Trapitos lavados fuera de casa, por Mirko Lauer

Keiko Fujimori aprovechó su paso por la Asamblea General de la ONU para ventilar en el espacio internacional un tema interno del Perú. ¿Para qué lo hizo? Quizás para ser mejor escuchada por la gran oreja del evento, el presidente Donald Trump, a quien el meollo del discurso le tiene que haber sido bastante grato.

La idea es que los jueces del Perú insisten en juzgar a militares y policías con méritos propios en la lucha y derrota del terrorismo. Es un concepto que se apoya en la iniciativa que Fernando Rospigliosi convirtió en ley, y que ya ha producido roces entre el Poder Judicial y el Congreso. Fujimori ha convertido los roces en reales chispas.

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Una presidenta enfrentada a su propio Poder Judicial, en cierto modo, evoca los choques de Trump con sus propios jueces en los EE. UU. Es una forma sutil y oblicua de franela que no va a pasar inadvertida por el imperio del norte. Como si más franela fuera realmente necesaria para instalarnos bajo esa ala geopolítica.

Una frase de impacto en el discurso fue “guerra contra la delincuencia”. Loable propósito, que sin embargo no disimula que bajo el actual gobierno la delincuencia todavía goza de buena salud. Se nos dirá que el tiempo en el gobierno es corto. Pero los planes no asoman por ninguna parte. El problema hoy no son los jueces, sino los hampones.

No sorprende, entonces, que la presidenta del Poder Judicial le haya saltado al cuello a Fujimori, declarando inaceptables sus palabras ante la ONU. Con lo cual, la guerra que realmente está lanzando Fujimori puede terminar siendo con los jueces, muchos de ellos ya en rebeldía con la ley Rospigliosi y sus consecuencias.

Que el ministro de Justicia se haya lanzado al ruedo a defender a su presidenta no mejora las cosas. Ese funcionario ya metió la pata en sus declaraciones una vez, y ahora busca protección de las alturas. Como Janet Tello solo puede permanecer hasta el fin de este año, no hay peligro alguno en atacarla por sus opiniones.

La insistencia de Fujimori en la seguridad ciudadana dentro del Perú, expuesta ante la mirada internacional de la ONU, equivale a un compromiso, cuyos resultados le serán reclamados más temprano que tarde.