Congresistas buscan blindar sus delitos
Comisión de Constitución aprueba por mayoría predictamen que intenta restaurar la inmunidad parlamentaria.
Con el predecible sesgo de un Congreso que persiste en minar la institucionalidad democrática del Perú, el día de ayer, la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento aprobó —por mayoría— un predictamen que plantea restablecer la inmunidad parlamentaria, lo cual reincorpora privilegios, a todas luces, antijurídicos.
La iniciativa proviene de los congresistas Wilson Soto, de Acción Popular, y José María Balcázar, de Perú Libre. El proyecto propone una reforma constitucional al artículo 93 de la carta magna, mediante la cual se eximiría de responsabilidad penal a los congresistas por la comisión de delitos comunes, salvo en casos de flagrancia. Esta disposición incluiría tanto delitos cometidos durante el ejercicio del cargo como aquellos perpetrados en su transcurso desde el 2026.
El proyecto ha recibido el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular y Somos Perú.
La propuesta, aprobada por 14 votos a favor, establece además hasta 30 días para admitir el levantamiento del fuero, lo que en un delito flagrante permitiría al parlamentario que delinque fugar fácilmente.
En particular, se alerta de que las investigaciones por delitos comunes a los congresistas podrían quedar supeditadas a arbitrariedad de la mayoría del Congreso. Ha sido el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi quien aseveró el privilegio antijurídico que se plantea otorgar a los parlamentarios, incluso en caso de delitos flagrantes.
Las diversas opiniones técnicas ya remitidas a la Comisión de Constitución —y que han sido ignoradas— sostienen que esta reforma socavaría la integridad del sistema democrático y de la administración de justicia, al debilitar los mecanismos de responsabilidad de los funcionarios públicos. La inmunidad parlamentaria, lejos de ser un instrumento de protección institucional, podría convertirse en un “blindaje legal” que propicie abusos y delitos, lo que agudiza aún más la desconfianza ciudadana hacia el sistema político.
Aunque se ha establecido que la medida no sería aplicable a delitos cometidos antes de 2026, lo cierto es que abre una peligrosa puerta para quienes, usurpando la función pública, actúen al margen de la ley.