No es ‘fuji- cerronismo’; es repartija, por Augusto Álvarez Rodrich
"Y el ensañamiento de quien, así, no puede ser juez ni fiscal".
Con Josué Gutiérrez como nuevo defensor del pueblo, el congreso perpetró ayer la elección de quien no ofrece garantía ni genera expectativa de un desempeño independiente al servicio de la ciudadanía, sino a intereses políticos particulares, como parte de un arreglo que no debe sorprender pues la alerta de una componenda en marcha —que unos llaman incorrectamente ‘fujicerronismo’—es antigua.
La chapa ‘fujicerronismo’ para el arreglo es incorrecta, primero, por insuficiente. Fuerza Popular (23) y Perú Libre (14) (o sea, el fujicerronismo) solo suman 42% de los 88 votos para Gutiérrez. También se contó con la amable participación de AP, APP, Bloque Magisterial, Podemos, Perú Bicentenario, Somos Perú y 5 (de 9) no agrupados.
Es incorrecta, segundo, porque el sustento del acuerdo es la repartija de cargos, como ocurrió antes para elegir a 6 integrantes del TC con votaciones cercanas a 100 votos. Como se ha adelantado acá hace más de una semana, el acuerdo era Gutiérrez a la DP y la propuesta de fujimorismo Delia Muñoz para llenar la plaza vacante en el TC.
El diseño constitucional que encarga al Congreso la elección de esos puestos claves del estado determina que se trate de selecciones de naturaleza política, pero ello no justifica la designación de personas muy inapropiadas, como Gutiérrez en la Defensoría. Esto no es fujicerronismo, esto es repartija.
P.S. La acusación del fiscal José Pérez contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski es un absurdo que revela vocación de ensañamiento y mala fe, lo cual puede constituir prevaricato.
PUEDES VER: Vladimir Cerrón le desea “éxitos” a su exabogado Josué Gutiérrez, quien fue elegido defensor del Pueblo
Como después de seis años no ha encontrado prueba alguna de colusión, ahora lo acusa de lavado de activos y de organización criminal solo con el fin de pedir 35 años de prisión. Los US$12,2 millones que el fiscal afirma que PPK ‘lavó’ resultan de la suma de los ingresos declarados por él en una década provenientes del sector privado incluyendo honorarios y directorios. Pide, también, 22 años de prisión para su secretaria que tenía firma en la cuenta donde tales ingresos se depositaron, y 11 años de prisión para el chofer encargado de hacer compras para el funcionamiento de sus casas. Alguien así no puede ser juez, como ahora pretende. Tampoco fiscal, como aún se desempeña.
Claro y directo
Economista de la U. del Pacífico –profesor desde 1986– y Máster de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Harvard. En el oficio de periodista desde hace más de cuatro décadas, con varios despidos en la mochila tras dirigir y conducir programas en diarios, tv y radio. Dirige RTV, preside Ipys, le gusta el teatro, ante todo, hincha de Alianza Lima.