Entender primero, combatir después, por Nicolás Vargas Varillas

Ha llamado a mi atención en los últimos tiempos un recurrente tipo de video corto que se puede encontrar con facilidad si cualquier peruano decide deslizar su dedo entre Tik Toks o Reels de Instagram. Este tipo de video corto muchas veces incluye una imagen con la que muchos podemos sentirnos identificados. Niños desayunando, un bol de avena o pan con algo, viendo las noticias, fiel compañero de todo hogar vespertino. Sin embargo, el contenido de estas noticias es lo que me llamó más la atención: acompañada de las reconocibles tonadas de los noticieros mañaneros de nuestro país, se relatan casos de extorsión, robos masivos, asaltos y asesinatos. Creo que cualquier peruano, indistintamente de su edad u origen socioeconómico, puede sentirse representando por esta escena. La criminalidad en el Perú hoy no solo vive una era dorada, pero también el estado, en particular en asuntos de seguridad ciudadana, se encuentra estancado en una suerte de medioevo oscuro. En medio de casos de incompetencias policiales y judiciales, así como de bochornosos vínculos con lo ilícito en algunos casos, queda claro que las autoridades peruanas padecen de un analfabetismo perpetuo sobre como diseñar políticas públicas eficientes contra el crimen. Desafortunadamente esto deja, como siempre, a los más vulnerables de la sociedad preocupantemente desprotegidos, volviendo una prioridad para el próximo gobierno dar un giro de 180 grados en materia de seguridad ciudadana, comenzando por ser capaz de entender al crimen para poder luego enfrentarlo de una forma eficiente.

Para cualquier estudiante de pregrado en cualquier universidad del mundo llevando un curso básico sobre criminología o economías ilícitas, debe resultar familiar en concepto de la adaptabilidad del crimen. Por su propia naturaleza ilegal, el crimen no opera siguiendo reglas (escritas en papel) o normativas estandarizadas o predecibles. Estos elementos, por lo contrario, son reglas fundacionales e innegociables del estado de derecho, y, por consiguiente, de toda institución que pretenda dentro de este operar. El crimen, por consiguiente, para poder articularse, requiere de acuerdos y códigos entre distintas partes. El gran beneficio que el crimen obtiene de esta metodología es la facilidad que este encuentra para poder mutar o adaptarse, incluso sofisticarse, si es que la coyuntura se lo requiere. De esta manera, en el mundo criminal, las lealtades, los métodos y los códigos cambian casi siempre y sin muchas complicaciones, cosa que, en el mundo legal, es algo imposible. Así, el crimen, cuando se ve atacado por la ley por un frente, puede rápidamente cambiar sus esfuerzos hacia otro, quizá todavía no descifrado por las fuerzas del orden. Casos de manual estudiados son el caso del tráfico ilícito de drogas. Si durante un tiempo, por poner el ejemplo, muchos narco-submarinos son descubiertos, los cárteles cambiarán rápidamente a narco-avionetas o a mochileros, sin hacerse muchos problemas; o decidirán cambiar de puerto de entrada de su mercadería ilegal a un cierto mercado si es que el puerto de usado en el presente se vuelve excesivamente vigilado. Esto último es algo común en Europa, donde los puertos de Amberes, Rotterdam, Hamburgo o Valencia son periódicamente elegidos y luego remplazados como el punto de destino de narcóticos, muchos de ellos traficados desde nuestra región.  

El principio de la adaptabilidad se traslada también a la sofisticación del crimen, lo que por lo general lleva a la violentización de este, así como complejiza las posibilidades de enfrentarlo desde el estado. Un caso conocido de esto es la famosa Estrategia del Capo (Kingpin strategy en inglés), implementada por el gobierno de Felipe Calderón en México durante la década de los 2000. La hipótesis del gobierno de Calderón era que, al capturar a los líderes de los diversos cárteles, estos perderían la habilidad de ser direccionados en sus habilidades, perdiendo capacidad organizativa, logística y de alcance. Sin embargo, el resultado fue adverso: al decapitar a estos enormes sindicatos criminales, emergieron de estos nuevas y pequeñas facciones, las cuales ahora autonomizadas, luchaban por control territorial, acceso a recursos, uso de rutas, etc. ¿El resultado? Para el 2010, los asesinatos en México habían aumentado en un 150% desde el 2006, año de la creación de la Estrategia del Capo, volviendo la lucha contra el crimen de un choque a un solo frente, en un multifacético baño de sangre a gran escala.

Por otro lado, la militarización e implementación de políticas de cero tolerancia también son garantes del fracaso en la lucha contra el crimen. Muchas veces, al poblar las calles de hombres armados, lo que se logra no es más que detener a criminales de menor rango, incluso a veces no violentos. Estos pueden ser en muchos casos microcomercializadores de drogas o pequeños ladrones. Nada justifica su accionar, pero entre estos a veces también se cuelan personas que carecen de vínculos directos con alguna actividad criminal. Esto último resultó común en Brasil, donde centenares de personas sin vínculos directos con algún hecho criminal explícito eran encarceladas en la lucha en dicho país contra bandas como el Primeiro Comando da Capital o el Comando Vermelho. Subsecuentemente, esto se trasladó una sobrepoblación penitenciaria, volviendo las cárceles, primero, en sinónimos de condiciones inhumanas, pero también, en espacios que cada vez eran más difíciles de controlar para las mismas autoridades penitenciarias. De esta manera, las prisiones de Brasil pasaron a servir como centros de reclutamiento para las bandas criminales, así como lugares donde, resguardados por los propios, los líderes de estas organizaciones podían coordinar las actividades de sus bandas en el exterior. Ejemplos similares de esto existieron en Estados Unidos en relación con la creación de las Maras salvadoreñas, las cuales nacieron en las prisiones norteamericanas en vez de en suelo salvadoreño, a donde luego se trasladarían deportados.

Trasladándonos al Perú nuevamente, resulta común conocer periódicamente de nuevas “medidas” tomadas por la Policía Nacional para supuestamente combatir de mejor manera al crimen. Algunas más pintorescas que otras, tales como la prohibición de motos lineales en la Vía Expresa, o la obligatoriedad del uso de un chaleco reflectivo que disponga de la placa del vehículo en la espalda. Estas medidas, desgraciadamente, revelan que el estado peruano cae con muchísima facilidad en la adaptabilidad del crimen. Es decir, cuando las bandas criminales encuentran una nueva modalidad para operar, pero el estado al poco tiempo reacciona a esta, rápidamente el crimen encuentra una nueva manera de salirse con las suyas. De esta manera, el estado peruano está entrampado en una persecución sin fin, casi tan gráfica como la del coyote al correcaminos. De esta manera, cada vez que un ministro del Interior pretenda vender el cuento que una organización criminal será desarticulada encarcelando a cada persona de la cual se sospeche una mínima relación, o que Lima será Zurich si es que el Ejercito sale a patrullar las calles, lo más probable es que, en toda su demagogia, solo pretenda ponerse al frente de una preponderante y displicente fotografía.

¿Hay entonces alternativas? Por supuesto que las hay. Existen especialistas en diversas disciplinas científicas que pueden con mucha facilidad proponer mejores hipótesis sobre la naturaleza del crimen, se pueden formar grupos de élite de investigación e inteligencia, tanto policial como civil, y como no trabajar de la mano con los barrios, las comisarias, parroquias, clubes de madres y demás para trabajar en prevención del crimen, sobre todo entre los más chicos, a través del deporte y la cultura. Sin embargo, todo esto pasa por primero tener autoridades capaces de decirse a sí mismos “capaz estoy equivocado”, para así, de verdad, poder entender para luego combatir.