¿Causa o consecuencia?, por David Rivera
“El desdén frente al proceso de descentralización creó las condiciones para la expansión de economías informales e ilegales y para la atomización de intereses representados hoy en la política”.
El exministro de Economía David Tuesta publicó un artículo en El Comercio con data amplia que corrobora el fracaso de la descentralización (https://bit.ly/4226G4U). Los datos, sobre ejecución presupuestal, paralización de obras, sobrecostos y (falta de) transparencia, permiten entender, además: la frustración, indignación y/o indiferencia de los peruanos con el Estado; el porqué de los conflictos sociales; e incluso algunas de las razones de la actual crisis social.
Desde Lima, es usual leer este tipo de resultados como la causa de los principales males que aquejan al país. ¿Serán más bien una consecuencia?
Consideremos, primero, que durante la mayor parte de nuestra historia republicana el poder estuvo concentrado en Lima. Recién desde el segundo gobierno de Belaunde se eligen alcaldes de manera continua con voto universal. Para el caso de los Gobiernos regionales, desde inicios del 2000 con el inicio de la descentralización. ¿Quién tenía entonces la responsabilidad de conducir el proceso para que fuese exitoso?
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Me tocó trabajar en ese momento en el Ministerio de Economía para coordinar las funciones de los viceministerios y direcciones al interior del MEF, así como con otras instituciones del Estado. La aventura duró nueve meses. No porque pareciera imposible alinear las posiciones del MEF con las del Consejo Nacional de Descentralización; tampoco por lo titánico que resulta(ba) la coordinación intersectorial; sino sobre todo porque a los dos viceministerios (Economía y Hacienda) parecía interesarles el proceso solo para plantear controles del gasto de los recursos a transferir.
¿Bastaba con emitir leyes, asignar responsabilidades, recursos y establecer mecanismos de control? Ya en ese momento estaba claro que era insuficiente. Pero igual el proceso se abordó con una lógica administrativa y legalista, no como parte de una reforma del Estado ni un plan de desarrollo territorial.
Un ejemplo de lo contraproducente que fue esa lógica: en un GORE Ejecutivo (2018 o 2019), el exgobernador de Cajamarca Mesías Guevara le dijo a los representantes del Gobierno central que no era posible contratar un gerente de inversión pública con capacidad para gestionar cerca de mil millones de soles cuando el sueldo máximo establecido por el MEF era de S/6.000.
A pesar de que desde fines de los 90 existían informes internos que planteaban que el principal reto del Sistema Nacional de Inversión Pública no eran los mecanismos de control, sino sobre todo la transferencia de capacidades desde Lima hacia el resto del país, se hizo poco.
Pero ese no era el problema central del proceso en su conjunto. Podríamos decir, incluso, que este derivaba de uno más importante. Veamos una historia más.
Cuando volví al periodismo, en pleno boom económico de fines de los años 2000, un informe sobre el despegue comercial de algunas regiones terminaba con una entrevista al ministro de Economía de entonces. Consultado sobre qué hacer con aquellas zonas del país que no lograban engancharse con el crecimiento, particularmente las del sur andino, su respuesta fue: Habrá que esperar a que se muden a la costa.
Además de que el Gobierno central nunca estuvo convencido ni comprometido con la descentralización, la frase muestra que el desdén frente al proceso tenía también una cuota de desprecio social y tecnocrático, y que desde Lima ni siquiera se buscó construir una visión de desarrollo territorial para el país. Ese fue y es el problema principal.
Así, la descentralización estaba destinada a fracasar. Las consecuencias las vemos hoy, y más allá de la inversión pública y la no prestación de servicios esenciales: un Estado que abandonó el territorio dejó el espacio libre para la expansión de las economías informales e ilegales y para la atomización de intereses representados hoy en la política.
Por ello, si a inicios del 2000 la descentralización era un reto cuesta arriba, hoy lo es aún más. Abordarlo como parte sustantiva de una reforma del Estado, debería ser una prioridad.
