A un mes de lo ocurrido en Pataz, por José de Echave

El 25 de abril ya se sabía que un grupo de trabajadores de seguridad que habían ingresado a una de las galerías subterráneas de Minera Poderosa -operada por un tercero-, había sido secuestrado. Fueron contratados para realizar un operativo de desalojo de invasores que contaban con el respaldo de las bandas criminales que operan en la zona.

Sin embargo, el gobierno de la señora Boluarte dudaba de la veracidad del secuestro. Unos días después de las torpes declaraciones del ex PCM, Gustavo Adrianzén, video de por medio, los cuerpos sin vida fueron encontrados.

Lo que ha pasado en todas estas semanas es una sucesión de hechos que muestran que el gobierno pretende hacer creer que está enfrentando un fenómeno que conoce y lo cierto es que no tiene la menor idea de lo que tiene al frente. Para comenzar deberían enterarse de que ellos mismos (y el Congreso) han reducido en casi 20 millones de soles la partida del Presupuesto de la República destinada al combate a la minería ilegal. Por lo tanto, cualquier anuncio rimbombante de alguna acción en Pataz no cuenta, ni siquiera, con respaldo presupuestal.

Hagamos un esfuerzo serio de acercarnos a todo lo que está en juego en Pataz y, más aún, analizar todo lo que se mueve hoy en día en relación a la explotación de oro en el Perú.

Pataz, un caso que puede ser no tan aislado

La Libertad ocupa el primer lugar en la producción de oro en el país. Desde hace un tiempo desplazó a Cajamarca, hoy en día relegada a un tercer lugar. La riqueza minera de Pataz es reconocida ancestralmente, como lo menciona la propia Poderosa: “La riqueza aurífera de la provincia de Pataz es conocida desde siempre. Ahí se trabaja ancestralmente la minería tanto de manera artesanal, como a través de empresas. Se sabe que las primeras familias que habitaron la zona se aventuraron en esta actividad a pequeña escala” (www. poderosa.com.pe).

Está claro que esta es una zona con una presencia histórica de pequeña minería y minería artesanal, realizada por sus pobladores y que la llegada de Poderosa y otras empresas, seguramente, resquebrajaron los equilibrios productivos preexistentes. Minera Poderosa se funda en 1980.

Estos cambios en el mapa de la producción minera de la zona se fueron dando abruptamente y se aceleraron a partir de las reformas de la década del 90. Lo cierto es que si vemos en la actualidad el mapa de concesiones mineras   podemos tener una idea de lo que pasa actualmente en Pataz: casi el 80% de su territorio está ocupado por concesiones mineras. 

Una aproximación a los titulares de las concesiones mineras da como resultado que Minera Poderosa es de lejos el actor más relevante, con casi el 21% de las concesiones mineras, seguido de lejos por el Consorcio Minero Horizonte, Minera Aurífera Retamas, entre otros. Sin embargo, es importante notar que hay una larga lista de pequeñas empresas e, incluso, personas naturales que son titulares de concesiones mineras en la provincia. Incluso, luego de la identificación de los 20 principales titulares mineros, casi el 44% de la superficie concesionada tiene a pequeños titulares.

¿Esto significa que en Pataz conviven con cierta armonía empresas mineras como Poderosa con una pequeña minería extendida? Todo indica que, si bien se da la coexistencia, la realidad es bastante más compleja. Visitar la zona y conversar con los actores ha sido importante para recoger percepciones de esta compleja relación.

Por lo general, la percepción que se recoge es que empresas como Poderosa han acaparado concesiones en las zonas con mayor riqueza geológica, sobre todo en el norte de la provincia. Esto le ha quitado espacios vitales a la pequeña minería de la zona, sobre todo en el distrito que lleva el mismo nombre que la provincia.

Sin embargo, también es cierto que Poderosa ha firmado un número de contratos de explotación con pequeños mineros. Se habla de 300 contratos firmados por la empresa, con diversos compromisos. El caso de Segundo Cueva, natural de Pataz, el empresario que contrató a los 13 trabajadores asesinados, es un buen ejemplo de este tipo de acuerdo: “Nosotros tenemos un contrato de exploración y explotación con la Compañía Minera Poderosa. Trabajamos del nivel 2.410 al nivel 2.520” (La República, 21 de mayo).

Los altos precios del oro, entre varios otros factores, ha provocado una presión nunca antes vista en Pataz y en otras partes del país, acompañada de violencia y la presencia de bandas criminales que buscan apropiarse del mineral extraído y controlar las zonas de producción.

Desde el 12 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en Pataz, lo que significa que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía, supuestamente, habían asumido el control interno. Los hechos muestran que esta medida no ha funcionado y los enfrentamientos armados, atentados y asesinatos, no han cesado.  

El estado de emergencia está pensado para actuar en la superficie. Sin embargo, un dato clave es que la disputa armada no se da en la superficie, ocurre sobre todo en los socavones con el objetivo de controlar las galerías y labores mineras. Por ejemplo, se sabe que alrededor de 30 sectores de la unidad de Santa María, una de las zonas de mayor producción de Poderosa, habían sido capturadas por bandas delictivas. La propia Policía ha reconocido que no tiene ni la capacidad, ni la experiencia y tampoco el equipamiento necesario para operar bajo tierra. Finalmente, las empresas terminan contratando a civiles para realizar los operativos bajo tierra, con las consecuencias que ya conocemos.

Otro ejemplo de que el estado de emergencia no funciona es que, según algunos informes, en esta provincia de La Libertad hay 52 plantas que operan el mineral extraído, que luego es transportado sin ningún tipo de control por parte de las autoridades. En los últimos cuatro años, habrían salido unos 33,708 volquetes cargados con 674.16 toneladas de oro, por un valor de US$3,500 millones.

La necesidad de pensar en enfoques alternativos

Cualquier salida seria para casos como el de Pataz, necesita identificar a los actores sociales que puedan asumir plenamente la tarea de revertir una situación que se ha desbordado. Todo indica que, en Pataz, con todos los antecedentes históricos, uno de esos actores debería ser el pequeño minero, el minero artesanal (si todavía existe), el informal que, además, tiene la obligación de diferenciarse del ilegal que coquetea con el crimen organizado. Además, se debe sumar a otros referentes claves, como las rondas campesinas que también forman parte de la historia de la provincia.  

Que quede claro que Minera Poderosa no es el único afectado por lo que está pasando en Pataz y que hay un número importante de pequeños mineros que están en medio de la violencia y que sus operaciones han sido capturadas por el crimen organizado.

Es clave identificar y atender las demandas de los pequeños mineros y esto es válido para Pataz y para el resto del país. Y una de las demandas es dónde van a trabajar y cómo se rompe el proceso de acaparamiento y la especulación de concesiones mineras. A la pequeña minería no se le puede dejar solo lo que a los otros no les sirve.

El objetivo de una estrategia alternativa debería ser aislar a los que asesinan, a los que vuelan torres, a los que roban minerales y a los ilegales aliados de las bandas criminales.