Represalia de López Aliaga al JNE no debe pasar

La cámara baja debe rechazar la denuncia constitucional de Renovación Popular contra el presidente del JNE, tras resolución que bloqueó su reelección encubierta.

Editorial
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La estabilidad de las democracias que se respetan descansa en la comprensión de que atacarlos equivale a atacar las reglas que la sostienen. En efecto, la lógica electoral admite el recurso jurídico ante una resolución adversa, no la represalia contra quien resolvió en sentido contrario. Esa distinción se pone a prueba hoy en el Perú.

La Resolución N.° 4557-2026-JNE, aprobada por mayoría del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, aplicó el artículo 194 de la Constitución, prohibiendo, aunque fuera de tiempo, la reelección de alcaldes. La arquitectura de esas candidaturas eran difíciles de disimular.

Esa veda le cerró a Rafael López Aliaga la opción de postular nuevamente como alcalde de Lima. Su partido, en respuesta, ha optado por impugnar al jefe del organismo en lugar de acatar su decisión.

En ese sentido, la denuncia constitucional contra su presidente debería ser inaceptable.

Renovación Popular carece de una vía legal para revertir ese fallo, pues el artículo 142 de la Constitución establece que las decisiones del Jurado son definitivas e irrevisables, incluso para el Poder Judicial. Por eso van al Congreso, buscando llegar al Senado que lo tienen a favor de la impunidad.

La acusación presentada contra Roberto Burneo, que solicita su inhabilitación por diez años, surge en un escenario sin salida procesal para el partido, lo que revela su naturaleza política antes que jurídica. A ella se suman un pedido de reconsideración ante el propio pleno y la amenaza de una acción de amparo, en una ofensiva que busca castigar al máximo ente electoral por haber resuelto en su contra.

La Cámara de Diputados ha recibido ahora esa denuncia.

Si bien el Parlamento carece de atribución para enmendar lo que ese artículo ya estableció sobre la irrevisabilidad de los fallos del JNE, y al procesarla asumiría la función de una segunda instancia electoral que la Constitución expresamente imposibilita. Con ello, enviaría el mensaje, por cierto, ilegal, de que las resoluciones del Pleno pueden ser castigadas en sede parlamentaria. Ello eliminaría la garantía que hace viable la independencia del organismo.

El rechazo de esa imputación equivale a defender no a Roberto Burneo como persona, sino al principio que hace posible un proceso imparcial en las contiendas democráticas. La Cámara tiene la oportunidad de no ceder a las presiones y hacer respetar las instituciones que lo sostienen como democracia, y de frenar así la última palanca de un asedio que ya duró demasiado.

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