Abogado constitucionalista
El 2026 es la oportunidad concreta para acabar con las gollerías congresales. Depende de nosotros exigir, desde la campaña, que quienes aspiran a una curul se comprometan a ponerle fin a los privilegios que hoy distorsionan el sentido de la representación parlamentaria. No más excusas. El Congreso no puede seguir siendo un espacio donde se acumulan beneficios personales con cargo al dinero de todos los peruanos.
Un congresista gana hoy S/ 15600 mensuales, a lo que se suma una “asignación por desempeño” de S/ 7617 y S/ 2800 adicionales cada mes por la llamada “semana de representación”. A eso se agregan 48 pasajes aéreos al año, S/ 6000 anuales por concepto de eventos, es decir, coffee breaks, toldos, alquileres y similares, y viáticos para comisionados de hasta S/ 320 por día. Este esquema de beneficios termina convirtiéndose en un sistema paralelo de ingresos, que nada tiene que ver con el servicio público.
El Congreso tampoco puede seguir siendo una agencia de empleos para militantes, amigos o familiares. El número de personal de confianza debe reducirse drásticamente y reemplazarse por una carrera de profesionales en asuntos parlamentarios con concursos públicos. Hay que eliminar también las tarjetas de consumo, regalos por Navidad y diversos presentes que reciben cotidianamente. Lo mismo con los seguros privados: quien quiera cobertura premium, que la pague con su propio sueldo, no con el dinero del Estado.
En el lado funcional, urge revisar la estructura del Parlamento. Deben desaparecer las comisiones especiales que duplican el trabajo de las ordinarias y requieren más personal. En lugar de seguir creando estructuras paralelas, fortalezcamos las comisiones ordinarias y que, cuando sea necesario, creen grupos de trabajo internos sin contratar más gente. También se debe regular con transparencia los viajes al extranjero financiados tanto por el Congreso como por otros países, que muchas veces buscan influir sutilmente en la voluntad política de nuestros representantes.
En definitiva, la política no debe ser una vía para enriquecerse, sino una plataforma para servir al país con integridad. El Congreso no puede seguir siendo una burbuja de privilegios financiada por todos los peruanos. En 2026, exijamos compromiso real con la ética pública, la austeridad y la representación ciudadana. Si queremos un nuevo Congreso, empecemos por exigir el fin de las gollerías desde la campaña que ya comenzó.