Candidatos de la furia y de la injuria, por Juan De la Puente

Al concluir el plazo para la inscripción de las alianzas electorales, 11 de 43 partidos se comprometieron en 5 alianzas, 2 de ellas con reclamos internos a resolverse en breve. Por ahora, se tiene que a las elecciones de abril concurrirán por lo menos 37 candidatos presidenciales con sus respectivas listas parlamentarias.

Así se fija el primer hito resultante de la contrarreforma electoral 2020-2024 que incentivó la fragmentación al eliminar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), confirmó el voto preferencial, aumentó el número de invitados en las listas electorales, suprimió la paridad horizontal, facilitó el flujo de dinero formal e informal a las campañas y restableció la postulación simultánea a la presidencia y al Parlamento.

Aún sin esas decisiones, habría que reconocer que la fragmentación electoral recorre el mundo y el antídoto de las alianzas es un asunto tan cultural como legal. En el caso peruano, los pocos pactos electorales que ganaron el poder fueron aciagos (la Convención Nacional de 1915 que santificó el golpe contra Billinghurst y el Frente Democrático de 1945 que acabó en el golpe de Odría) y el resto efímeros (salvo Unidad Nacional de 2001-2010 e Izquierda Unida de 1980 a 1989).

En esta oportunidad fueron infructuosos los afanes contra la fragmentación electoral. Los llamados adoptaron tonos dramáticos y se fusionaron con la visión apocalíptica de los brokers políticos, frecuente en épocas electorales, compuesta por formadores de opinión, ejecutivos de empresas, abogados y gestores de intereses.

El relato apocalíptico reza lo siguiente: 1) la fragmentación de partidos conduce a la dispersión del voto; 2) en la dispersión, los candidatos desconocidos y no confiables le restarán votos a los conocidos y confiables; 3) la fragmentación perjudica a la política tradicional democrática y empodera a los candidatos de la furia; y 4) este prospecto producirá una segunda vuelta con dos candidatos radicales populistas.

El subtexto de este relato proyecta el riesgo del triunfo de una opción antisistema, provinciana y anti limeña, un recurso simbólico potente capaz de movilizar el temor de las élites (y su dinero). No es un recurso nuevo; desde 2001 intenta reordenar sin éxito el debate electoral al proponer como idea preeminente la defensa del status quo. No obstante, ha sido contestada con otras diferencias que se hicieron decisivas: derecha, izquierda y centro; cambio radical, cambio moderado e inmovilismo; o fujimorismo y antifujimorismo.

El código sistema y antisistema está de vuelta. Parte del supuesto de que hay un régimen democrático basado en la libertad política y económica que merece defenderse a través de partidos orgánicos a él, frente a una alternativa antagónica al sistema capaz de cambiarlo o destruirlo. El problema es que la dicotomía se ha disuelto tanto en su base real -lo político institucional- como en la imaginada, el neoliberalismo como proyecto inclusivo.

Los parámetros subsisten, pero los actores se han desplazado y arrastrado con ellos a la realidad y a la ficción. Las reglas económicas, la última frontera del sistema, también fueron derribadas por las leyes contra la fiscalidad, la erosión de la base tributaria y el aumento sin control del gasto público. Si nos atenemos a los códigos bajo comentario, no hay nada más antisistema que el actual poder político y no hay territorio más antisistema que Lima.

El tablero/cancha donde se juegan las elecciones es nuevo. Ese “sistema” ya no existe como sujeto y como objeto. Su fondo democrático imperfecto pero reconocible se ha diluido con la captura de partes sensibles del Estado por un régimen híbrido legal-ilegal y el dominio de formas nocivas de poder.

Tampoco existe el “antisistema” de las dos últimas décadas construido para efecto electoral. En el nuevo dato, a la demanda de inclusión que perturba al poder se agrega la defensa de grandes áreas del régimen democrático disuelto. Las tendencias otrora "antisistema" se han complejizado. Son más que el tono hostil hacia Lima, los poderes nacionales y élites políticas y empresariales.  El rechazo a los actores que han cruzado las líneas prohibidas del Estado de Derecho no parece un hecho extremista, aunque es entendible que en estos tiempos no haya nada más radical que defender la democracia.

La mayoría de los ciudadanos en los territorios reprochados como antisistema -el sur y centro y la sierra norte esencialmente- a despecho del discurso de los brokers defienden la separación de poderes, los DDHH y la transparencia pública, a pesar de una alta insatisfacción sobre el funcionamiento de la democracia, aunque en algunas cuestiones se encuentran con sus adversarios, como en el reclamo de “mano dura” política y el populismo presupuestal. En añadido, la encuesta de IEP de julio proyecta que el sur es más optimista que Lima (51% vs 43%), en tanto Lima es el territorio más pesimista del país (36%).

Asociar la fragmentación al “otro” que se descalifica indica un aprendizaje fallido de las lecciones de la etapa 2022-2024. Subestimar el reclamo de los territorios y sugerir que fenómenos históricos se transforman en códigos coyunturales aquí y ahora proyecta la injuriosa idea de una elección del fin del mundo, recreada a través de relatos como “Lima está asediada”, “ya viene la marea electoral provinciana” o “cuidado con el candidato de la furia”, un estado de sitio electoral que -como conclusión tácita- obliga a prescindir de las formas y confiar en impulsos atávicos. Suena paradójico, pero en 2021 hubo quienes propusieron que, para salvar a la democracia, las FFAA deberían perpetrar un golpe de Estado contra la democracia, una profecía estrambótica que estuvo en la base del fallido golpe de Castillo en 2022.

Importa bastante el riesgo de que la dispersión del voto determine la ilegitimidad de origen de los elegidos en 2026 y haga más precaria la próxima presidencia de la República, aunque no es más relevante que otros riesgos, particularmente uno, la reelección del régimen híbrido que se ha hecho cargo del poder y con ello que se reelija la implosión de políticas, instituciones y actores.

Continuando con los riesgos, no parece que el peligro principal del Perú sea la hecatombe radical contra la democracia porque, sencillamente, la hecatombe ya sucedió. El peligro reside en lo siguiente: que el resultado electoral impida superar esta situación y divida y fragmente más a la comunidad nacional y, más allá de las elecciones y luego de ellas, deje al país sin mecanismos que garanticen una mínima convivencia.

No todas las fragmentaciones son iguales. La verdadera preocupación de quienes patrocinaron la campaña de la unidad contra la “furia” de las regiones es la dispersión de la ultraderecha. Y tienen razón. Este espacio está compuesto por dos bloques, uno de partidos presentes en el actual Parlamento y el otro de por lo menos 6 nuevos grupos inscritos ante el JNE. El desgaste de los candidatos de los partidos parlamentarios y la escasa fuerza de los candidatos nuevos -salvo C Álvarez, un outsider de laboratorio- hace suponer una anulación múltiple en este sector. La decepción es mayor porque ninguna de las 5 alianzas inscritas corresponde a la fragmentación de ese segmento.

La ultraderecha tiene también otros problemas. Experimenta una pequeña guerra civil inmanejable que anticipa el drama: P. Castillo logró unirlos, pero no es seguro que un presidente de la extrema derecha peruana sin fuerza parlamentaria subordine a un Congreso disperso y sobreviva. El Perú radical que representan está unido abajo y tugurizado arriba. En este punto los brokers aciertan y deben ser escuchados. La derecha radical es híbrida y no se sabe que lado de la balanza legal/ilegal pesará más.