Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.

“Y tan pronto lo dije, como un eco, / ya se corrió la voz:/ —ved la mala mujer esa que pasa:/ ha dado el corazón” (Storni, 1920, p. 42).

Alfonsina Storni nace en Suiza en 1892, a los cuatro años llega a Argentina para que su poesía siga vigente después de 131 años; no solo sus versos concatenan las letras y las palabras, sino a la mujer detrás de ellas. La figura femenina débil y lastimera languidece ante la metáfora de la lucha, un conflicto permanente entre la configuración de lo femenino, dada por la sociedad, y la rebeldía del no querer vivirla. “Oveja descarriada, dijeron por ahí. Oveja descarriada. Los hombros encogí” (Storni, 2017, p. 19).

Independiente desde su adolescencia, Alfonsina traspasa los cánones de la época, marcados por excesivo el machismo “¿Qué diría la gente, recortada y vacía, si en un día fortuito, por ultrafantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta” (Storni, 1918), lo que recrudece al enamorarse de un hombre veinticuatro años mayor y ser madre soltera, eligiendo así su propio destino.

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Retiran a funcionaria que avaló contratar bailarines en Municipalidad de Arequipa

Su voz se materializa en un “nosotras” que busca el espacio de libertad de pensamiento y simetría de género, rompiendo con lo establecido; su poesía enarbola lo humano, reconstruyendo el dolor de lo terreno “Perder la mirada, distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar (Storni, 1918).

El suicidio no aquieta su poesía, al contrario, permanece inalterable como tinta indeleble en el corazón que respira independiente y brama lo universal de lo femenino.

En el día de la mujer, un espacio para su lectura genera un referente de cómo somos y dónde nos encontramos “Ten paciencia, mujer que eres oscura: / Algún día, la Forma Destructora / Que todo lo devora, / Borrará mi figura. Alfonsina Storni.

Docente universitaria, Carmen Rivera. Foto: La República.

Arequipa | Réquiem para Alfonsina Storni lrsd

La República

Réquiem para Alfonsina Storni

Pedro P. Grández Castro

“Gran victoria para nuestra Constitución y democracia. Orgulloso de ser estadounidense”: Este fue el mensaje que difundió en sus redes el presidente Trump cuando, en julio de 2024, la Corte Suprema con una mayoría de 6 contra 3, decidió la ampliación de su inmunidad, cortando así una serie de investigaciones penales que se venían desarrollando en su contra. Para muchos editorialistas, esa fue una decisión decepcionante, aunque venía a confirmar la línea conservadora en la mayoría de la Corte Suprema. En su voto disidente, la jueza Sonia Sotomayor denunció, en tono crítico, que la Corte le estaba confiriendo un poder que no se desprendía de la Constitución: “…el presidente es ahora un rey por encima de la ley”, escribió.

Sin embargo, a menos de dos años de aquella victoria, Trump ha reaccionado a su estilo virulento frente a un nuevo fallo de la misma mayoría, que esta vez, ha declarado inconstitucional su política de aranceles:&nbsp; "Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país", “son simplemente tontos y perros falderos de los RINOs (“republicanos tibios” “no auténticos” en el lenguaje de Trump) y los demócratas radicales de izquierda”, “son muy antipatrióticos y desleales a la Constitución", han sido algunas de sus expresiones recogidas por la prensa.

No obstante, más allá de las reacciones políticas, la decisión del pasado 20 de febrero (LEARNING RESOURCES, INC. contra TRUMP), muestra la importancia de un Tribunal que pone límites, incluso al poder más amplio y discrecional, como es el poder del Presidente en un régimen como el estadounidense. Tal como se recoge en la sentencia en mayoría, la cuestión que traía este caso era relativamente sencilla:&nbsp; se trataba de establecer si, en el marco de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el presidente de los EEUU estaba facultado para establecer aranceles mediante decreto y ya no a través de leyes tramitadas ante el Congreso.

