Director de Azabache Caracciolo Abogados. Abogado especializado en litigios penales; antiguo profesor de la Universidad Católica y de la Academia de la Magistratura. Conduce En Coyuntura, en el LRTV y “Encuentros Muleros” en el portal de La Mula. Es miembro del directorio de la revista Gaceta Penal y autor de múltiples ensayos sobre justicia penal.

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La basura se esconde debajo de una alfombra, por César Azabache Caracciolo

"Para entender el sentido de las cosas es imprescindible leer estas dos historias juntas: la del caso Valkiria y la del caso contra la jueza Benavides"

La basura se esconde debajo de una alfombra, por César Azabache Caracciolo hnews

La República

El dato más importante de las elecciones de abril ha sido la derrota del modelo de franquicias políticas. Ya no están en el escenario APP, Podemos, Somos Perú, Avanza ni Perú Libre. Este no es un dato circunstancial. Pone en evidencia la decadencia de un modo de organizar la política que se instaló como predominante con las elecciones para el Parlamento corto de 2020 y que llegó a gobernar, a partir de diciembre de 2022, detrás de Dina Boluarte.

Con la quiebra electoral de las franquicias, se ha agotado un mecanismo de intermediación política basado en el alquiler de siglas, el reforzamiento de clientelas territoriales y la supervivencia formal sostenida por los recursos que origina el simple hecho de estar en el Parlamento. Salvo por Obras, una marca que estaba extinta antes de la sorprendente aparición de Ricardo Belmont en la escena, el Congreso que viene ya no tendrá franquicias. Aunque sea en una forma embrionaria, por ende aún precaria, y aunque no todos sus protagonistas sean de nuestro agrado, en julio del 2026 puede comenzar el retorno hacia una política alineada sobre tres ejes principales: derecha, izquierda y centro.

Sería un absoluto desperdicio malgastar las potencialidades de este momento y volver a dar vida a las franquicias en las elecciones regionales y municipales que vienen en el segundo semestre de este año. También sería un desperdicio fraccionar los tres principales bloques en formación para generar nuevos retazos. No tenemos por qué hacerlo. La desaparición de esa forma de vender la política debería ser definitiva. El proceso que estamos comenzando se muestra ya suficientemente complejo como para que lo enredemos más arrastrándolo hacia atrás.

Tener tres bloques al frente es mucho mejor que tener 36.

Hay, sin embargo, problemas urgentes por resolver. El primero pasa por la llegada al Congreso de una mayoría de representantes sin experiencia en gestión pública y sin lazos arraigados con sus propias organizaciones. El riesgo de reproducir patrones de corrupción ya asentados en el Parlamento, como la venta de puestos o votos, existe. Todas las perversiones tienden a reproducirse. Estas no van a ser la excepción. Poner sobre la mesa la reapertura de los casos de los llamados “mocha sueldos”, indebidamente protegidos por el Parlamento que se va, puede ser una manera de poner punto final a estas prácticas. Una representación que necesita madurar políticamente debe comenzar por instalar en su entorno patrones de transparencia y autocontrol muy rígidos. Redefinir las reglas de conformación de los equipos de asesores y asistentes de los nuevos congresistas, al dotar de eficiencia a la administración de servicios en el Congreso, puede ser decisivo en la forma de abrir la historia parlamentaria del siguiente período.

Pero también hay problemas fuera del Congreso. Ahí están los enclaves que nos deja el período 2021-2026.

Los enclaves fueron instalados como mecanismos de demolición de buena parte de los acuerdos institucionales que dieron forma al período 2000-2016. El control del equilibrio fiscal fue derrotado por una sentencia del Tribunal Constitucional que liberalizó la iniciativa de gasto del Congreso. La conservación del equilibrio en las relaciones Parlamento-Gobierno fue erosionada por las sentencias del propio Tribunal que liberalizaron los procedimientos de destitución de presidentes y por la pasividad con que hemos visto desfigurarse los procedimientos sobre inhabilitaciones parlamentarias. La preservación de altas magistraturas independientes fue derrotada por la unilateralización de los procesos de elección desarrollados desde el Congreso. También ha sido clausurada, por una decisión del propio Tribunal Constitucional, la posibilidad de construir procedimientos judiciales destinados a resolver la herencia de la violencia contra los derechos humanos de los años ochenta.

Terminado el ciclo 2021-2026, el esquema institucional establecido por la transición postfujimorista ha sido desmontado. Necesitamos otro. Pero para construirlo es imprescindible volver a equilibrar los pesos y contrapesos del sistema institucional.

