Elecciones y centralismo: la rebelión de las ánforas

Pedro P. Grández Castro. - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

En 1980, el año de su muerte, Jorge Basadre publicó Elecciones y centralismo en el Perú. Apuntes para un esquema histórico. El título tenía algo de testamento intelectual. Basadre, que dedicó su vida a estudiar la República que Lima construyó de espaldas a las provincias —aunque también con su cuota de sacrificios—, cerraba sus reflexiones señalando que el centralismo no era solo una anomalía administrativa, sino la condición estructural sobre la que se edificó la República peruana desde sus orígenes, y que las elecciones reproducían ese mal congénito.

Ha pasado cerca de medio siglo desde aquel diagnóstico y, en esencia, poco ha cambiado. El nuevo Congreso bicameral reproduce con llamativa fidelidad la lógica que Basadre denunciaba. De los 60 senadores que se elegirán, la mitad corresponde a un distrito único nacional donde el peso demográfico y mediático de Lima será determinante. Los otros 30 se distribuyen entre 27 circunscripciones territoriales: una por región, con la sola excepción de Lima Metropolitana, que obtiene cuatro escaños.

Si a ello sumamos que la gran mayoría de candidatos al Senado —incluso aquellos que postulan por cuotas regionales— reside en la capital, el nuevo Senado, que concentrará el poder decisivo del Congreso, encarnará la forma más clara del centralismo capitalino que tanto hemos criticado a lo largo de la República.

Pero en estas elecciones el centralismo también se expresa simbólicamente. El Jurado Nacional de Elecciones organizó seis jornadas de debates presidenciales, con 34 candidatos y decenas de horas de transmisión. Todas, sin excepción, se realizaron en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. En procesos electorales anteriores se llevaron debates a zonas periféricas como Manchay o Puente Piedra, como gesto de reconocimiento hacia electores alejados del núcleo tradicional del poder. Esta vez no hubo siquiera ese gesto mínimo.

Para los organizadores, las redes sociales han vuelto irrelevante la geografía del debate político: debatir en San Borja sería equivalente a hacerlo en Juliaca o en Chachapoyas porque todo puede verse digitalmente. Es un error grave. Las distancias geográficas no se acortan en política mediante la tecnología. La política también es representación simbólica y reconocimiento. Cuando quienes aspiran a gobernar un país de profunda diversidad territorial y cultural no se desplazan hacia los ciudadanos, algo esencial se pierde: la posibilidad de que el debate político sea percibido como reconocimiento de existencia.

El precedente de 2021 y sus lecciones no aprendidas

Las encuestadoras —todas con sede en Lima y con instrumentos calibrados sobre muestras que sobrerrepresentan el ámbito urbano y capitalino— tampoco parecen haber aprendido la lección de 2021. A 16 días de los comicios, Pedro Castillo aparecía en los sondeos en un lejano séptimo lugar, con apenas 3% de intención de voto. Una semana antes de la elección alcanzaba 6,5%. El día de la votación obtuvo 18,9%, casi el triple de lo proyectado.

Las provincias habían tomado una decisión que los instrumentos diseñados desde Lima no fueron capaces de anticipar. No porque las técnicas estadísticas fueran defectuosas, sino porque estaban midiendo el país que Lima imagina, no el país real.

Hoy, con una fragmentación aún mayor —35 candidatos en competencia y más del 35% del electorado indeciso o inclinado al voto en blanco—, algunas lecturas dominantes en los medios capitalinos insisten en presentar una segunda vuelta prácticamente predeterminada entre el fujimorismo y alguna expresión del espacio político que ocupó Castillo o algún outsider funcional al sistema. Se trata de una lectura estratégicamente conveniente para ciertos actores, pero que presupone un control sobre el electorado provincial que la experiencia de 2021 demostró inexistente. Apostar por ese escenario es un riesgo considerable.

La rebelión de las ánforas secretas y la deuda pendiente

Esa memoria colectiva no puede cancelarse mediante encuestas. Las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, protagonizadas principalmente en el sur andino y la sierra, dejaron decenas de muertos en Ayacucho, Andahuaylas, Puno y Juliaca, cuyas víctimas, hasta hoy, no encuentran justicia.

La experiencia de haber sido ignorados desde el poder, de ver a sus muertos estigmatizados por las fuerzas políticas que luego se instalaron en el Congreso y hoy vuelven a pedir su voto, no se disuelve entre una elección y la siguiente. Es una cuenta pendiente que la población exigirá en las ánforas. Cuando ningún estratega esté observando y ninguna encuesta pueda capturarlo, esa experiencia acumulada se traducirá en decisiones que los instrumentos del centralismo no logran anticipar.

La «sublevación de las provincias» de la que hablaba Basadre no implica necesariamente una victoria ideológica determinada. Puede manifestarse simplemente como rechazo colectivo a los partidos que se han repartido el Estado desde 2021 o como un voto disperso que ninguna encuesta detecta porque ninguna busca en los lugares correctos.

Un Congreso que aprobó sus propias reglas electorales, blindó a sus integrantes frente a investigaciones, legisló peligrosamente a favor del crimen organizado, subordinó las instituciones del sistema de controles; tiene razones para temer a un electorado que llegará a las ánforas cansado y molesto: cansado de estrategias que lo instrumentalizan, de debates que siempre ocurren en el mismo lugar y de ocupar el papel secundario en una historia que Lima pretende seguir escribiendo desde tiempos coloniales.