Fraternidad perversa, por Eliana Carlín
¿No es contradictorio hablar al mismo tiempo de responsabilidad social o sostenibilidad y financiar alternativas por las que apuesta el crimen? No está de más plantear estas preguntas en foros empresariales, como CADE, sobre todo mientras nos acercamos a 2026.
En estos momentos vienen ocurriendo cosas centrales en nuestra no-democracia. Esta semana se está discutiendo y debe aprobarse el presupuesto público para el año 2025. Paralelamente —o en un mundo paralelo— se está desarrollando la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2024; y finalmente, hay un campamento de mineros artesanales instalado en la Av. Abancay desde hace ya diez días, pidiendo que se amplíe el infame REINFO. Es justamente respecto a las coincidencias que tienen los protagonistas de estos hechos que quisiera reflexionar.
El crimen organizado, en su diversidad, es un flagelo que nos afecta diariamente. Las causas son tan diversas que es imposible abordarlas en tan pocas líneas. Sin embargo, lo que es evidente son los espacios y momentos en que confluyen la legalidad y el crimen. Hay una “bolsa común” en la que se han sumado los recursos de —en teoría— lo más formal de nuestro país y las economías criminales: el financiamiento de campañas electorales, que en la práctica es el financiamiento de partidos. Tras un breve receso en el financiamiento privado de partidos, todo parece indicar que estamos por regresar a este mecanismo, ya que acaba de ser aprobado en la Comisión de Constitución y está listo para discutirse en el pleno.
Si financias un partido político, a sabiendas de que también lo financian el narcotráfico y la minería ilegal, cumplir las normas del financiamiento de partidos es solo una formalidad que permite hacerse socio del crimen sin consecuencias legales. En la práctica, todos los financistas persiguen el mismo objetivo: fortalecer la operación política que beneficia sus economías. En un lado están los intereses empresariales e incluso gremiales; y en el otro, las economías criminales.
Si agrupamos a los actores legales, la fórmula queda muy mal. Tenemos a empresas formales + partidos políticos auspiciando, por ejemplo, la minería ilegal, a través del financiamiento de partidos. Una fraternidad perversa que ha llevado a la agonía a nuestras instituciones.
En este caso, a diferencia de las organizaciones criminales, sobre los grandes grupos de poder económico formal sí se debería poder hacer accountability, y por eso es importante preguntarnos si, a sabiendas de esto, ¿hay voces disidentes dentro de estos espacios? ¿No es contradictorio hablar al mismo tiempo de responsabilidad social o sostenibilidad y financiar alternativas por las que apuesta el crimen? No está de más plantear estas preguntas en foros empresariales, como CADE, sobre todo mientras nos acercamos a 2026.