Junto a la mayoría del Tribunal Constitucional, son enclaves la mayoría de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la Nación. Los problemas que representan no son, sin embargo, idénticos. El Tribunal, sobrecargado por casi una sola forma de pensar el derecho, reúne, sin embargo, personalidades con hojas de vida consistentes. La Fiscalía de la Nación, originada en una controversia provocada por la Junta y el Congreso, dispone todavía de mecanismos institucionales que deberían estabilizar su posición institucional por medios propios, sin intervenciones externas.

La cuestión más urgente en lo que a enclaves se refiere consiste en detener a la Junta Nacional, que parece empeñada en desplegar todo su potencial de control vertical sobre las magistraturas cuando el reloj del desmontaje ya ha cerrado su ciclo. La ofensiva desplegada después del caso Espinoza con el caso Ordóñez es, incluso políticamente, muy torpe. En los últimos estertores del régimen de franquicias, la mayoría en la Junta parece querer mostrar a la comunidad política en formación que aún es útil para continuar con una depuración que ya no debería ser necesaria para nadie. Al hacer esto, la Junta se está exponiendo a sí misma en un momento en que deberían comenzar a producirse señales mínimas de recomposición institucional y de equilibrio.

Si avanzamos hacia un nuevo acuerdo institucional, las señales más importantes no deberían orientarse a insistir en un desmontaje que ya resulta innecesario, sino a cerrar definitivamente el ciclo y establecer un sistema político mínimamente sostenible.

El riesgo de persistir en el eterno retorno hacia la nada existe. Está instalado entre nosotros.

César Azabache

El riesgo del retorno hacia la nada, por César Azabache Caracciolo

Primera conclusión: en contra de los justificados temores que generó el diseño de las elecciones, el exceso de candidaturas no canibalizó la representación. Ocurre en todos los mercados, también en el mercado político: la demanda se organiza conforme a su propia mecánica interna. Quizá el problema real es que apenas estamos aprendiendo a leer esa demanda.

Sin una interferencia tan grande como la que representó la pandemia en las elecciones del 2020 y en las del 2021, volvimos a un sistema de tres bandas definidas sobre cinco organizaciones políticas. La excepción, Obras, es una franquicia prácticamente nueva. Alcanzó representación porque la burbuja formada por la candidatura de Ricardo Belmont se levantó tarde y no llegó a pincharse del todo. Con algunos días más de campaña abierta, quizá habría terminado dentro del pelotón de los que no pasaron la valla.

La distorsión, sin embargo, es solo circunstancial. La clave que confirma esta primera conclusión proviene de la desaparición —ojalá definitiva— de las otras franquicias, las que poblaron el Congreso que cesa en julio de este año.

La segunda conclusión es más compleja: hay un factor nuevo en la escena. Uno cuyo peso político no hemos anticipado a tiempo. Las elecciones se han producido en un contexto marcado por el enorme incremento del peso relativo de la economía de metales de origen incierto en nuestro país. Oro, especialmente. No perder de vista que el valor total del oro de origen incierto exportado en el 2025 ha llegado muy cerca del total del oro de origen formal exportado el mismo año.

Cuando los actores de una economía alcanzan estas dimensiones, se diferencian en función de la posición que ocupan en el mercado. Pero, además, formalizan sus necesidades políticas en demandas específicas que necesitan canalizarse. Es el momento en que concentran sus preferencias. El resultado realinea el sistema de representación, que en una sociedad abierta no tiene cómo resistirse a su crecimiento diferenciado.

En estas elecciones, la economía del oro de origen incierto se ha mostrado dividida en dos subsectores: uno está formado por quienes concentran los mayores niveles de ganancia que se generan aquí: los acopiadores, los dueños de plantas de beneficio y los exportadores. Este sector parece haber concentrado su apuesta en una candidatura, la de López Aliaga.

Al frente están los mineros que manejan operaciones asentadas en el campo. Estos mineros extraen metal de lugares ocupados físicamente, zonas sobre las que no tienen más derechos formales que las excepciones que les otorga el Reinfo. Usan procedimientos no supervisados ambientalmente y tienen poco acceso propio a plantas sofisticadas de beneficio. Son, en los hechos, proveedores del primer segmento.

Este segundo sector parece haber optado preferentemente por Sánchez.

El ascenso de estos dos actores cambia la agenda política. El primero, el que acumula los mayores márgenes de ganancia, parece interesado en lograr que el Estado compre más oro. La vía: cambiar el patrón de reservas internacionales del país del dólar a ese metal. La opción no es absurda. Como tendencia, este cambio ya se registra en la economía internacional. Pero el riesgo está en las formas. El patrón de reservas internacionales del país es un asunto en extremo sensible. La posibilidad de cambiarlo debería discutirse en un ambiente equilibrado, uno que parta del más absoluto respeto a la autonomía institucional del BCR. Aquí debe frenarse a tiempo toda tentación de forzar las cosas. Y, en nuestro medio, esas tentaciones están a la vista.

