La basura se esconde debajo de una alfombra, por César Azabache Caracciolo

En estas semanas se están acumulando señales que solo adquieren sentido si se les reconoce en conjunto como piezas del último saqueo organizado desde una coalición que empieza a abandonar la escena. El proceso no se limita al Congreso; alcanza también a dos de los enclaves que ha generado en este proceso: la Junta Nacional y la Fiscalía.

La lista, lo anticipo, puede parecer abrumadora. Pero hay eventos que bastan para mostrar el sentido de estos últimos estertores de desmontaje: está la insistencia de la mayoría en el Congreso por forzar un punto final para los casos pendientes en DD. HH.; está la arremetida de la Junta Nacional contra los jueces no alineados con las preferencias de la coalición; está la desestimación de casos emblemáticos como el de los albergues de niñas violadas convertidas en madres; están las inhabilitaciones duplicadas impuestas a la señora Espinoza; y está la intención de derogar las normas sobre el feminicidio y sancionar a las mujeres que piden protección por actos de violencia directa.

A esta compleja escena se ha agregado esta semana el cierre del caso Valkiria. Esta es la historia de esta entrega.

En noviembre de 2023, la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado allanaron tres inmuebles sobre la base de una delación que describió la forma en que se habían estado canjeando investigaciones penales con votos parlamentarios. Estos votos estuvieron primero dirigidos a separar de las fiscalías a la señora Zoraida Ávalos y luego a intervenir a la anterior Junta Nacional de Justicia. La causa: proteger a la hermana de Patricia Benavides, Enma Benavides, una jueza superior de larga trayectoria que arrastraba una pesada investigación sobre sobornos en casos de narcotráfico que fue registrada a finales de 2018. Patricia Benavides, para entonces fiscal de la Nación, había adquirido un importante capital político propio impulsando las primeras investigaciones contra Pedro Castillo. Pero quería archivar el caso de su hermana como diera lugar. Y en el camino había dejado documentos, vestigios de reuniones y testimonios que confirmaban cuáles eran sus intenciones.

Las secuelas de esta historia son agotadoras. Patricia Benavides fue suspendida en diciembre de 2023 y destituida en mayo de 2024, pero la actual Junta Nacional ordenó su reposición en junio de 2025. En el marco de esta guerra, Delia Espinoza, la fiscal que la reemplazó en el cargo y que alentó las investigaciones, ha sido suspendida, inhabilitada, destituida, insultada en público y nuevamente inhabilitada en un proceso inacabable que aún no ha terminado.

Tomás Aladino Gálvez, fiscal supremo, había sido destituido en el marco de un caso semejante al caso Valkiria, el de los llamados “Cuellos Blancos del Puerto”. Él fue repuesto en el cargo en junio de 2025, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la resolución que lo separó del cargo. Gálvez ha tomado el mando de la Fiscalía de la Nación desde que la señora Espinoza fue suspendida. Y prácticamente abrió su gestión anunciando que, mientras él estuviera en el cargo, las fiscalías no promoverían casos que involucren a quienes representan fuerzas políticas o ejercen altos cargos públicos.

Valkiria es, por supuesto, el principal entre esos casos. No es el único. Compite en importancia con las secuelas del caso de los “Cuellos Blancos del Puerto” y con el llamado caso “Cócteles”, sobre los fondos de la campaña de la señora Fujimori de los años 2011 y 2016. Pero frente a estos casos Valkiria tiene una particularidad: su historia no se explica solo por los allanamientos de noviembre de 2023 y los vestigios de corrupción que produjo. Valkiria gira alrededor del encubrimiento del caso de la señora Enma Benavides, la hermana de la fiscal que lo ha protagonizado. La historia de ese caso incluye la fuga del país de Edison Ruiz Martínez, un narcotraficante que fue detenido en Colombia en mayo de 2022, en el marco de las investigaciones seguidas por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Y se organiza alrededor de una lista confirmada de más de una decena de libertades sin justificación otorgadas por la Sala Penal que ella integró a favor de personas detenidas por narcotráfico.

El caso Benavides (Enma) es uno permanentemente incompleto. Ocho años después de la primera denuncia, cuatro desde la detención de Ruiz Martínez en Colombia, no existen registros públicos que permitan establecer su destino final. En un caso de este tipo, el protocolo estándar de una fiscalía habría exigido establecer si era o no posible llegar a acuerdos de delación eficientes con quienes fugaron en el marco de los sobornos que han sido denunciados. Es un caso que funciona, o habría funcionado, utilizando a tiempo los canales de la cooperación internacional. Un crimen como el perpetrado contra Marcelo Pecci habría facilitado que se abran todas las puertas para estas indagaciones. Sin embargo, el silencio de la fiscalía sobre el resultado de esta investigación ha sido lapidario.

Que no nos sorprenda entonces que la noticia que sigue sea la desestimación de este caso, ni que esa decisión sea registrada sin ningún esfuerzo serio por establecer lo que pasó.

Para entender el sentido de las cosas es imprescindible leer estas dos historias juntas: la del caso Valkiria y la del caso contra la jueza Benavides. Cuando se las pone en relación aparece un mecanismo: entre nosotros, la basura se esconde debajo de una alfombra. Esa alfombra se teje con hebras que se forman por el paso del tiempo. Y tiene la forma de un sinnúmero de cortinas de humo que se acumulan una sobre otra hasta hacernos olvidar el origen del tejido.

Un sistema institucional depredado y de escaso valor ofrece poca resistencia al desarrollo de estos mecanismos. Y llega exhausto al momento en que se proclaman los resultados finales de todo el montaje.