El caso se había iniciado con una demanda de un par de empresas pequeñas que consideraban que los poderes de emergencia no facultan al presidente, en forma tan amplia, a fijar aranceles generales. Esta demanda recibió amparo en segunda instancia. Un Tribunal Federal de Apelación confirmó en la parte pertinente, concluyendo que la concesión de autoridad de la IEEPA para “regular [...] la importación” no autorizaba los aranceles impugnados, en la medida que estos “son ilimitados en cuanto a su alcance, cuantía y duración”. Frente a esta decisión, el gobierno de Trump presentó una petición de certiorari que fue aceptada por el Tribunal, estableciendo en su decisión de fondo que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles.

Tal como se desprende de la decisión en mayoría, el punto de partida para el análisis constitucional se sitúa en el artículo I, sección 8, de la Constitución que establece que “El Congreso tendrá facultad para establecer y recaudar impuestos, derechos, gravámenes y exacciones”. Invocando una cita de Madison en “El Federalista 48”, la Corte recuerda que los redactores de la Constitución otorgaron al Congreso, “en exclusiva...el acceso a los bolsillos del pueblo”. De este modo, según se precisa, “reconocieron la importancia única de esta facultad tributaria, una facultad que ‘muy claramente’ incluye la facultad de imponer aranceles”. La mayoría del Tribunal recuerda, además, que “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo” y, en esa medida, destaca que el propio “Gobierno reconoce que el presidente no tiene autoridad inherente para imponer aranceles en tiempos de paz”. La cuestión se centraría, entonces, en establecer si las medidas arancelarias adoptadas podían tener sustento en el contexto de una declaratoria de “emergencia nacional” por “tráfico de drogas o por los déficits comerciales”, que se anunciaban en los decretos respectivos.

La sentencia es robusta en argumentos para responder a cada una de las cuestiones que planteó el gobierno en su recurso. Dado que se trata de interpretaciones de determinados términos de la propia Ley sobre poderes de emergencia del presidente, la Corte recuerda su amplia jurisprudencia que niega la ampliación de poderes mediante interpretaciones de términos ambiguos: “Cuando el Congreso ha delegado sus facultades arancelarias, lo ha hecho en términos explícitos y con límites estrictos”. Como para poner en evidencia la ruptura que significaría la pretensión del presidente Trump, la Corte recuerda que, en cerca de 50 años de vigencia de la ley sobre los poderes de emergencia, “ningún presidente ha interpretado que la IEEPA confiera tal poder arancelario”.

Desde luego, este espacio resulta insuficiente para intentar, siquiera, resumir la robusta argumentación de la Corte Suprema en un caso de tanta trascendencia. Es claro que la mayoría de la Corte ha dado una nueva lección, no sólo de orden y claridad a la hora de organizar su razonamiento, sino que nos ha revelado, una vez más, la importancia de aquel “principio de ingratitud” que define la independencia de un tribunal que, como ocurre con el caso norteamericano, siendo designado por el propio Presidente, es capaz sin embargo, de ponerle límites sobre la base de argumentos y apelando a aquel principio que define la condición de todo juez: su independencia.

Ojalá que los jueces de otros países, incluido el nuestro, lean esta sentencia ejemplar. La función más relevante de un tribunal encargado de defender la Constitución es interpretarla con rigor y, sobre la base de su independencia, remarcar las banderillas claras de los límites que se desprenden de la misma, antes de convertirse en apéndices irrelevantes de la política o los poderes fácticos.

Sede de la Corte Suprema de Estados Unidos

Pedro Grández: La relevancia de contar con un tribunal que defienda la Constitución

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la libertad del general EP Daniel Urresti no es solo un fallo judicial. Es un mensaje. Y el mensaje es devastador.

