De incapacidades no solo estatales, por Eliana Carlín
No hay duda de que las nuevas tecnologías plantean grandes desafíos, y aunque es cierto que la burocracia estatal está anquilosada, no se puede vivir señalando las ineficiencias ajenas y cayendo en el maniqueísmo de lo público o privado.
Sabemos de sobra que los servicios públicos en el país deben mejorar. Los peruanos merecemos una mejor educación pública, seguridad social oportuna y de calidad, un entorno más seguro para poder desarrollarnos, y un amplio etcétera que evidencia la brecha entre el Perú y los países desarrollados. La capacidad estatal se define y evalúa de manera compleja. De forma simplificada, podemos hablar de las variables de alcance y fuerza del Estado, que resaltan que no es suficiente la presencia estatal para garantizar una cobertura adecuada de servicios de acuerdo con nuestros derechos básicos.
Una definición mínima señala que un Estado demuestra capacidad cuando tiene la habilidad para alcanzar sus objetivos. Así, existen múltiples estudios que vinculan la evaluación de la capacidad estatal con cuestiones como la democratización, la provisión de bienes y servicios públicos, el crecimiento económico, la estabilidad del régimen, la protección de los derechos humanos, la generosidad del Estado de bienestar, entre otros (Vaccaro, 2022). El momento político y económico actual nos coloca en una mala situación en todas estas áreas, lo cual se refleja en el casi 30% de pobreza monetaria que nos afecta.
Pero esta visión pesimista de los servicios suele atribuirse exclusivamente al sector público. En este marco, me pregunto: ¿qué hubiera pasado si el Banco de la Nación hubiera sido objeto de un hackeo masivo, permitiendo la filtración a terceros de información de millones de peruanos y peruanas? Imaginemos, además, que se trata de información sobre ingresos, pagos, empleo, situación crediticia, etc. Solo al imaginarlo puedo escuchar los gritos pidiendo privatización: “¡Ineptos!”, “¡es imperdonable!”, “no hay excusa que valga”.
Pues esto último es lo que le ha sucedido esta semana a Interbank, afectando a por lo menos 3 millones de clientes. No hay duda de que las nuevas tecnologías plantean grandes desafíos, y aunque es cierto que la burocracia estatal está anquilosada, no se puede vivir señalando las ineficiencias ajenas y cayendo en el maniqueísmo de lo público o privado. La mejora en el diseño de los servicios de acuerdo con las necesidades de los usuarios, la seguridad informática, la gestión óptima de proyectos, la gestión de crisis y muchos otros aspectos son de enorme importancia en cualquier organización, sea esta pública o privada. En esa misma línea, existen excelentes funcionarios capaces de resolver problemas en todos estos aspectos, tanto en el Estado como en el sector empresarial, quienes enfrentan desafíos similares. Ojalá que este momento difícil tenga como secuela positiva la generación de sinergias.
