Coalición autoritaria: plan impunidad, por Patricia Paniagua
"Está claro que la impunidad tiene un impacto directo en el debilitamiento de la democracia, debido a que colisiona con la justicia y la paz que de esta se deriva".
Esta semana, el Congreso de la República, a través de la fuerza de sus votos, contraria a la voluntad y el bienestar ciudadano, ha cerrado filas, por enésima vez, en favor del único eje común que comparte la coalición autoritaria hoy en el poder, la IMPUNIDAD.
A la ilegal y arbitraria destitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia, se le ha sumado la aprobación de un dictamen inconstitucional, aunque resulte impensable, salido de la Comisión de Constitución y dirigido a garantizar la impunidad ante crímenes contra los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad al año 2002. Ello debido a que, contra todo sentido, pretenden considerar la fecha de vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (2002) como punto de partida de las obligaciones estatales, con lo que pretenderían desconocer la obligación internacional del Estado peruano, justo a partir de este estatuto, de investigar y sancionar estos crímenes, independientemente de la fecha en que fueron cometidos, y que establece, sin lugar a ninguna discusión, la imprescriptibilidad de estos delitos.
Esta iniciativa inconstitucional y contraria al derecho internacional, que como Estado estamos obligados a cumplir, a todas luces, se constituye en una inaceptable ley de amnistía que busca beneficiar a los perpetradores de estos graves delitos y que podría alcanzar al exdictador y reo Fujimori. Sobre ello, existen pronunciamientos anteriores de la Corte IDH que establecen la inadmisibilidad de las disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad que impidan investigación o sanción de estos delitos.
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Este nuevo agravio para víctimas, deudos y ciudadanía niega el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de gravísimos hechos sucedidos en nuestro país durante el conflicto armando interno (1980-2000) y no puede ser permitido, no solo por su inviabilidad legal, sino porque como sociedad seamos capaces de levantar la voz frente a mayúsculo atropello.
No satisfechos con este despropósito, pretendieron dejar sin sanción a una tristemente denominada congresista mochasueldo, quien por presión fue, finalmente, suspendida tras la votación de una reconsideración, y librada de la inhabilitación que debió corresponderle.
Su insaciable sed de impunidad sin freno los llevó también a derogar el Decreto Legislativo 1607, cuyo propósito era frenar el avance de la minería ilegal y fortalecer el proceso de formalización, con lo que han dejado, una vez más, carta libre para el avance de las mafias y los delitos que subyacen.
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Y la lista podría continuar entre iniciativas concretadas, planeadas y las que siguen en la lista de espera: captura de los sistemas de justicia y electoral, copamiento y debilitamiento institucional, etc., que tienen como propósito central a la IMPUNIDAD, materializada en la corrupción y en la operatividad de todo un aparato delictivo y mafioso que une intereses de una coalición en el poder.
Está claro que la impunidad tiene un impacto directo en el debilitamiento de la democracia, debido a que colisiona con la justicia y la paz que de esta se deriva. Este terrible escenario político explica también el avance del crimen organizado y común que hoy amenaza nuestra seguridad y, lamentablemente, ha abonado a relativizar crímenes execrables de cara a la ciudadanía, cuya tolerancia se vuelve cada vez mayor.
Todo esto debe llevarnos a una reflexión seria y a un firme compromiso ciudadano. La impunidad de la que parecen gozar hoy graves delitos en nuestro país, que nos afecta a todos y contra la que debemos luchar, no puede traducirse en impunidad social.
Nuestra tolerancia cero, indignación y denuncia son una sanción social que debemos imponer con firmeza. Más voz y más acción ciudadana para frenar al ‘plan impunidad’, que arremete contra todo y contra todos, y que erosiona nuestra convivencia social.
