Las élites peruanas son un mar de contradicciones y muestran a cada instante un doble rasero. Esta semana, hemos visto varios ejemplos que, aunque sean para muchos una raya más al tigre, merecen ser registrados, claramente, al menos para ejercitar nuestra conciencia ciudadana.
En castellano usamos la palabra francesa affaire para dar cuenta de aventuras románticas ocasionales que, al salir a la luz, se tornan escandalosas. Pero también puede ser usada para dar cuenta de negocios. Siendo así, al menos para mí, la historia de los Rolex de la presidenta se parece más a la de un negocio que a la de un romance.
Esta semana, hemos visto a algunos congresistas, defensores oficiosos de la señora Boluarte, desarrollar la hipótesis del “fan enamorado”, construida por su abogado, para explicar la aparición repentina de joyas de lujo en el ajuar presidencial. Desde esta perspectiva no estaríamos ante un posible caso de desbalance patrimonial o de corrupción de funcionarios, sino ante una malentendida historia de amor.
Pretenden equiparar un ramo de flores o chocolates muy finos con la compra de una joya de cerca de 70.000 soles, como si fueran equivalentes. ¿Tiene sentido que un regalo de cortejo pueda valer más que una casa de Techo Propio? No, claro que no son equiparables.
Hay una desproporción grosera entre lo que puede ser calificado como un regalo bienintencionado y lo que podría ser entendido como una potencial coima. Peor aún si quien habría hecho el regalo es una autoridad regional y, sobre todo, si esta ha recibido recientemente una ampliación presupuestal de 100 millones de soles en un decreto de urgencia ad hoc, que contradice la supuesta política de austeridad que anunció el premier Gustavo Adrianzén.
Como parece que les va quedando claro que no estamos para cuentos chinos y que la historia es insostenible, ayer la mandataria intentó darle un giro a la telenovela y ahora asegura que su wayki Oscorima —como ahora llama al gobernador regional— no se lo regaló, sino se lo prestó. Una frase más para la galería de dichos de la política peruana, en la que el cambio de verbo no altera el resultado. Este sería un préstamo muy peculiar, por no decir inverosímil, que se inició ni bien se compró el reloj —es decir, Oscorima no lo habría usado antes— y que duró más de un año, como lo hace notar el programa ‘La encerrona’.
La historia de un romance distrae y activa el morbo local, pero no sirve como explicación real de lo que podría ser un negocio entre autoridades que disponen del uso de recursos públicos.
La Comisión de Ética del Congreso nos regala otro ejemplo más del doble rasero que maneja la clase política peruana. Recientemente, proponen sancionar a la congresista Susel Paredes por haber llamado “brutos” a sus colegas tras la votación que hicieron para destituir a dos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Algo que debió simplemente archivarse o, en el peor de los casos, merecer una llamada de atención y un pedido de disculpas, cosa que además ya hizo la congresista, quien ha terminado con una propuesta de multa de 60 días de su remuneración. Absolutamente desproporcionada esta posible sanción en relación con el hecho objeto de evaluación. Pero esta desproporción crece aún más cuando se analizan las sanciones que ha propuesto esa misma comisión en otros casos. Veamos algunos de los ejemplos más descarados.
Rosio Torres Salinas, congresista por Loreto, es acusada de ser una de las mochasueldos del Congreso. Concretamente, se le acusa de exigir a sus trabajadores depositar parte de su sueldo en la cuenta de su sobrino. Caso similar al de Heidy Juárez Calle, congresista por San Martín y exministra de la Mujer. En ambos casos, la Comisión de Ética declara fundadas las denuncias y propone sancionar a las parlamentarias —por hechos que supondrían un delito grave— con 30 días de su remuneración.
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Es decir, ¡para estos padrastros de la patria, un potencial delito que implica una probable apropiación de recursos de trabajadores es la mitad de grave que decirles “brutos” a los parlamentarios después de un debate acalorado! El mundo al revés.
La propuesta de sanción a Susel Paredes no responde a una valoración del agravio, sino al nivel de fastidio que les genera una parlamentaria con convicciones claras. Por si esto fuera poco, la decisión de la comisión requirió de un voto dirimente, el del congresista Diego Bazán, presidente de dicho grupo.
Bazán, que saltó a la luz por su renuncia a la comisión que investiga empresas chinas en el Congreso tras ser invitado a un viaje a China —el chiste se cuenta solo—, es miembro de Avanza País, partido representante de la incoherente derecha peruana. Su voto dirimente abre la posibilidad de una sanción que no es otra cosa que un amedrentamiento, equiparable a las sanciones que quiere imponer el Gobierno de Maduro a los parlamentarios incómodos al régimen. Con acciones como esta, ¿se dicen defensores de la libertad?
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Pero las contradicciones no están solo en el sector público, sino también en el privado. Me refiero al cobro que ha anunciado el BCP de 2,95% por cada 1.000 soles de facturación a través del sistema Yape. Creo que afectará seriamente a la microempresa. Explico por qué.
Yape es una app de transferencia financiera que ha revolucionado el manejo de la economía cotidiana. No puedes adquirir un Rolex, ni siquiera uno bamba, pero puedes hacer tus compras sin llevar efectivo. Los pequeños comercios, bodegas y restaurantes se sienten seguros al cobrar con este mecanismo, pues los asaltos a locales están a la orden del día.
Comercios como los señalados tienen márgenes de ganancia menores del 30%; la mayor parte de la facturación cubre costos. Por tanto, el cálculo no es un cobro de casi 30 soles por cada 1.000 soles, sino de 30 soles por cada 300, lo que equivale al 10% de lo que gana con esfuerzo una microempresa peruana.
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Recordemos que en el país se considera microempresa a los negocios que facturan hasta 700.000 soles anuales, algo así como 2.000 soles al día. Y que en la mayoría de los casos, estamos hablando de mecanismos formalizados de autoempleo. El banco, que además controla más del 50% de las cuentas del país, incrementará sus ganancias en detrimento de las familias que, con mucha dificultad, generan su propia economía en un contexto cada vez más adverso.
Si el objetivo de esta medida, como ha señalado el banco, es cobrar a negocios rentables y no a los más pequeños, entonces el cálculo de 1.000 soles al día es totalmente desproporcionado. Tener una posición de dominio en el mercado financiero no solo les debería generar mayor rentabilidad, sino mayor responsabilidad sobre las decisiones que toman.
Ojalá revisen esta medida y den marcha atrás.
Socióloga, con un máster en Gestión Pública, investigadora asociada de desco, activista feminista, ecologista y mamá.