Hugo Bustíos fue emboscado, acribillado y, aún con vida, despedazado con un explosivo colocado sobre su pecho. No fue un exceso. No fue un arrebato. Fue un acto de barbarie. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo calificó como crimen de lesa humanidad.

Treinta y cuatro años después del asesinato del periodista de CARETAS, en 2023, Urresti fue condenado a 12 años de prisión. Ha cumplido menos de tres. Hoy, gracias al TC, podría recuperar su libertad bajo el argumento de que el delito ha prescrito.

Pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No en el derecho internacional. No cuando se trata de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. No cuando existe una norma imperativa —ius cogens— que obliga a investigar y sancionar.

La Corte Suprema de Justicia de la República fue categórica: el asesinato de Bustíos “constituye, sin la más mínima duda, una grave violación a los derechos humanos que, por su naturaleza (circunstancias, modo y forma de cómo se cometió el delito), impacto a la humanidad y en cumplimiento del derecho convencional, no se puede dejar de investigar y sancionar por la excusa de la invocación de figuras jurídicas sustentadas por un aspecto temporal (como es la prescripción), menos por un impedimento normativo del derecho penal interno, ya que la imprescriptibilidad de estos crímenes es propia del derecho internacional consuetudinario, teniendo el carácter de norma&nbsp;ius cogens”, subrayó el magistrado Manuel Monteagudo Valdez en su voto singular, en contra de la excarcelación.

Sin embargo, cuatro magistrados del TC —Luz Pacheco Zerga (presidenta), Francisco Morales Saravia (ponente), César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez— han optado por una interpretación restrictiva: sostienen que la imprescriptibilidad solo rige en el Perú desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el 1 de julio de 2002. Con ese criterio, los crímenes cometidos antes —como el asesinato de Bustíos en 1988— quedarían sometidos a las reglas ordinarias de prescripción.

En otras palabras: el tiempo lava la sangre.

Ese razonamiento no solo se aparta de estándares internacionales consolidados; también reabre una discusión que el propio TC dio por cerrada en 2011, cuando declaró inconstitucional la reserva que pretendía limitar la aplicación de la imprescriptibilidad.

Hoy, el mismo tribunal respalda la llamada Ley 32107, una norma que, bajo la apariencia de precisión técnica, allana el camino para la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno.

Otros dos magistrados, Helder Domínguez Haro y Gustavo Gutiérrez Ticse, sostienen que los crímenes de lesa humanidad son, en efecto, imprescriptibles, pero solo en conflictos internacionales. En caso de víctimas de conflicto interno, afirman, esa regla rige recién desde 1991, a partir del Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Bajo esa lógica, el asesinato de Bustíos queda reducido a un delito común atrapado en el calendario.

Y eso equivale a admitir, con sello constitucional, que la vida de un peruano puede valer menos que la de un extranjero.

La consecuencia es brutal: no importa la magnitud del crimen, sino la fecha en que fue cometido. No importa su carácter de afrenta contra la humanidad, sino su ubicación en una línea de tiempo. Así, la imprescriptibilidad deja de ser un principio moral y jurídico universal para convertirse en una cláusula condicionada.

Y cuando la justicia depende del almanaque, lo que se institucionaliza no es el derecho: es la impunidad.

<h2>La última palabra</h2>

La última palabra no está dicha. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria deberá pronunciarse sobre la excarcelación. Sus magistrados —Máximo Maguiña Castro, Reli Callata Vega e Iván Llerena Lezama— no solo decidirán sobre un expediente. Decidirán si el Perú consolida una doctrina acorde con el derecho internacional o si institucionaliza un retroceso histórico.

Lo que está en juego no es solo la libertad de un condenado. Es la coherencia del Estado frente a los crímenes más graves que conoce la humanidad. Es la frontera entre la justicia y la impunidad.

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata.

