La resistencia democrática de los jueces

Ningún discurso estigmatizante debe doblegar el estricto cumplimiento de los operadores de justicia con la Constitución.

Desde la aprobación de las leyes de amnistía, declaradas inconstitucionales, jueces valientes han protegido la Constitución y los derechos humanos.

En los últimos meses, el intento de subordinación judicial se ha intensificado. Intentan replicar patrones en otros poderes del Estado y en entidades constitucionalmente autónomas, como el Poder Ejecutivo o la Junta Nacional de Justicia.

Recientemente, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó de “prevaricadores” a magistrados que dictan sentencias contrarias a los intereses de la mayoría parlamentaria, particularmente aquellos relacionados con la responsabilidad de agentes del Estado y la inaplicación de normas incompatibles con los derechos humanos.

De esa manera, la coalición parlamentaria que gobierna busca condicionar decisiones judiciales mediante discursos de estigmatización. Su metodología, similar a las de otros regímenes autoritarios o en vías de serlo rápidamente, intenta imponer lealtades políticas sobre la aplicación estricta de la ley y la Constitución.

Frente a esta ofensiva, la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma recordó en una columna publicada en La República que los jueces ejercen el deber y el poder de inaplicar normas contrarias a la Constitución, incluyendo aquellas leyes aprobadas por el Congreso que vulneran derechos fundamentales. Ella refiere que el uso de herramientas jurídicas, legítimas y legales, tales como el control difuso y el control de convencionalidad permiten armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales, garantizando decisiones justas.

De la misma manera, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia también advierte sobre el precedente negativo que implica la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Cócteles que involucra a la precandidata presidencial Keiko Fujimori.

En este contexto, los jueces del país cumplen un papel decisivo como guardianes de la Constitución y de los derechos humanos. Su independencia y firmeza constituyen pilares insustituibles de la democracia.

La magistratura debe encontrar en esta defensa su mayor deber y su más alto honor, con la Constitución ante la que juraron y a la democracia, sin la cual no tendrían razón de ser.