Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, por Rosa María Palacios

Es poco probable que una mayoría de peruanos lea una sentencia y menos una en la que no se es parte. El lenguaje jurídico engaña, enmascara, confunde y, sobre todas las cosas, cansa por aburrimiento. Una letanía de reiteraciones espanta al más recio. Toneladas de papel después, el ciudadano confía más en el titular de prensa que en el texto incomprensible de una decisión judicial. Nunca ha habido un esfuerzo sincero del sistema de justicia de acercar su lenguaje a la gente común y corriente o de escribir una historia lineal, comprensiva, del relato sobre el cual se quiere justificar una sentencia. Tal vez por eso sea más fácil, cuando más alto se está en la judicatura, creer que se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo, sin consecuencia alguna.

El ejemplo más reciente lo trae el Tribunal Constitucional. La Constitución prohíbe a todos (administrador de justicia o no) “avocarse a causas pendientes”. Es decir, si mi proceso tiene un trámite, sigue ese trámite, sin atajos, desvíos o metidas de mano de otros. Eso es, en simple, el debido proceso, y eso es una garantía fundamental contra la arbitrariedad. Una regla sencilla, ¿verdad? Nada complicado de explicar. Si yo apelo, tengo que esperar que resuelvan la apelación. ¿A alguien le parece oscuro algo tan claro?

Pues el TC ha inventado su propio camino. Nos ha dicho esta semana que pueden avocarse a lo que les dé la gana porque son “el supremo intérprete de la Constitución”. Una versión del mismo cuento de “primer poder” del Congreso que exhiben como único argumento para invadir y violar las competencias de otros poderes del Estado arrasando con principios elementales, envueltos en un lenguaje incomprensible porque creen que con eso basta para engañar a la ciudadanía.

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El mismo día que se denuncia el contubernio entre el fiscal Huamán, brazo derecho de Patricia Benavides, y el presidente del TC, Francisco Morales, para “arreglar” (consiguiendo el apoyo de 4 magistrados más) una acción competencial interpuesta por Benavides contra la JNJ, se la declaran infundada. Así, no levantan sospechas, ¿verdad? Pero los mismos 5 resuelven otra, esta vez entre el Congreso y el Poder Judicial, para conseguir el mismo objetivo oculto: evitar, a como dé lugar, la destitución de Benavides, investigada por enormes faltas disciplinarias y gravísimos delitos como exfiscal de la Nación. En esta segunda acción competencial declaran sin efecto una medida cautelar favorable a los miembros de la JNJ Tello y Vásquez, arbitrariamente inhabilitados (en forma y fondo) por el Congreso, hasta que la Corte Suprema resuelva la apelación planteada por el Parlamento. Con eso, detienen la destitución inminente.

¿Puede hacer eso el TC? No. No puede. Por ley, la apelación de una cautelar no tiene efecto suspensivo. Es decir, no se suspende la protección que da. Si fuera como dice hoy el TC, ¿para qué pedir cautelar algo con urgencia si tienes que esperar una apelación? ¿No es bastante simple de entender este atropello? El TC no puede meterse en un proceso en trámite y menos para hacer lo que la ley le prohíbe hacer. Fallar contra el texto expreso de la ley se llama prevaricato en el Código Penal y es un delito. Pero si la Fiscalía acusa a los 5 magistrados cómplices de este atropello, ¿saben quién tiene que decidir su destino? Este Congreso. Exactamente el que está litigando contra el Poder Judicial. El antejuicio al que tienen derecho debería llamarse “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”, porque ese es hoy el mafioso criterio parlamentario.

Salvo los miembros del TC, a esta hora no encuentro un solo abogado decente que no esté avergonzado, pero, sobre todo, preocupado. ¿A qué extremos se puede llegar? Esta no es más que la cúspide de una carrera que ya tiene meses para el TC. Han hecho y seguirán haciendo barbaridades. Por ejemplo, ¿se puede modificar la Constitución por ley? No, no se puede. ¿Fácil, verdad? Bueno, para este TC, sí se puede. Eso es lo que han hecho con la cuestión de confianza y la disolución del Parlamento, instituciones que están en la Constitución exactamente iguales desde 1993, pero que, mediante una ley, no tienen ya ninguna función real por impracticables. ¿Se pueden inventar instituciones que no existen en la Constitución como la revocatoria del mandato presidencial por una mayoría calificada? No, no se puede. Pero para este TC omnipotente, sí se puede. Hace pocas semanas convalidaron la “sedición por mayoría”, un nuevo hito en el derecho anticonstitucional.

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Toda dictadura necesita ropaje jurídico. No hay dictador al que no le encante que lo llamen “presidente constitucional”, aunque se haya mandado a hacer su propia Constitución. Mientras más enrevesado ese ropaje, mejor. Ahí estará una legión de abogados Truquini, sacando la batería de fuegos artificiales para confundir la verdad y la justicia con la mentira y el abuso. El pacto de facto del Congreso (donde la ideología es irrelevante) y la confesa presidenta Rolex gozan de buena salud, amparados por una “ley” al gusto del cliente.

Así es como estamos perdiendo la democracia todos los días ante el pavoroso silencio popular. ¿Quién resiste hoy? El sistema electoral (sus titulares denunciados), la JNJ (perseguida) y sectores sanos del Ministerio Público y el Poder Judicial. Son el último bastión antes de que caiga completa la democracia. El problema es que estos últimos contrapesos también tienen graves falencias. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están atravesados por la corrupción donde se compran fiscalías enteras, fallos a la medida y archivamientos tramposos. Pero lo que es más alarmante, con institucionalidad tan débil, terminan cediendo al abuso. El caso de la Fiscalía que dirige Marita Barreto, allanando la casa de Juan Carlos Tafur para conseguir sus fuentes, o el caso de la amenaza del mismo procedimiento por parte del fiscal Alcides Chinchay contra Gustavo Gorriti, con el mismo objetivo, dan cuenta de que tampoco son instituciones respetuosas de los derechos fundamentales.

Las calamidades no vienen de a una, dicen. Pues a esta desgraciada situación se une otra peor: según S & P, estamos a un escalón de perder el grado de inversión con el consiguiente encarecimiento del crédito para todos los peruanos. ¿Quién resiste? Pocas instituciones como el BCR, la SBS o el Consejo Fiscal, pero este último insultado y amenazado por uno de los aliados favoritos del régimen. La expulsión (órdenes de Boluarte) de su presidente, Carlos Oliva (que solo alerta sobre el despilfarro fiscal), es solo un síntoma de la peligrosa enfermedad que vamos a recorrer. Una década jugando con la economía, desde la política, acaba solo en retroceso y ahí estamos estacionados.