Caso Urresti: ¿El tiempo lava la sangre?, por Marco Zileri

Vivimos en un mundo -del cuál el Perú hace parte- en el que es difícil conocer la verdad de las opiniones, de los discursos, de las promesas, de las afirmaciones, pues no sólo han ido casi desapareciendo los principios éticos sobre los que se funda una comunidad, tales como: no mentir, no matar, no violar, no robar, sino que, adicionalmente, han aparecido las fakenews que son afirmaciones inventadas o distorsionadas sobre la realidad, sobre las personas o instituciones. Es decir, hay afirmaciones inmorales y otras que son inventadas. ¿Cómo elegir autoridades políticas o no políticas en este contexto? Es en este mundo de pocas verdades, que se llevan a cabo los procesos electorales.

Para votar bien, lo ideal sería construir un ETICÓMETRO, un método para medir el cumplimiento de normas éticas en las personas que pretenden participar en política y, aún más, en las que pretenden gobernar o gobiernan, para que los electores estén informados de las calidades morales de los candidatos y de los gobernantes.

Esta debería ser tarea de alguna organización proba e independiente, que las hay en Perú (la Iglesia, Transparencia, alguna universidad). &nbsp;Pero obviamente, es una tarea compleja, sobre todo si se quiere obtener algún tipo de medida o de calificación, útil para las próximas elecciones.

En realidad, la idea de medir o calificar el comportamiento ético tiene como objetivo difundir los resultados, para que los electores tomen en cuenta la calidad moral de los candidatos por los cuales se inclinarían a votar o la de sus gobernantes. Asumimos, que los electores tienen aprecio por la calidad ética de sus candidatos, pero esto no es necesariamente cierto, en la medida que la crisis de valores morales no es sólo de los candidatos sino, en importante medida, de una buena parte de los electores y de la población en general. En muchos casos, los comportamientos inmorales o amorales son tomados como “normales” en la medida que hemos ido perdiendo referentes, por parte de la población, dado el ejemplo de los gobernantes. Este creo que es un punto crucial que nos indica que vivimos una profunda crisis moral.

En estas circunstancias, creo que es necesario promover el comportamiento ético de las personas -políticos, electores o no electores- y, tendría que ser algo así como: promovamos el “eticomportamiento” de los candidatos y de los electores, no sólo en las próximas elecciones, sino de manera permanente. Una campaña de restauración de los valores morales, tan escasos hoy en el Perú y el mundo. Es una campaña, que la debería promover cada uno de nosotros, en nuestras familias, nuestro barrio, en nuestros colegios, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, etc.

En esta coyuntura electoral, si eres un elector que quieres que se gobierne sobre la base de la verdad, la tolerancia y la decencia, debes informarte antes de votar, a través de las plataformas virtuales, algunos programas de televisión, algunos pocos periódicos y varios podcasts. Algunos ejemplos: “Calateo electoral” de Marco Sifuentes, en el cual ha seguido la trayectoria de varios candidatos que mienten, que no pagan pensiones de alimentación, que dijeron algo antes y ahora dicen otra cosa o se desdicen. El programa de Rosa María Palacios en La República que diariamente entrevista a candidatos y da noticias sobre comportamientos inmorales y hay varias otras plataformas en Youtube.

Sin embargo, hay que cuidarse de la infinidad de podcast, fabricados con inteligencia artificial para atacar a candidatos competidores, para alabar a sus candidatos inventando mentiras sobre sus virtudes o para redactar planes de gobierno. Esto nos lleva al problema central: de ¿cómo distinguir quién dice la verdad y quién no? En general, el patrón es: cuando a un candidato lo comienzan a hostigar con memes, fotos y videos que lo denigran, es muy probable que los originadores sean candidatos que ven amenazadas sus candidaturas. En consecuencia, no hay que tomarlos en cuenta. Lo curioso es que, cuanto más memes mentirosos u ofensivos contra algún candidato, esto lo ayuda en su campaña. Este fue el caso de Pedro Castillo. Este es el gran problema, la asimetría de información, es decir que no sabemos exactamente quien se comporta con valores éticos y quien no.

