Fujimorismo busca total impunidad
Con dictamen en la Comisión de Constitución que apunta a que no se persigan delitos cometidos antes del 1 de julio del 2002.
Con la votación de 14 congresistas, en la Comisión de Constitución se ha aprobado un dictamen por el que nadie puede ser procesado por delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 1 de julio del 2002.
Se trata de una búsqueda de impunidad que pretende convertir en borrón y cuenta nueva procesos que se han prolongado en el tiempo por la tenacidad de los deudos y las víctimas de la dictadura fujimorista.
La lucha de las víctimas de la esterilización forzosa, las familias de los estudiantes y del profesor de La Cantuta, los deudos de Barrios Altos, y de otros crímenes de lesa humanidad, han significado años de reclamos en demanda de justicia. Han sido ellos, las víctimas del fujimorismo, quienes han logrado ser atendidos por la justicia internacional, que ha valorado la prueba de la inocencia y la firmeza de los reclamos y ha fallado, en diversas causas, a favor de la reparación y el pedido de perdón del Estado.
Esta no es la primera vez que el fujimorismo —en esta ocasión con sus aliados Renovación Popular, APP, AP, Podemos Perú, Avanza País, Somos Perú, entre otros— procura la impunidad para este tipo de crímenes que por su propia definición vulneran los derechos humanos de un grupo de personas: tortura, desaparición, masacres y genocidio constituyen solo algunos de estos delitos.
En plena dictadura fujimorista, un Congreso dominado por esa fuerza política logró conceder la amnistía de militares y policías por hechos ocurridos en el período de 1980 a 1995. Los luctuosos sucesos llevados a cabo en el marco del combate al terrorismo, contra poblaciones desarmadas y que también eran diezmadas por la subversión, obtuvieron impunidad. Treinta años después, una iniciativa similar se plantea en el seno de una comisión del Parlamento con el mismo propósito. Y con casi los mismos impulsores. El Congreso ha sido capturado por un grupo con intereses similares, que derrumban las estructuras del Estado de derecho y vulneran los principios de la legalidad para la defensa de sus intereses.