La última Cumbre del Grupo del G20, la agrupación de las principales 20 economías del planeta, realizada en la India el sábado, pone en evidencia el avance del empoderamiento de los países en desarrollo para no involucrarse en la pugna por el poder entre Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia y China.
Así, por ejemplo, la declaración final no incluye una condena a la intervención de Rusia en Ucrania, a diferencia de la declaración de la cumbre anterior, desarrollada en Indonesia, en noviembre del 2022, en la cual el presidente Zelenski participó vía Zoom. El Gobierno indio ha señalado que no invitó a Ucrania porque no es miembro del G20 y porque su presencia hubiera concentrado los debates en torno a ese tema. Así, el Gobierno ruso considera que la Cumbre fue un éxito mientras que Zelenski cree que no hay nada para estar orgulloso.
La realidad es que el mundo empieza a tomar conciencia de quiénes son los verdaderos responsables de esta guerra entre Rusia y los miembros de la OTAN, liderada por Estados Unidos, en territorio ucraniano. A diferencia de la Cumbre del G7, el foro que agrupa a los siete países más ricos del mundo, realizada en Hiroshima días antes, el G20 ha mantenido una postura neutral en lo que respecta al conflicto entre Rusia y Ucrania, a pesar de los perjuicios económicos que ocasiona esa cruenta guerra que pudo ser evitada.
En cuanto a la pugna entre Estados Unidos y la Unión Europea con China, es importante señalar el anuncio de dos vastos proyectos de infraestructura. Se trata del Corredor Económico India-Oriente Próximo-Europa para conectar por tren y por mar a Europa con esas regiones, y el Corredor Transafricano, un proyecto público-privado en el que colabora también la Unión Europea, que contempla una nueva vía férrea en varios países de África.
En realidad, esto no es nuevo. Se trata de la materialización de los objetivos contemplados en el programa Build Back for a Better World (B3W) de Estados Unidos, presentado hace más de dos años, que tiene un presupuesto de 40 billones de dólares hasta 2035, y el Global Gateway de la Unión Europea, que prevé una inversión de 300.000 millones de euros hasta 2027. El anuncio tiene lugar en momentos en que la iniciativa de desarrollo de infraestructura, la Franja y la Ruta de la Seda (BRI) de China, que han firmado 130 países, cumple su décimo aniversario. De hecho, el megapuerto de Chancay, en el Perú, es parte del BRI.
Este tipo de iniciativas habían fracasado ya con Trump cuando en 2019 anunció la Iniciativa América Crece, condicionada a restringir las inversiones chinas, en particular, en infraestructura digital. Estados Unidos tiene serios problemas económicos derivados de su sobreendeudamiento y su alto déficit fiscal que resuelve imprimiendo billetes. En 2022, la pobreza registró un incremento nunca visto, mientras que la mayoría de los países de Europa están al borde de la recesión.
Lo que buscan las potencias es desarrollar infraestructura para facilitar el acceso a los recursos naturales. En el caso de China, ofrece financiamiento a tasas bajas sin muchos condicionamientos. Estados Unidos y la Unión Europea buscan lo mismo, pero a condición de ahuyentar las inversiones chinas con el falso discurso de la defensa de los valores democráticos y la transparencia de sus contratos. El primero ha organizado golpes de Estado y se ha dedicado a desestabilizar Gobiernos cuando ve que sus empresas son amenazadas o un país se le enfrenta políticamente, mientras que algunos países de la Unión Europea, en particular Francia, han favorecido dictaduras con disfraz de democracia que han permanecido por cinco décadas, como es el caso de Gabón, donde recientemente ha tenido lugar un golpe militar.
A diferencia de las potencias Occidentales, China hace negocios con Gobiernos de cualquier signo político y no pretende ser el ejemplo de una moral que Occidente defiende hipócritamente. En la medida en que el sur global se mantenga fuera de esta pugna, la oferta de inversiones será mayor y mejores las condiciones.
Consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales en la Cepal, Sela y Aladi. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur y Agregada Económica de la Embajada de Perú (2010-2015) en Argentina.