógicamente que respetamos los procesos internos peruanos. Nosotros no podemos, bajo circunstancia alguna, involucrarnos en la situación actual", señaló Ribera.

Agregó que espera que se vaya disipando la tensión política por la que atraviesa el Perú y que esta se resuelva a la brevedad.

Asimismo, se mostró confiado en que la institucionalidad peruana se fortalezca en los términos acordados y que pronto se llegue a una solución.

“Perú es un país hermano nuestro, muy significativo, nos une una historia común, tenemos grandes comunidades en Chile de peruanos y tenemos los mejores votos por la solución pronta de este problema”, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Todo esto mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciaba que las elecciones congresales convocadas por el presidente Vizcarra están en marcha. Se trata de un anuncio procedimental con tinte político. Al iniciar los trámites para las elecciones parlamentarias del próximo año, según explicó el expremier Pedro Cateriano a CNN, el JNE considera legítima la disolución del Congreso, ejecutada el último lunes por el presidente Martín Vizcarra, luego de que su gabinete ministerial no recibió el voto de confianza para evitar la elección express de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

“El JNE ha reconocido la legitimidad de la disolución del Congreso (…) se ajusta a la Constitución”, sentenció Cateriano.

Rechazo en las calles

El comunicado de la OEA debió calmar las aguas, en medio de la tensión política, pero no fue así. Desde temprano, las fuerzas policiales evitaron que ingresen al Legislativo los parlamentarios que no pertenecen a la Comisión Permanente. Como se sabe, esa instancia será la que procese los decretos legislativos que emita el gobierno, hasta que la población elija a los nuevos congresistas.

El presidente de la Mesa Directiva, Pedro Olaechea, y los congresistas de Fuerza Popular y sus aliados no toleran esa disposición. Durante la mañana, los fujimoristas Úrsula Letona, Karla Schaefer y Carlos Tubino intentaron ingresar al Palacio Legislativo, pese a que no son titulares en la Comisión Permanente.

Por eso, los efectivos les aclararon que su paso está impedido. Schaefer y Letona protestaron y al final pudieron ingresar.

La población protestó en los alrededores. Por eso también el fujimorista Tubino, quien deseó entrar, fue víctima de agravios de algunos manifestantes. El mismo incidente sucedió contra el exoficialista Gilbert Violeta.

Mientras que en Pasos Perdidos, los congresistas fujimoristas insistían en desconocer la disolución del Parlamento. Apelaron a que el jefe del Estado está vacado temporalmente y se abocaron a reconocer a Mercedes Aráoz como su presidenta.

“El señor Vizcarra está suspendido, es un acuerdo del Pleno”, expresó Alejandra Aramayo. “La señora Aráoz es legalmente presidenta encargada por la suspensión de 12 meses al presidente. El Congreso no está disuelto”, exclamó Karina Beteta. “Se ha configurado un golpe de Estado”, sostuvo Violeta. “Es una situación de facto”, agregó su colega Salvador Heresi.

En paralelo, los congresistas Marco Arana y Gino Costa respondieron a estas versiones. “Hay partidos que están vinculados a la corrupción y que en estos momentos son zombis”, expresó Arana ante Ideeleradio.

Costa, en esa línea, acotó que “tenemos un solo presidente, no dos. El Congreso estaba disuelto cuando procedían a nombrar a Aráoz”. El congresista liberal añadió que la medida del jefe del Estado no se asemeja con el autogolpe de Alberto Fujimori. “Esto no tiene que ver nada con el 5 de abril de 1992. Vizcarra ha aplicado la Constitución y la salida es democrática: hay elecciones inmediatas”.

El plan de FP y Olaechea

Minutos después, Olaechea ofreció una conferencia a medios extranjeros en la sala Miguel Grau.

En su exposición, el exministro oficialista desacreditó la disolución del Legislativo. “Esto es claramente la ruptura del orden constitucional”, dijo.

Luego, el presidente de la Comisión Permanente dejó entrever que acató la medida del presidente. “Yo, por el momento, soy el presidente de la Comisión Permanente”, refirió. Al no presentarse como presidente del Congreso habría reconocido la clausura de su institución.

Sin embargo, Olaechea continuó con sus críticas contra el Ejecutivo y anunció medidas para recomponer el Parlamento. “En estos momentos hay consultas que se están dando. Esto es claramente la ruptura del orden constitucional”, enfatizó.

El titular de la Mesa Directiva insistió, además, en que el TC designe como nuevo magistrado a su primo Gonzalo Ortiz de Zevallos. “El tribunal tiene que cambiar de vocal. Tiene que incorporarse”, instó.

Olaechea añadió que la ratificación de Ortiz de Zevallos como un nuevo miembro del TC es fundamental en vista de que “van a venir una serie de acciones legales” contra Vizcarra. “Estamos evaluando cuáles queremos tomar, dado que hoy sabemos que hay una captura que se expresó en la no renovación del tribunal”, acusó.

Fuentes de La República advirtieron que los congresistas de Fuerza Popular y Olaechea “van a plantear todas las medidas, no se dan por vencidos”. Y en su baraja evalúan presentar una demanda competencial ante el TC. Además, el 25 de julio el Pleno aprobó que, ante una eventual cuestión de confianza del Ejecutivo por proyectos de reforma constitucional, pedirían el pronunciamiento del tribunal. La solicitud, entonces, había sido elaborada por Violeta, en medio de la discusión por la reforma política.

La nueva disposición apuntaría a que el TC declare inconstitucional la disolución del Parlamento. Eso lo confirmó el vocero de Acción Popular, Armando Villanueva, cuando se dirigía a la plaza Bolívar. Acotó que la OEA encomendó a los magistrados opinar sobre aspectos jurídicos de este conflicto político.

El problema es que una demanda competencial la formula el titular del Congreso. Y esta institución fue disuelta. Olaechea, como reconoció a la prensa extranjera, es presidente de la Comisión Permanente. ¿Podrá exigir un fallo del TC de esa manera? Todo indica que en el fujimorismo lo consideran viable. Por eso, en la tarde, Olaechea convocó a que la Permanente sesione hoy a las 5 de la tarde a "efectos de determinar las soluciones democráticas ante la crisis de poderes en la que nos encontramos". “El Congreso de la República, dentro del marco constitucional, se mantiene en funciones”, tuiteó.

El factor Aráoz

La otra discusión radicaba en la presidencia de Aráoz, quien solo era reconocida por la bancada naranja y sus aliados.

Para el legislador del Frente Amplio Marco Arana, la exministra aprista estaba cometiendo usurpación de funciones.

Mientras en el Parlamento, Olaechea y el fujimorismo se aferraban a sus curules, Arana se dirigió al Ministerio Público a denuncia a Aráoz. “Es por usurpación en la medida de que un Congreso disuelto no tenía atribuciones para juramentar a una congresista como presidente”, precisó. La imputación también involucraba a la vocera de FP, Milagros Salazar. Arana sostuvo que la fujimorista cometió actos ilícitos al fomentar el lunes 30 que el Pleno vote una moción contra el presidente Vizcarra, pese a que minutos previos la disolución del Congreso ya había sido oficializada.

Pero todo cambió con la renuncia de Aráoz a la vicepresidencia (ver recuadro), algo de lo que Olaechea se enteró en plena entrevista con CNN.

En el diálogo, Olaechea admite que Vizcarra gobierna, pese a que supuestamente lo había suspendido, y que no hay golpe de Estado. Acepta también que “el Congreso ya no existe”, y solo queda la Comisión Permanente. Incluso le dicen que, al renunciar Aráoz, él debería asumir la presidencia, pero reconoce que eso ya no es posible.