La masacre en Pataz no debe quedar impune
Minera Poderosa confirmó la muerte de los 13 mineros secuestrados por criminales armados y ligados a la minería ilegal.
El secuestro y posterior asesinato ocurrido en Pataz es una tragedia que requiere la atención de todos los peruanos. No solo evidencia la fragilidad de la vida hoy asediada por el crimen organizado, sino también la responsabilidad del Estado en la desprotección ciudadana.
El 30 de abril, hace tan solo 6 días, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, brindó unas declaraciones en las que desestimaba la información que ya existía sobre el secuestro. Hizo referencia a la información no solo de la empresa, sino la del propio Gobierno.
En circunstancias normales, una autoridad política que minimiza la gravedad de una crisis de tal magnitud debería enfrentar consecuencias inmediatas. En un gobierno mínimamente decente, su renuncia o censura sería inevitable, pero en este caso, como ocurrió con las muertes en las protestas en Puno, Ayacucho y Lima, la indiferencia sigue prevaleciendo.
La situación se complica aún más al considerar el contexto en el que se desarrollaron estos hechos. Que esta masacre haya ocurrido en un estado de emergencia declarado por el Gobierno de Dina Boluarte, y avalado por el presidente del Gobierno regional, César Acuña, es un testimonio del fracaso total del rol gubernamental de preservar la paz social.
Con absoluta claridad, la empresa minera Poderosa ha denunciado la inacción del Estado, la colusión entre la minería ilegal y el crimen organizado, así como la falta de medidas efectivas para excluir a los ilegales del Registro Nacional de Inversión en Energía y Minería (Reinfo).
Y, sin embargo, ni el Gobierno central ni regional se toman en serio estos pedidos desesperados que deberían ser prioridad. Por mucho que digan ante las cámaras que no existe violencia o que los estados de emergencia están surtiendo efecto, es más que tangible que la protección de los ciudadanos ha quedado relegada frente al desdén e intereses particulares de unos pocos actualmente en el poder.
No solo el Gobierno debe replantear su estrategia contra la criminalidad con inteligencia policial. Esta calamidad social debe tener responsables. Que Adrianzén haya porfiado su labor de control frente a la violencia en Pataz y tenga hoy estos resultados lo hacen el principal responsable en esta debacle.
Los peruanos no deben acostumbrarse a esta barbarie ni permitir que tragedias como la de Pataz se repitan. La vida de cada ciudadano cuenta, y es responsabilidad del Estado protegerla.