Al otro lado de la vereda, los mineros de campo parecen orientados a demandar que el Reinfo se convierta en un sistema de permisos extractivos permanentes. Para lograrlo, parecen interesados en reducir las protecciones legales con que ahora cuentan las concesiones mineras ya establecidas, especialmente las no explotadas de manera directa. Esta es una demanda basada en ocupaciones físicas no formalizadas. Ese ya es un punto de partida complejo para abrir el debate. Pero, además, aquí no se ha registrado una separación clara entre este sector de la economía y aquel otro que no tiene reparos en invadir zonas que deberían mantenerse protegidas por razones ambientales o comunitarias. Aquí la diferenciación, particularmente importante cuando se trata de alejarse de patrones violentos, debe convertirse en una condición mínima para abrir el debate.

Queda por revisarse una tercera conclusión. El Congreso que cesa en julio deja en el sistema una serie de enclaves capturados por la mayoría, que usó sus competencias para elegir autoridades constitucionales. Entre ellos hay dos que, por la caída de las franquicias, han quedado sin soporte político: Sunedu y la Defensoría del Pueblo. Ninguno de ellos tiene por qué mantenerse secuestrado en el periodo político que se abre en julio. Los beneficiarios directos del desmontaje de ambas entidades, APP, Podemos y Perú Libre, han salido de la escena. Y los encargados de ambas entidades han dejado en evidencia la facilidad con que han mezclado sus competencias con decisiones entregadas al juego directo de intereses privados. Tocará al siguiente Parlamento discutir las consecuencias prácticas de estas decisiones.

La cuestión más difícil de discutir es la suerte de la actual Junta Nacional de Justicia. Demasiados pasivos acumulados en tan poco tiempo en funciones. Un sistema institucional que surge dividido en bloques necesita espacios de mediación que le permitan resolver controversias en un ambiente libre de interferencias gruesas como las que crea la actual Junta. Su permanencia o su reemplazo debe entrar en la agenda de un Parlamento que no tiene por qué arrastrar las fallas de origen que provienen de un Congreso que se va, que cesa en la siguiente esquina.

Perú: Modelo para armar, por César Azabache Caracciolo

No es posible descartar que entre este miércoles y julio de este año, cuando acaba este quinquenio, la mayoría que ya se va organice un último acto de demolición institucional. El capricho es uno de esos impulsos que conduce a sus portadores casi siempre hacia la repetición irracional de lo mismo. Es como vivir en una perversa zona de confort que nadie parece querer abandonar y de la que, sin embargo, urge salir de inmediato.

Signos presentes de la instalación de más de un dispositivo que del capricho pasa al abuso: Acabamos de ver al Jurado Nacional de Elecciones extender las inhabilitaciones políticas impuestas por el Congreso a Delia Espinoza y Víctor Zamora, dos personas etiquetadas como opositores, hasta impedirles votar. Esto lo ha hecho el JNE sin ley que lo respalde, sin base legal alguna. Y tratándose de un alto tribunal, el hecho desdibuja por completo su papel en el proceso.

Además, dar este salto, convertir dos inhabilitaciones para ejercer cargos en el Estado en dos prohibiciones para votar representa una provocación: Una demanda de amparo, la respuesta legalmente correcta ante este atropello, tendría que haber neutralizado los efectos del abuso. Pero, en la pseudo lógica de quienes han promovido la demolición en este periodo, una orden judicial que autorice a ambos a votar habría permitido generar un nuevo falso discurso, ahora sobre una supuesta e inexistente “disciplina electoral”, con la que acaso el JNE habría encontrado razones para asignarse un poder arbitrario del tamaño del que ya exhibe la Junta Nacional de Justicia.

A este abuso se suma uno adicional: Tres entidades —el JNE, la JNJ y la Policía Nacional del Perú— han decidido entrometerse con absoluta impunidad en el caso de las mesas no instaladas en Lima durante las elecciones del pasado fin de semana. El JNE y la JNJ han abierto procedimientos contra el jefe de la ONPE. Lo han hecho ahora y no después de las elecciones, que es cuando deben discutirse estas cosas. La policía, por su cuenta, decidió detener a Samamé Blas, uno de los principales funcionarios de esta entidad, armando un caso absolutamente inaceptable de falsa flagrancia. Todo esto después que Rafael López Aliaga, uno de los candidatos que disputa el segundo lugar en las elecciones, pidiera públicamente intervenir el sistema.

