El otorgamiento del ilegal indulto al exdictador Alberto Fujimori, fruto de componendas de clase política, que implicó un abierto desacato del Estado peruano al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y colocó al país en una grave situación de incumplimiento del derecho internacional vigente y de lo previsto en nuestro marco constitucional, ha merecido este jueves un pronunciamiento de la Corte IDH.
Como era de esperarse, en él se resuelve una supervisión reforzada y se señala que el Estado peruano incurrió en desacato al ignorar las reiteradas resoluciones que le exigieron abstenerse de esta excarcelación a razón de un indulto que no observó los estándares del derecho internacional. Asimismo, se hace un muy serio llamado de atención al Tribunal Constitucional de nuestro país al señalar que este “se arroga una función que no le corresponde” al pretender establecer si una decisión de esta Corte es o no es de obligatorio cumplimiento por parte del país y desconocer con ello la obligatoriedad de todas ellas.
El Ejecutivo, cuya posición cómplice y complaciente con el indulto ilegal todos conocemos, ha sido señalado también en este último pronunciamiento por su acción y omisión frente a la postura del Tribunal Constitucional peruano de contravenir lo establecido por la Corte IDH, lo que se ha visto materializado en la aceptación de dicho mandato, la liberación del reo y su negativa a asumir el incumplimiento por parte del Estado peruano.
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La respuesta que este señalamiento ha merecido por parte de nuestra Cancillería y el Ministerio de Justicia se suma a la larga lista de pronunciamientos ridículos, vergonzosos y con gran alarde de cinismo a los que este Gobierno nos tiene acostumbrados y que apela, contra toda razón, al negacionismo.
Este enfrentamiento agudiza las graves consecuencias que, desde ya, asumirá el país y con él todos sus ciudadanos y ciudadanas, al sumarse a una lista de cinco países: Venezuela, Nicaragua, Haití y Trinidad y Tobago, cuyos regímenes han decidido apartarse de todo marco legal y aislarse de la comunidad internacional, lo cual, sin duda, implica un durísimo golpe a nivel económico, de la confianza en el país y de las inversiones que nos llega en un momento difícil en el que, por primera vez en 22 años, el Ejecutivo incumplirá la regla de equilibrio fiscal, es decir, se gastará más de lo que ingresó, con lo que ello conlleva para la ciudadanía y la recesión que ya venimos afrontando.
Ad portas de celebrar la Navidad, hagamos votos por que el permanente desacato de la clase política actual al mandato y firme voluntad ciudadana de construir un país mejor y a sus justas aspiraciones de vida digna encuentre fin en el más breve plazo y que la desesperanza que nos inflige su impunidad, miseria, perversidad y desfachatez haga crecer en nuestros corazones y voluntades la apuesta firme, en voz y acción, por justicia, paz y bienestar para todos.