El reglaje expresa el miedo del régimen
Amedrentar a los ciudadanos que denuncian atenta contra el derecho constitucional a la libertad de expresión.
La denuncia realizada por el coronel de la Policía Nacional del Perú en retiro, Harvey Colchado, sobre el reglaje en su contra no puede tomarse a la ligera. Lo que describe —seguimientos, vigilancia sobre su familia, fotografías de sus hijos— es una práctica que remonta al país a la peor época del Servicio de Inteligencia Nacional comandada por el asesor principal de la dictadura fujimorista Vladimiro Montesinos. Tiempos cuando la persecución se convirtió en política de Estado y el miedo fue herramienta de gobierno.
Pero hay diferencias que son muy evidentes. Si en los noventa el reglaje obedecía a un plan meticuloso de control político, lo que hoy se percibe es la torpeza de un régimen a todas luces nervioso.
Y qué mayor prueba existe de ello si la respuesta de los miembros de la coalición parlamentaria autoritaria solo encuentra cohesión en la defensa de lo ilegal y criminal. En otras palabras, lo indefendible.
Los mismos que hace unos meses censuraron a un ministro por temor a que su permanencia desatara protestas sociales, hoy se enfilan para blindar al mismo, quien estaría involucrado en el uso de la inteligencia del Estado para cometer reglaje. Esa inconsistencia solo confirma que la coalición autoritaria no defiende ningún tipo de principio ideológico, sino intereses particulares ilegales.
Con esta revelación cabe anotar que los hermanos Dina y Nicanor Boluarte, resguardados con un alfil de barro desde el ministerio de Justicia, parecen haber confundido gobernar con acosar.
El intento de amedrentar a Colchado como a diversos periodistas, incluidos algunos de esta casa editorial refleja la fragilidad de un gobierno que responde con hostigamiento ahí donde debería haber rendición de cuentas.
Ante ello, corresponde recordar que, aunque el Tribunal Constitucional haya impuesto un cerrojo que busca blindar a la presidenta frente a pesquisas, los fiscales no deben desistir de su deber constitucional. Esto es, perseguir el delito, venga de donde venga, y asegurar que el Estado de derecho prevalezca sobre el miedo y la impunidad.