La Corte IDH contra la desigualdad jurídica en el Perú
Órgano de justicia supranacional ordena al Estado garantizar el acceso a la justicia en casos contra los derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha puesto freno a una de las más graves arremetidas de la actual coalición parlamentaria autoritaria. A través de una resolución, la institución jurídica supranacional obliga al Estado peruano a garantizar que cinco organizaciones no gubernamentales puedan seguir ejerciendo sin restricciones la defensa de víctimas en 19 emblemáticos casos de violaciones de derechos humanos.
Lo que observa la Corte es que los casos judiciales afectados por la Ley 32301, que criminaliza a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, están bajo supervisión de cumplimiento por parte de la justicia internacional también. Es decir, se hace evidente para la comunidad internacional que el co-Gobierno actual pretende desmantelar de forma arbitraria y con leguleyadas todos aquellos mecanismos que deberían garantizar la justicia.
“Una de las cosas más espantosas que ha hecho este Congreso es quitarle el abogado al pobre”, ha dicho con razón la periodista Rosa María Palacios en La República. Con igual indignación cuestionamos ¿qué clase de institucionalidad es esa que les financia defensas de decenas de miles de dólares a políticos procesados y, al mismo tiempo, impide que las víctimas de la represión estatal accedan a asesoría legal gratuita? El desequilibrio es grotesco.
La decisión de la Corte es, por tanto, más que un fallo jurídico: es una señal ética y política. Declara que los derechos no pueden depender del dinero en el bolsillo ni ser condicionados por las simpatías del poder de turno. En efecto, la resolución refuerza el principio de que el acceso a la justicia no puede estar limitado por la legislación antijurídica de un Congreso o cualquier poder de turno.
Vale decir que esta resolución también interpela directamente a los actuales miembros del Tribunal Constitucional, el cual debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la norma.
Sin embargo, y sobre todo, le da fuerza a la ciudadanía, para que no normalice el abuso institucional ni sienta que deba callar cuando se vulnera el derecho a la justicia.
El Estado peruano, hoy en clara resistencia democrática desde los órganos de justicia, está ahora ante un desafío fundamental: o adapta su legislación a los estándares interamericanos y respeta su obligación de garantizar justicia, o se expone al descrédito internacional, sanciones futuras y al aislamiento jurídico.