El jefe de la ONPE tendrá que responder por el desorden del proceso, sin duda. Pero no en este momento. Criminalizar los desórdenes del proceso es absolutamente desproporcionado. Además, es inoportuno al extremo de sugerir un procedimiento diseñado para intervenir la ONPE antes de que termine el recuento de votos. Por esto, esta historia representa una intromisión intolerable.

El fantasma del falso fraude aparece en la escena, avivado por un López Aliaga que no tiene cómo sentirse seguro de los resultados de las elecciones. En general, sus temores personales no deberían bastar para crear una crisis institucional. Pero bastan. El Estado del capricho que nos dejan estos años genera una malla institucional muy poco resistente, disponible para maniobras de este tipo.

Estamos dejando pasar estas dos escenas como si se tratara de asuntos cotidianos. En condiciones normales alguien habría presentado un hábeas corpus para liberar antes de 48 horas a Samamé Blas. Nadie lo ha hecho. Es difícil imaginar una reacción de la Defensoría en protección de sus derechos. Pero el desafío consiste en cortar a tiempo esta propensión al abuso y equilibrar las cosas antes que se instale el siguiente ciclo, que insinúa tener un perfil propio, uno que no tendría por qué reproducir las condiciones del ciclo del que estamos saliendo.

Debilidades que debemos enfrentar. Primera: nos guste o no, el siguiente ciclo abre con un severo decaimiento de la influencia de las agendas de derechos, llamadas por algunos “progresistas”. Con éxitos parciales, jamás definitivos, estas agendas intentaron mantenerse vigentes durante todo el ciclo anterior a la pandemia. Resistieron intactas a regímenes relativamente conservadores como el de Alan García (autor de “El perro del hortelano”) y el de Pedro Pablo Kuczynski (que aprobó el indulto a Alberto Fujimori para bloquear una moción de vacancia que lo ponía en riesgo). Pero la ofensiva anti derechos iniciada con la pandemia ha sido mucho más intensa que cualquiera anterior. Las voces defensoras de derechos, sin duda, se sostendrán en el proceso que ahora empieza. Deben mantenerse. Pero serán voces en minoría que tendrán que aprender a construir nuevos espacios y nuevas redes de influencia. Reinventarse, en una palabra.

Segunda: con el decaimiento de los casos Odebrecht y de los llamados “cuellos blancos”, el eje de la política queda fuera de las fiscalías. El actual Fiscal de la Nación, el señor Gálvez, ha ofrecido además no impulsar ya casos que involucren a los poderes del Estado, ni siquiera cuando sea necesario hacerlo. Ahora mismo parece estar asistiendo, ojalá no sea cierto, a los caprichos del señor López Aliaga sobre la ONPE. Salvo el judicial, al menos por ahora, todas las llaves de equilibrio y balance institucional vigentes antes de la pandemia han sido neutralizadas: todas por cooptación, todas a través del control que el último Congreso impuso sobre los procesos de designación de magistrados.

Tercera: entramos en este ciclo con un sistema institucional habitado por cuatro enclaves orientados a mantener la línea del orden en el lugar en que la fije el Congreso. Allí están la mayoría del Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la JNJ y la Defensoría del Pueblo.

Contener la propensión al abuso que se está asentando ahora mismo no parece una tarea sencilla en estas condiciones. Pero es una tarea imprescindible. Las oportunidades que abre un nuevo ciclo político pueden ser fagocitadas por el sistema si no las asumimos a tiempo.

Intolerable punto de partida,, por César Azabache Caracciolo

En las últimas semanas, bajo la penumbra que imponen los debates electorales, el Tribunal Constitucional ha hecho una declaración cuyos alcances están pasando desapercibidos. Se trata del caso Bustíos y de la condena impuesta a Daniel Urresti en abril de 2023, pero se trata además de las competencias de los tribunales de justicia y del destino final de los casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en los años 80 y 90.

Ya condenado, Daniel Urresti hizo un pedido más que forzado al judicial: pidió que se anule el procedimiento que se siguió en su contra en atención a la ley sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad que fue publicada en agosto de 2024, cuando su caso ya había terminado. En esa descripción original de las cosas, Urresti aparecía pidiendo algo que ningún tribunal le habría concedido. Los cambios en las leyes sobre prescripción no aplican a casos que ya han terminado; suponen casos abiertos, casos en los que haya una acción vigente que pueda ser puesta en cuestión.

