La octava, por Rosa María Palacios

Como cada sábado, trataba de escribir una columna sobre el sueldo de la presidenta y explicar porque las asignaciones de funcionarios públicos electos por voto popular no pueden definirse por meritocracia. Digamos que su entrevista de trabajo la terminamos el día en que votamos. Y en esas estaba, revisando el artículo 39 de la Constitución cuando un amable vecino de mi barrio en Miraflores me escribió urgente: “en el pasaje se están organizando unos manifestantes para ir a su casa”. Barrio viejo, donde vivo hace más de 30 años, el chisme va veloz como un rayo. Acompañaba el texto con un par de fotos con los habituales acosadores. Nada nuevo.

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En mi casa solo estaban dos personas. Ya entrenadas en estos menesteres, saben que no deben salir. Las cámaras de seguridad graban todo y los vecinos, que cada día están más organizados, tienen una capacidad de registro notable. Esta vez no llegaban ni a 10 sujetos. Es la octava vez que me atacan desde que empezaron en febrero del 2023, coincidiendo con las protestas contra Dina Boluarte. Muchos de sus actos de acoso coincidieron con ataques a la sede del Ideele (antes a tres cuadras de mi casa) y con el departamento de José Domingo Pérez, también muy cercano.

Siempre son los mismos, que son parte de un ecosistema que sus víctimas hemos bautizado como “La Pestilencia”. Dicen ser parte de micro organizaciones con nombres como “los combatientes”, “la insurgencia”, “los patriotas” o “la resistencia”. Los vi por primera vez el 2019 y han desarrollado la especialidad del acoso domiciliario a funcionarios públicos, defensores de derechos humanos y periodistas. Pueden lanzar desde bolsas de basura, hasta caca como se ha visto en el Ideele.

Después de algún tiempo (su último ataque en mi calle fue el Sábado de Gloria en Semana Santa del 2024), regresaron. La pregunta es ¿por qué? Mi barrio está cada vez mejor organizado para rechazarlos y muchos de sus integrantes, plenamente identificados, están bajo investigación penal de oficio en una de las fiscalías de derechos humanos donde ya he concurrido a dar mi declaración. De otro lado, Miraflores viene generando un movimiento vecinal que cada sábado se hace más robusto en la protesta y defensa del patrimonio del distrito. El alcalde Canales, de Renovación Popular, se niega a responder ante los vecinos porque “no son técnicos” pero, como van las investigaciones periodísticas sobre sus obras, pronto tendrá que hacerlo ante la Contraloría y la Fiscalía. Este es un contexto en el que el alcalde organiza campañas de terruqueo contra los vecinos y los multa por usar un solo megáfono en un espacio público delante de local de la municipalidad (todos los sábados de 5 pm a 6 pm) mientras que los decibles vuelan con los megáfonos en la puerta de mi casa, una calle tranquila, y la Policía y Serenazgo (siempre presente) no se toman la molestia, pero ni de hacer control de identidad.

Pero regresemos a la pregunta. ¿Por qué han regresado? La respuesta está, como siempre, en seguir el dinero. Se podrán imaginar que estos microgrupos no hacen esto con su plata, ¿verdad? Reclutados en barrios bastante marginales y dirigidos por sujetos con problemas con la justicia, han servido de chaleco de reuniones y personajes vinculados a tres partidos: Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido Aprista. La parafernalia incluye volanteo en papel cuché, gigantografías, parlantes, megáfonos, refrigerio y movilidad. La caca, supongo, la ponen ellos. Este sábado se retiraron en la camioneta de placa CAY065 bien escoltados por la policía. La galería de fotos que exhiben con personajes públicos da cuenta de sus afinidades y servicios políticos donde no faltan militares y policías.

¿Por qué atacan de nuevo? Los lemas de esta última incursión no dejan de ser hilarantes pero muy significativos: “Prensa sicaria, no fue suicidio, fue asesinato”. Podemos suponer que se refieren a la muerte de José Miguel Castro. Lo curioso es que esta periodista y este medio no ha afirmado indubitablemente ninguna de las dos cosas. Hacerlo es hoy, imposible. Las pericias policiales son las únicas que pueden determinar que sucedió. Y la policía tiene un plazo de ley de 60 días para producir un resultado. Ambas hipótesis tienen sustento y ambas tienen que ser expuestas. Pero haría muy mal la prensa en excluir definitivamente ninguna hasta no tener una respuesta oficial.  A diferencia de turba de a 10 que le gritaba a una casa vacía, yo no soy médico forense.

Pero ¿quién está desesperado por culpar de un presunto asesinato a la “mafia internacional” y a “las chalinas verdes”? ¿Quién dijo que encontraron al difunto con cortes en la lengua y una chalina verde? ¿Quién hizo un video lanzando sus conjeturas como verdades irrefutables mientras alternaba la foto de Susana Villarán? Rafael López Aliaga. ¿Y quién le recordó a la audiencia que las empresas que fundó y operó el alcalde de Lima están procesadas por lavado de activos en el caso de Caja Gas juntamente con el fallecido José Miguel Castro? Yo, citando una amplia y muy completa investigación de IDL Reporteros que está judicializada y que López Aliaga ha tratado de archivar sin ningún éxito.

Bueno, de ahí viene la turba. No hay que ser un experto. Con tantos años cubriendo la política peruana ya me conocen. No voy a dejar de decir la verdad porque el lumpen reclutado por varios partidos políticos me insulte. A mí, personalmente me suele dar risa. Me molesta por los vecinos. Hace 25 años que lo saben. Pero, el tema aquí es crear un ambiente de hostigamiento político no sólo para mí sino, para todos. No solo la prensa. No tengo que recurrir a ejemplos históricos para que se entienda. Los ataques domiciliarios, hoy felizmente ampliamente rechazados por los ciudadanos, son la antesala de violencia política de gran escala. Cuando se toleran, los partidos que los promueven se empoderan en su capacidad de abusar y de eso, no se regresa.

Puede ser que el sueldo de Dina Boluarte sea un tema más indignante o urgente para muchos. Pero créanme que la campaña electoral que viene puede tener a la violencia política de protagonista, si se lo permitimos. El acoso político se está volviendo la ley de la calle. Avisados están, #PorEstosNo