Obviamente, unas elecciones con 36 candidatos a la presidencia, miles de candidatos al senado y al parlamento más una ficha electoral del tamaño de una sábana, nos obliga a tres cosas: 1. Informarse bien sobre la calidad moral de los candidatos (hoy en realidad no importa sus planes de gobierno, casi todos están hechos con IA). 2. Compartir tus candidatos con la familia, los amigos, para cotejar información sobre la moralidad de ellos. 3. Antes de ir a votar, anotar en un papel por quien vas a votar, para que en el momento de emitir el voto lo hagas de manera fácil y rápida, pues sólo se tiene un minuto para votar.

Los que creemos en el futuro del Perú y de nuestros hijos, debemos promover una suerte de recuperación moral, aprovechando estas elecciones. El elegir gente proba, digna y bien capacitada -no importa de qué partido o ideología sea- es esencial para recuperar la confianza en la palabra y las acciones de los otros durante este año electoral. Pero debemos ponernos como meta una campaña de largo plazo para volver a los referentes éticos y a los valores civilizatorios que debería tener una democracia y un estado de derecho. La gran mayoría peruana se lo merece, pero tiene que aprender a merecerlo mediante una conducta ética, que ojalá pudiera medirse con un eticómetro.

(1) Qué ejemplo reciben los jóvenes si autoridades como Boluarte, Jerí, Trump o López Aliaga mienten permanentemente o inventan historias inverosímiles.

Efraín Gonzáles

Necesitamos un “eticómetro” , por Efraín Gonzales de Olarte

Hay señales que, tomadas por separado, podrían parecer episodios aislados. Un comentario desafortunado. Una decisión administrativa. Una denuncia más que se diluye en el ruido informativo. Pero cuando se miran en conjunto, el dibujo es nítido: estamos retrocediendo. Y ese retroceso tiene un costo concreto, medible, doloroso. Lo están pagando las niñas y adolescentes.

Hay momentos en que la evidencia se acumula de tal manera que ya no admite eufemismos – como lo vemos en el caso Epstein-.  El problema no es solo la violencia sino quiénes ejercen el poder y qué mensajes emiten sobre ella. Cuando presidentes, congresistas, jueces y líderes políticos relativizan, niegan o banalizan la violencia sexual, el mensaje es claro: el cuerpo de las niñas no es una prioridad política.

La violencia sexual contra niñas y adolescentes no es un fenómeno nuevo ni desconocido. En el Perú, las cifras se repiten año tras año con una regularidad que debería escandalizar: miles de denuncias, miles de embarazos forzados, miles de trayectorias de vida interrumpidas. La escena es inquietantemente global, pero se expresa siempre en contextos concretos, con nombres, instituciones y decisiones políticas específicas. Lo nuevo —y lo profundamente perturbador— es el clima político que rodea esta violencia: un clima en el que se la minimiza, se la relativiza o, directamente, se la niega.

Ese clima se construye desde el poder. Se construye cuando autoridades con capacidad de decisión aparecen implicadas en denuncias graves de violencia sexual o de conductas que cosifican a las mujeres, y aun así continúan ejerciendo cargos públicos sin asumir responsabilidad política alguna. Se construye cuando el debate público se desplaza de la protección de las víctimas a la sospecha permanente sobre su palabra.

Pero también se construye con discursos. Cuando un congresista afirma que los embarazos en niñas producto de abuso sexual “no siempre son violaciones, a veces son noches de placer”, no está cometiendo solo un exceso verbal. Está desmantelando, en una frase, el principio básico de protección de la niñez. Está diciendo —aunque no lo nombre— que el cuerpo de una niña es negociable, interpretable, transable.

