El empleo no se imprime, por Víctor Fuentes Campos

Una buena reforma laboral no debería medirse por la cantidad de derechos que incorpora a las leyes, sino por cuántos trabajadores pueden ejercerlos.

El empleo no se imprime, por Víctor Fuentes Campos
LR

En el Perú, conseguir un empleo formal es muy difícil. La baja productividad y los elevados costos laborales limitan las oportunidades de acceder a un puesto de trabajo. Para los jóvenes, el desafío es todavía mayor: las empresas buscan trabajadores con experiencia, pero ellos necesitan que alguien los contrate para adquirirla. Muchos terminan aceptando cualquier ocupación disponible, aunque sea informal, mal remunerada o poco relacionada con lo que estudiaron.

El problema no es menor. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), el país tiene más de 300 mil empleos juveniles menos que en 2019. Entre quienes sí trabajan, casi ocho de cada diez lo hacen en la informalidad. Para ellos no existen las vacaciones pagadas, la cobertura de EsSalud o los aportes para una pensión. Además, comenzar la vida laboral en esas condiciones limitará sus posibilidades de desarrollar habilidades, acumular experiencia y acceder a mejores remuneraciones.

Para romper ese círculo, el IPE, junto con otras instituciones, ha preparado una agenda de reformas laborales. Una parte importante está dedicada a los jóvenes y aborda cuatro desafíos que enfrentan desde las aulas hasta su primera contratación formal.

El primer desafío aparece mucho antes de buscar trabajo. Cada año, miles de jóvenes deben decidir qué estudiar sin información suficiente sobre las oportunidades que ofrece cada carrera. Según el Ministerio de Trabajo, siete de cada diez estudiantes no eligen adecuadamente su carrera, principalmente por falta de información y orientación vocacional. Una mala decisión puede costar años de esfuerzo y recursos familiares, además de reducir las posibilidades de conseguir empleo.

Para enfrentar este problema, se propone fortalecer Mi Carrera, una plataforma pública que ofrece información sobre estudios superiores y oportunidades laborales. La propuesta busca garantizar su actualización anual con datos sobre empleabilidad de sus egresados y las trayectorias de ingresos. Así, los jóvenes podrían comparar alternativas según sus resultados, en lugar de decidir únicamente por recomendaciones familiares, publicidad o expectativas poco realistas.

El segundo desafío es financiar los estudios. En 2025, el 55% de los jóvenes de hogares no vulnerables accedía a educación superior, frente a apenas el 12% de aquellos en pobreza extrema. Por eso, el IPE propone ampliar el financiamiento educativo mediante créditos con garantías compartidas entre el Estado, las instituciones educativas y la banca. Las instituciones, que tendrán que cumplir requisitos de calidad, asumirían parte del riesgo según la empleabilidad de las carreras que ofrecen, creando incentivos para preocuparse también por las oportunidades laborales de sus egresados. A ello se sumarían becas financiadas por empresas para especialidades con demanda laboral. Se trata de ampliar el acceso vinculando la formación con las necesidades productivas.

El tercer desafío es adquirir experiencia antes de conseguir trabajo. Las empresas necesitan trabajadores capaces de desempeñar tareas concretas; sin embargo, contratar a alguien sin experiencia supone dedicar tiempo y recursos a capacitarlo, sin certeza sobre los resultados. Los jóvenes, mientras tanto, difícilmente pueden demostrar sus capacidades si nadie les ofrece la oportunidad de aprender.

La formación dual permite reducir esa distancia al combinar la enseñanza en instituciones educativas con el aprendizaje práctico dentro de las empresas. No es una idea nueva. Instituciones como SENATI llevan años aplicando este modelo. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado. En 2025, apenas 65 mil jóvenes participaban en modalidades formativas, frente a 1.7 millones de universitarios. Los trámites y la escasa articulación entre centros educativos y empresas dificultan aprovechar mejor estas oportunidades.

Para ampliar su alcance, el IPE propone Aprendiendo y Chambeando, una modalidad dirigida a jóvenes de 18 a 25 años. El Estado financiaría parte de la enseñanza teórica, mientras las empresas proporcionarían la formación práctica. La meta inicial es alcanzar a 8.400 jóvenes al año, con un costo fiscal menor a S/ 7 millones. La lógica es sencilla: formar trabajadores con habilidades que las empresas necesitan, en lugar de esperar que terminen sus estudios para recién empezar a adquirirlas.

El cuarto desafío es convertir esa preparación en un empleo formal. Incluso un joven capacitado representa una apuesta para una empresa que todavía desconoce su productividad. Esa incertidumbre pesa más cuando contratar formalmente implica asumir costos laborales que son más altos en el Perú, que en otros países de la región.

Una alternativa es compartir temporalmente el costo de la contratación formal de jóvenes entre 18 y 25 años entre el Estado y la empresa, a través del programa Mi primera chamba. El apoyo duraría como máximo un año y los trabajadores conservarían todos sus derechos laborales. La meta es beneficiar a 50 mil jóvenes anualmente, con un costo fiscal aproximado de S/ 300 millones.

La propuesta exige mantener o incrementar las planillas y evaluar sus resultados, a fin de evitar el riesgo de subsidiar contrataciones que las empresas habrían realizado de todas maneras o de incentivar el reemplazo de trabajadores. Lo importante no es cuántos subsidios entrega el Estado, sino cuántos empleos adicionales se generan y cuántos jóvenes permanecen en la formalidad una vez terminado el apoyo.

Estas medidas facilitarán el ingreso de los jóvenes al empleo formal, pero necesitarán complementarse con mayor inversión y mejoras de productividad que permitan generar más puestos de trabajo. En un país donde casi siete de cada diez trabajadores son informales, la reforma laboral que prepara el Ministerio de Economía y Finanzas ofrece una oportunidad para atender también las barreras que enfrentan los jóvenes. Reducir los costos y la incertidumbre de contratar debe ir de la mano de una mejor formación y de oportunidades para adquirir experiencia.

La formalidad de los países desarrollados no apareció por decreto. Se construyó sobre economías capaces de generar empleos productivos y financiar mejores condiciones laborales. Una buena reforma laboral no debería medirse por la cantidad de derechos que incorpora a las leyes, sino por cuántos trabajadores pueden ejercerlos. Que más jóvenes accedan a empleos formales significa más talento aprovechado, empresas productivas, mayores ingresos familiares y una base más amplia para financiar la seguridad social. Después de todo, los políticos pueden aprobar tantos beneficios laborales como quieran, pero no pueden repartir los de un empleo que nunca llegó a crearse. El empleo no se imprime.

 

 

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