La agresión sexual no es práctica cultural
Penosas declaraciones de los ministros de Educación y la Mujer que convalidan delitos cometidos por profesores contra menores de edad.
¿Qué diferencia una práctica cultural de una agresión sexual? Básicamente que en el primero es una convención que determina y da validez a una acción colectiva. En el segundo caso, se trata de 500 niños y niñas awajún y wampis que han sido agredidos sexualmente por profesores, según refieren las denuncias de la misma comunidad. No son vivencias comunitarias ni relaciones sexuales consensuadas entre personas de edad similar y admitidas como habituales entre la propia población awajún y wampis. Son actos de violencia realizados por los maestros que abusaron de su posición de autoridad y dominio para violentar a menores que estaban a su cargo y bajo su responsabilidad.
¿Cuál es el componente cultural, si incluso algunos de esos niños y adolescentes están ahora contagiados de VIH o de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual? Porque, si se tratase de una práctica cultural, no serían los miembros de la comunidad y los propios niños los que denuncien los abusos.
Es realmente inaudito que autoridades como el ministro de Educación y la propia ministra de la Mujer hayan utilizado el argumento de la práctica cultural para zafarse de responsabilidad y no estar obligados a actuar ni a responder.
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El ministro Quero sabe que la denuncia es sumamente grave. Que hubo negligencia y que no se actuó como la ley manda. Solo una intervención inmediata podría amenguar la responsabilidad del Minedu, en un caso que se denunció públicamente.
Con respecto a la titular de la Mujer, es lamentable que se sume al coro de los aduladores para pontificar incluso sobre las relaciones sexuales tempranas en comunidades nativas, sin darse el trabajo de atender las denuncias y promover la investigación, que es lo básico en este tipo de situaciones. Todos los protocolos y garantías que promueven y difunden desde el MIMP se convierten en letra muerta con la conducta de su ministra. Tenemos como sociedad el mandato de proteger a los menores de edad, incluso del propio Estado, negligente, colonial y más ajeno que nunca.
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