La patria y la política exterior, por Manuel Rodríguez Cuadros

Por razones de política interna y de las tempranas contradicciones con la Gran Colombia, cuyos ejércitos libertadores permanecieron en el Perú ya expulsados totalmente los españoles, nuestra historia definió la efemérides patria el 28 de julio. Fecha de la proclamación política de la independencia. Y no el 9 de diciembre, día de la victoria militar y política contra el imperio español, que puso fin a la historia colonial en el Perú. En Ayacucho se consagró realmente la independencia del Perú. Y se consolidó la de toda América Latina. Ayacucho tiene ciertamente mucho mayor significación histórica que Huaura.

En todo caso, entre 1821 y 1824, luego de tres siglos de colonialismo español, el Perú se constituyó nuevamente en un Estado independiente. Como lo había sido el fenecido imperio universal del Tawantinsuyo. La creación del nuevo Estado –así como el imperio no logró constituir una Nación Inca– antecedió a la formación de la Nación. Se institucionalizó sobre una base social e identitaria fraccionada, con sentimientos patrióticos diferenciados, vinculados a la tierra donde se nació. La Nación no vino con un automatismo juridicista. Se ha ido edificando y consolidando en el tiempo. En una amalgama social compleja y difícil.

La Patria es una construcción histórica, cultural, sociológica y jurídica. Pero también subjetiva. Donde la unidad debe encontrarse en su realidad diversa y plural. Ese proceso ha abarcado 200 años. Hemos pasado, parafraseando a Arguedas, de las originarias patrias de los zorros de abajo y los zorros de arriba, a la patria de todos. Con sus grandezas y sus desigualdades. La tarea de las actuales generaciones es consolidar la patria única. De todos. En su realidad plural y diversa. Haciéndola fuerte y digna, disminuyendo las desigualdades y eliminando la discriminación.

El hecho independentista tuvo una dimensión interna y otra internacional. Para el Perú fue gravitante el externo. La confluencia de las corrientes libertadoras del sur y del norte del continente en suelo peruano lo explica todo. La impronta internacional fue el percutor de la independencia nacional. Y en estos dos últimos siglos lo ha seguido siendo. Por eso la política exterior en el Perú siempre ha sido una variable de la política interna. Y viceversa. Basadre resumió la vida peruana como un resultado de las tensiones internas y externas.

Hoy la patria, en el siglo XXI, en el mundo global inestable de nuestros días, sigue teniendo en su relación con el mundo una de las claves de su destino. Por ello la política exterior es esencialmente la dimensión externa del problema peruano. Existe, más que en cualquier otro periodo de la historia nacional, una interrelación de mutua implicación entre la patria, como hogar de todos, como referente del Estado nacional, y la política exterior. Entre Nación y diplomacia.

La política exterior debe defender y realizar los intereses del “nosotros” , no solo de unos sectores o fracciones de la sociedad. Menos las opiniones o convicciones personales –por más respetables que sean– de los funcionarios responsables de dirigir la política exterior, sea la presidenta de la República o el ministro de Relaciones Exteriores. Toda persona puede opinar, libremente, en términos personales, sobre los hechos internacionales o la diplomacia nacional, menos, justamente, los responsable de la política exterior. Ellos representan al Estado, a la Nación. Lo que digan o hagan no representa su opinión subjetiva. Ellos hablan a nombre de la Nación, del Estado y la sociedad. Y están obligados a reflejar en su discurso los intereses nacionales.

Los intereses nacionales tampoco son una inspiración de los responsables de la política exterior. Tienen un grado amplio de objetividad. Se derivan de las condiciones de la territorialidad y la realidad geográfico-estratégica del país, de la vida e historia nacional, de las necesidades objetivas de la población, del pacto social colectivo, de la historia diplomática que ha interpretado y ejecutado esas aspiraciones, así como del marco jurídico constitucional que refleja los consensos nacionales.

Hay, entonces, en los intereses nacionales por lo menos cuatro sustentos de una naturaleza objetiva, que los responsables de la política exterior no pueden soslayar y que, por el contrario, están obligados a respetar y cumplir: 1) el maco constitucional de la política exterior, que mal que bien es una expresión de consensos jurídicamente imperativos; 2) la independencia y autonomía nacionales inherentes a la condición soberana del Estado; 3) las consecuencias territoriales y geográficas de nuestra condición de país andino, amazónico, con proyección al Pacífico Sur, megadiverso con una amplia gama de ecosistemas; 4) la acumulación histórica y los procesos de inserción externa del Perú en la paz y la guerra, y en la búsqueda de condiciones de vida y bienestar para toda la población, así como la tradición jurídica propia del derecho internacional que por generaciones se ha consolidado, justamente, como un paraguas jurídico de nuestra autonomía, independencia y soberanía nacional; 5) los mandatos constitucionales de la política exterior: defensa y preservación de la democracia y el Estado de derecho, deber de garantía para el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y medio ambientales de la población; prioridad latinoamericana de la política exterior; y 6) la preeminencia de los tratados internacionales sobre las leyes internas, como una garantía de la estabilidad jurídica del Estado de derecho.

La incorporación y consecución progresiva de estos intereses nacionales permanentes dotan a la política exterior de su naturaleza y carácter de Estado. Los Gobiernos pueden añadir otros, más o menos temporales, en ámbitos espaciales o temáticos: son intereses políticos gubernamentales. Legítimos. Pero siempre deben guardar coherencia y sindéresis con los intereses nacionales. Cuando por razones ideológicas o por la representación de intereses de fracciones de la sociedad, contrarias al “nosotros”, del hogar común que es la Patria, se adoptan decisiones de política exterior contrarias a la objetividad de los intereses nacionales, la diplomacia entra en crisis. En crisis de su representatividad nacional.

Esta situación extrema se da cuando la política exterior, en vez de garantizar los derechos humanos de la población, cobija su violación, consagra la impunidad y restringe el acceso a la justicia supranacional de la Corte Interamericana de Justicia.

También se atenta contra los intereses nacionales permanentes de la Patria, cuando se afecta la vida democrática, el Estado de derecho, la separación de poderes y un sistema electoral justo y democrático. Cuando se atenta contra la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones o se politiza la elección de jueces y fiscales.
Ir a contramano de los intereses nacionales permanentes es desconocer unilateralmente las obligaciones internacionales del Estado democrático. Los tratados no se imponen. Se negocian, en uso y ejercicio de la soberanía nacional. Por un bien mayor para la población. Decir que un tratado internacional viola la soberanía, cuando se adopta en uso de la soberanía, es una ignorancia jurídica mayor. Se trate de la Convención Americana de Derechos Humanos o los tratados de libre comercio.

Un objetivo nacional permanente, un mandato constitucional es una adecuada política de fronteras y la prioridad latinoamericana. No es acorde con este imperativo, por razones ideológicas, mantener en la inercia a la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, luego de la grita por la secretaría pro tempore, o una silente ausencia en la CELAC. Como tampoco lo es la crisis irresuelta con México, Colombia y Bolivia. La “diplomatie n’est pas un dîner de gala”, como dice Claude Martin (“la diplomacia no es una cena de gala”). Consiste, precisamente, en solucionar problemas. Y, más que problemas, crisis. En realizar intereses nacionales.
La patria demanda regenerar la vida democrática en el Perú . Demanda también enchufar la diplomacia en la realidad nacional.