Hace poco, la señora Amuruz decidió romper el duelo que debía respetar por el deceso de Hernando Guerra García, vicepresidente del Congreso. Lo rompió montando una fiesta. La fiesta terminó con un disparo. Una persona resultó muerta. Su nombre era Christian Enrique Tirado. Tenía 31 años cuando lo mataron. La información registrada en medios indica que no era un invitado, sino un especialista en audiovisuales que fue contratado para registrar el evento.
Estaba trabajando. Uno de los videos difundidos por los medios muestra que fue sacado del local a empujones sin que nadie lo impida. Le dispararon afuera. El autor del crimen fugó. Al cierre de estas líneas, las autoridades han confirmado que fue detenido en Kazán, Rusia. Aún no sabemos si será expulsado o extraditado, pero probablemente será traído de vuelta.
Esta sería una crónica policial si no hubiera una vicepresidenta del Congreso involucrada, lo quiera o no, en el montaje del evento. La señora Amuruz se ha presentado a sí misma como una invitada más. Pero se trataba del cumpleaños de su pareja. No es difícil notar que pudo hacer cancelar la fiesta o no asistir. A pesar del deceso de Guerra García, optó por dejar que el plan continúe y asistió al evento. Le guste o no, esas dos decisiones la involucran en parte en la historia.
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El homicidio parece claro. Uno de los videos que se han difundido muestra el crimen como resultado de la horrenda decisión individual de quien disparó. Sin embargo, las condiciones que permitieron su fuga no están tan claras como el crimen. Pedro, hermano del autor del disparo, fue a la delegación policial más cercana al lugar. Mientras tanto, Abel, quien disparó, iba al aeropuerto.
La proximidad en edad y biotipo de ambos hermanos puede haber causado una primera confusión. Pero era simple notar que en la escena del crimen hubo dos Valdivia Montoya y en la delegación solo uno. Habría tomado minutos obtener una orden que impida escapar a quien debía ser llevado ante los tribunales de inmediato. Aquí se abrió una ventana, aún no sabemos si deliberadamente, que permitió al prófugo llegar hasta Kazán, donde fue capturado.
Por otro lado, el disparo se produjo en una fiesta montada en un local de alquiler que no tenía vigilantes. El video muestra que antes del disparo no había en el local nadie con capacidad física para detener lo que aún era una gresca. Montar un evento en estas condiciones inseguras no hace a los promotores autores o cómplices de algo como un disparo.
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Pero sí los puede convertir en responsables por los daños producidos. Los deudos de quien muere en estas condiciones merecen una indemnización. Y quien disparó no es el único obligado a pagarla. Los daños también corren a cargo de los organizadores de un evento montado en estas condiciones. Con mayor razón si quién murió estaba trabajando ahí.
Nos equivocamos si pensamos que este asunto se resuelve con la extradición de Montoya Valdivia. Este es un caso que involucra, además del homicidio, una fuga por aclarar y una indemnización por pagar. Las reglas aplicables para cada uno de estos asuntos son distintas. La información puesta ya sobre la mesa puede involucrar a la señora Amuruz en el caso sobre daños civiles. Y las discusiones sobre una indemnización a los deudos deben poder desarrollarse sin que su posición en el Congreso desnivele la mesa de discusiones.
En un entorno institucional mínimamente estable, esta tragedia habría provocado su inmediata renuncia. Ella ha decidido no renunciar. Entonces toca suspenderla en todos los cargos parlamentarios que ostenta hasta que las circunstancias de la fuga y la reparación a las víctimas queden establecidas.
Mínimos morales. Al menos algo de respeto a los deudos.
Director de Azabache Caracciolo Abogados. Abogado especializado en litigios penales; antiguo profesor de la Universidad Católica y de la Academia de la Magistratura. Conduce En Coyuntura, en el LRTV y “Encuentros Muleros” en el portal de La Mula. Es miembro del directorio de la revista Gaceta Penal y autor de múltiples ensayos sobre justicia penal.