Tributación sin brújula: entre anuncios vacíos y silencios cómplices, por Luis Durán Rojo

(*) por Luis Durán Rojo, Profesor de Derecho Tributario – PUCP y Director de ATRYL

¿Qué dijo realmente el mensaje presidencial sobre el régimen tributario peruano?

Durante su discurso por Fiestas Patrias de 2025, la presidenta de la República hizo una mención breve pero aparentemente enfática sobre los resultados de la recaudación fiscal. Afirmó que los ingresos tributarios del Gobierno Nacional habían superado los S/ 89 mil millones a junio, representando un crecimiento del 13,7 % respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, proyectó que al cierre de 2025 se alcanzaría una cifra histórica de S/ 173 mil millones en ingresos tributarios.

En cuanto a políticas tributarias en curso, enumeró cinco líneas de acción:

1. La simplificación del esquema fiscal para empresas de menor tamaño.
2. La adecuación del Impuesto Selectivo al Consumo a estándares internacionales.
3. El perfeccionamiento del Impuesto a la Renta y de los tributos municipales.
4. La racionalización de beneficios tributarios.
5. Una mayor fiscalización y control tributario a cargo de la SUNAT.

La exposición de estos puntos, sin embargo, fue sumaria. No se presentó un balance técnico ni una visión estratégica del futuro fiscal del país. La palabra “tributación” apenas fue pronunciada. Temas como la regresividad del IGV, la informalidad crónica, la débil contribución del IR personal, la presión tributaria baja respecto al PBI, los regímenes de excepción o el estado institucional de la SUNAT fueron completamente omitidos.

Peor aún, no se hizo la más mínima referencia a las normas tributarias recientes promovidas por el Congreso de la República, muchas de las cuales han introducido exoneraciones, tratamientos especiales o privilegios sectoriales sin sustento técnico, sin informes previos del MEF ni dictamen constitucional.

Resulta aún más preocupante que en un mensaje presidencial de tal extensión (más de cuatro horas), la tributación haya merecido apenas unas líneas generales, sin un verdadero balance de la política fiscal ni una visión estructural sobre su futuro. La tributación, pilar de todo gobierno legítimo y base de la gestión económica y social de una nación, ha sido tratada con una superficialidad alarmante. Peor aún: no se ha dicho palabra alguna sobre el populismo tributario impulsado desde el Congreso de la República, que viene promoviendo normas antitécnicas, beneficios inconstitucionales y debilitamiento del sistema fiscal con fines clientelares. Ante esa evidente amenaza institucional, el silencio del Poder Ejecutivo no puede interpretarse sino como una forma de complicidad política: un silencio funcional al deterioro del régimen tributario peruano.

El mensaje muestra la recaudación como síntoma, no como política de Estado

El mensaje presidencial, como ya señalamos, exhibe una cifra calificada como “histórica”: ingresos tributarios superiores a S/ 89 000 millones al primer semestre y una proyección que implicaría un aumento del 13,7 % respecto a 2024. Sin embargo, es necesario desagregar este resultado y evitar lecturas triunfalistas.

¿Qué sectores están sosteniendo esta recaudación? ¿Cuál es el peso relativo de los tributos indirectos frente a los directos? ¿Cuánto proviene del incremento en la fiscalización o de mecanismos de presión como percepciones y detracciones?

Desde una mirada estructural, el Perú mantiene una composición tributaria altamente regresiva: más del 50 % de la recaudación proviene del IGV y tributos al consumo, mientras que el aporte del Impuesto a la Renta de personas naturales sigue siendo marginal respecto al PBI, en comparación con los países de la OCDE.

Más aún, sin un aumento significativo de la presión tributaria directa sobre el sector informal y las rentas altas, el crecimiento en la recaudación puede terminar descansando, como en años anteriores, sobre los mismos contribuyentes formales (empresas medianas y grandes) cuya carga administrativa y fiscal continúa aumentando.

