En el Perú, levantar la voz desde una universidad pública se ha convertido en una actividad controvertida. Recientemente, estudiantes peruanos han levantado su voz de protesta ante la precariedad de sus condiciones de estudio y la corrupción en sus instituciones.
En menos de un año, seis universidades públicas han sido tomadas por su alumnado. Contrariamente a lo que aducen los detractores, que tienen el poder político y administrativo, no ha sido motivado por una rebeldía anárquica estéril, sino por el abandono estructural que sufren a diario.
Son la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Nacional del Altiplano en Puno, la Nacional Mayor de San Marcos, la Nacional Agraria y la Nacional Intercultural de la Amazonía en Ucayali las que han recibido la protesta estudiantil.
Y las muestras son diversas: salones en ruinas, comedores cerrados o con alimentos en mal estado, títulos retrasados por meses, transporte inoperativo y procesos administrativos plagados de irregularidades.
En ese sentido, lo que estas tomas visibilizan es el grito desesperado de miles de jóvenes que exigen condiciones mínimas para estudiar. Pero en vez de respuestas, reciben represión y estigmatización social.
No obstante, vale destacar la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la detención abusiva y arbitraria del Estado a alumnos que toman una universidad y a pedido de que se respeten los derechos a la libertad personal y a la protesta.
Esta criminalización no ocurre en un vacío cualquiera, ya que forma parte de un proceso más amplio de desmantelamiento institucional. El debilitamiento de la Sunedu, la captura política de las universidades y la imposición de autoridades afines a intereses partidarios reflejan una voluntad explícita de neutralizar los espacios públicos de pensamiento crítico.
La historia republicana del Perú no puede entenderse sin el protagonismo de sus estudiantes. En distintos momentos, fueron ellos quienes pusieron los puntos sobre las íes, como contra la dictadura de Odría en los cincuenta, las grandes movilizaciones contra el autoritarismo de Fujimori y las más recientes luchas por defender la reforma universitaria frente a un Congreso depredador.
En todos estos casos, han sido los jóvenes universitarios quienes han defendido sus derechos como estudiantes, así como la idea misma de la universidad como bien público, espacio de crítica y motor de ciudadanía.