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Aparentemente, alguien advirtió a la defensa de Urresti que su pedido no sería aceptado en ningún tribunal penal. No tenía cómo ganar. Entonces, la defensa se fue al Constitucional. Allí Urresti ganó la anulación que buscaba.

En la sentencia de febrero de este año, el Tribunal hizo más de lo que Urresti pedía. En ella, la mayoría del Tribunal introdujo un giro absoluto en los términos del debate. El Tribunal no se considera vinculado por la sentencia de la Corte IDH de marzo de 2001, sobre imprescriptibilidad de graves violaciones a los DD. HH. Tampoco se reconoce vinculado por la sentencia del propio Tribunal de marzo de 2011, que declaró inconstitucionales las reservas que el Congreso puso en mayo de 2003 al tratado de Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Nunca ha explicado con precisión cómo justifica su desvinculación de ambas sentencias, pero ni siquiera las menciona como un límite a su margen de interpretación de las cosas. Entonces, coge el caso Urresti y lo compara simple y llanamente con las reglas sobre prescripción de los Códigos Penales de 1924 y 1991. El Tribunal reconoce que los plazos de prescripción no pueden contarse entre junio de 1995 y mayo de 2001, el periodo en que estuvo en vigencia la primera ley de amnistía, la de los años 90. Pero el Tribunal solo reconoce esa limitación en contra de quienes expresamente usaron la ley en su favor, no como una suspensión general.

Expulsadas todas las limitaciones imaginables, el Tribunal declara que la acción en el caso Bustíos ya había prescrito al momento en que se leyó la condena. En consecuencia, nada de lo hecho antes o después de esa condena tiene valor legal, tampoco el procedimiento que estaba pendiente ante los tribunales ordinarios a pedido del propio Urresti.

El Tribunal ha borrado de un plumazo veinticinco años de jurisprudencia. Ha lanzado una oferta ilimitada a todos los condenados, acusados o investigados por graves violaciones a los derechos humanos perpetradas entre los años 80 y 90 a reclamar ante él la extinción de sus procesos o su excarcelación automática. Los únicos que no están invitados a este festín de impunidad son los que fueron condenados a tiempo, en atención a una prescripción suspendida por el uso personal de la amnistía de junio de 1995.

Esta es la versión de punto final que el Tribunal pretende imponer a los casos sobre derechos humanos en el Perú. La desvinculación del sistema interamericano que supone es tan drástica que hace de “apartarnos” de su alcance algo superfluo. ¿Para qué, si el Tribunal Constitucional ha hecho del desacato una regla establecida en el sistema?

En términos teóricos, el esquema no se sostiene desde ningún punto de vista. No existe una doctrina legal que justifique esa forma de desobedecer la sentencia de la Corte IDH de marzo de 2001. Tampoco existe una forma de explicar ese flagrante pasar por alto el contenido de la sentencia que el propio Tribunal dictó en marzo de 2011 sobre imprescriptibilidad. Una oferta de este tipo solo se sostiene mientras el Tribunal sea el mismo; un cambio general en su conformación puede echar esta forma de proceder al tacho de los trastes inservibles.

Por eso se entiende que en el Congreso ya se haya propuesto autorizar la reelección de magistrados en el Tribunal. Pero, claro, para reelegirlos, el Congreso actual debe antes reproducirse en el Senado.

La saga que sigue a esta historia es fácil de predecir. A pesar del fallo del Tribunal en marzo, el judicial rechazó el pedido original de Urresti, declarando, como era de esperarse, que no se puede discutir la prescripción de la acción en un caso que ya ha concluido. Pero, cuando el judicial se pronunció, Urresti ya estaba libre, y no es esperable que la fiscalía pida que sea detenido nuevamente para que termine de cumplir su condena. También en marzo, la Sala Nacional desestimó el último pedido de prescripción que se ha hecho en el caso El Frontón, uno de los debates más bloqueados en estos años. Es muy probable que también en este caso los acusados acudan al Tribunal a pedir que el caso sea anulado, aunque para hacerlo el Tribunal deba apartarse de la sentencia que el mismo Tribunal dictó en junio de 2013, ordenando que el proceso continúe hasta terminar en atención a una sentencia de la Corte IDH dictada sobre este mismo caso en agosto de 2000.

La lista de asuntos llamados a seguir esta secuela es aún más extensa. La mayoría del Tribunal Constitucional ha decidido abrir una senda que transita en medio de un claro desacato a la Corte, que expone a sus miembros a una responsabilidad constitucional que podría serles exigida en el futuro. El judicial no tiene por qué seguir esa ruta.

La tensión necesaria para forzar las cosas de esta manera no debe poder sostenerse de manera indefinida.

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