Aún más relevante que la cifra aislada de recaudación es el contexto que la explica. Tal como ha señalado el profesor Luis Arias Minaya, los S/ 173 mil millones proyectados para 2025 no representan un verdadero récord: se trata de un monto inferior al alcanzado en 2022, a pesar de que los precios de los metales (particularmente del cobre y el oro) se encuentran en niveles históricamente altos. Esta aparente paradoja revela una verdad incómoda: nuestro sistema tributario sigue siendo débil incluso bajo condiciones externas excepcionales. La mejora en los ingresos no proviene de una reforma estructural ni de una expansión de la base fiscal o de la presión tributaria directa, sino de factores transitorios como la regularización del Impuesto a la Renta empresarial, la coyuntura minera y ventas extraordinarias de activos. Mientras tanto, el Congreso de la República agrava la situación con beneficios tributarios clientelistas, y el Poder Ejecutivo elige callar. Este binomio (sistema frágil y liderazgo silente) compromete seriamente la sostenibilidad fiscal del país y vacía de contenido cualquier discurso de eficiencia tributaria.

Entonces, queda claro que el mensaje presidencial tiene una narrativa triunfalista sin consistencia empírica alguna y que la cifra de recaudación anunciada por la presidenta no expresa una mejora mínima del régimen tributario ni garantiza sostenibilidad fiscal. Más grave aún es la omisión de una hoja de ruta frente al déficit público y al deterioro institucional que viene afectando la administración tributaria. Lo que se presenta como eficiencia es, en realidad, una gestión de la inercia, y lo que se omite (la regresividad estructural, el desorden normativo y el populismo tributario parlamentario) revela un Poder Ejecutivo replegado, resignado y funcional al progresivo desmantelamiento del régimen tributario peruano.

¿Qué plantea el mensaje presidencial?: ¿Reforma tributaria o promesas sin fundamento?

El mensaje presidencial alude a una “reforma tributaria” en curso, articulada en cinco líneas que mencionamos líneas arriba. Sin embargo, al examinar con mayor detenimiento estas iniciativas, el balance es desalentador: ninguna de ellas presenta avances significativos ni cuenta con instrumentos normativos aprobados o siquiera prepublicados.

La simplificación del régimen MYPE se discute hace años sin concreción. No existe propuesta técnica en el ISC ni reforma legislativa relevante en materia del Impuesto a la Renta ni en el de los tributos municipales. En cuanto a los beneficios tributarios, el MEF continúa reportando más de 90 exoneraciones activas sin que se haya eliminado una sola. Y en lo que respecta a la SUNAT, el fortalecimiento institucional sigue siendo una consigna burocrática sin respaldo en autonomía técnica ni incremento real de capacidades.

En suma, el discurso tributario del Poder Ejecutivo se revela como un vacío programático: ni reforma, ni consistencia, ni voluntad política clara. Peor aún, este vacío deja al régimen tributario peruano a merced del Congreso de la República, que ha desplegado una ofensiva populista sin precedentes, aprobando exoneraciones y beneficios inconstitucionales con impacto fiscal creciente. El Poder Ejecutivo no solo no frena esta deriva, sino que parece atrapado en ella, convertido en cómplice pasivo de un desmantelamiento institucional silencioso pero sostenido.

Conclusión: del dato fiscal al principio constitucional

El mensaje presidencial de 2025 ha dejado claro que la recaudación puede incrementarse sin necesidad de una reforma tributaria estructural. Pero esa misma constatación revela los límites de una visión fiscal centrada en los números y no en los principios: depender de coyunturas económicas positivas o negativas.

Un régimen tributario en timón automático (sin objetivos y prioridades claras) no permite claridad institucional de largo plazo, ni siquiera de mediano o corto plazo. La recaudación sin justicia tributaria es una victoria transitoria. La fiscalización sin equidad es una carga que erosiona la legitimidad institucional. La legislación sin deliberación es una norma sin ciudadanía.

Nuestro país necesita un sistema tributario racional, justo y constitucionalmente legítimo. Eso supone dejar atrás la improvisación normativa, proteger la autonomía de la SUNAT, repensar los beneficios tributarios bajo criterios de evaluación y sostenibilidad y, sobre todo, comprender que tributar no es solo un deber jurídico, sino una expresión democrática de pertenencia a una comunidad política que se quiere justa y equitativa.

Mientras tanto, seguiremos preguntando —como hace años— si el dato fiscal ha empezado, por fin, a dialogar con el principio constitucional y con la consistencia de la realidad económica del país.