No es un desliz aislado. Años atrás, otro parlamentario sostuvo que una violación no podía generar un embarazo, como si la biología fuera opinable y la experiencia de miles de niñas pudiera descartarse con una afirmación liviana. Estas declaraciones no contradicen solo la evidencia científica o las estadísticas oficiales del propio Estado; contradicen la vida real de las niñas que paren a los 11, 12 o 13 años tras haber sido violentadas.

Mientras estos discursos circulan sin mayores consecuencias, las políticas públicas que deberían enfrentar esta realidad se debilitan. Se desarticulan instancias especializadas de justicia precisamente en las regiones con mayor incidencia de violaciones a menores de edad. Se recortan capacidades institucionales. Se cuestiona el enfoque de género como si fuera un lujo ideológico y no una herramienta mínima para entender y enfrentar una violencia profundamente desigual.

El retroceso también se expresa en gestos que cruzan una línea ética elemental. Exponer públicamente a niñas violadas junto a sus hijos, convertir su experiencia en un recurso político, instrumentalizar su dolor para reforzar una agenda moral, no es defensa de la vida ni de la infancia. Es otra forma de violencia.

Todo esto ocurre en paralelo, y no por casualidad. Cuando el poder empieza a incomodarse con las políticas de género, lo que realmente está rechazando es la idea de rendir cuentas. Porque el enfoque de género no solo nombra desigualdades: las hace visibles, las mide, las vuelve exigibles.

Por eso, debilitar estas políticas no es neutral. Tiene efectos. Significa menos protección, menos acceso a justicia, más silencio. Significa que las niñas entienden —rápidamente— que el Estado duda de ellas, que sus cuerpos están en disputa y que su sufrimiento puede ser puesto en cuestión.

Nunca ha sido tan evidente que fortalecer las políticas de género no es una concesión ni una moda. Es una condición básica para que la violencia sexual contra niñas deje de ser tolerada, explicada o justificada desde el poder. Cuando la violencia se relativiza desde arriba, la impunidad se filtra hacia abajo.

Y en ese descenso, las primeras en quedar expuestas son siempre las mismas: las niñas.

José María Balcázar.

Cuando el poder relativiza la violencia, por Marcela Huaita Alegre

El Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia en la que dispone la libertad de Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos perpetrado el año 1988. Para ello ha declarado la nulidad de dos sentencias del Poder Judicial, bajo argumentos que simplemente constituyen un fraude.

Debemos tener presente que Urresti fue condenado el 12 de abril de 2023 como co autor del asesinato del periodista. El tribunal que juzgó el caso calificó el hecho como un crimen de lesa humanidad. Por su parte la Corte Suprema de Justicia, el 19 de julio de 2024 confirmó la sentencia condenatoria y ratificó que estábamos ante un crimen internacional.

Ante ello la defensa de Urresti presentó un habeas corpus contra las resoluciones judiciales alegando una indebida motivación. El Poder Judicial rechazó dicha acción señalando que los jueces penales habían cumplido con su deber de motivación. Ya el 3 de julio de 2025 la defensa acudió al Tribunal Constitucional, alegando que correspondía se le aplique la ley 32107, la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad. Y el 8 de ese mismo mes presentó el mismo pedido ante el Poder Judicial. Esta es una maniobra irregular que afecta el principio de seguridad jurídica y que podría dar origen a un avocamiento indebido. Dos instancias jurisdiccionales no pueden resolver el mismo asunto.

El 20 de enero de 2026 se desarrolló la audiencia en el TC y el 29 se desarrolló la audiencia en la Tercera Sala Penal Liquidadora. En ambas instancias el debate fue uno solo: la aplicación de la ley 32107 y en ambas instancias se informó que la defensa del condenado había “dupleteado” el mismo pedido y al TC se le solicitó que no se pronuncie porque había una causa judicial en trámite sobre el mismo asunto.

Pero el TC ya sentenció, estableciendo una nueva ruta de impunidad.

La sentencia del TC se desvincula del marco constitucional y del derecho internacional y por ello declara que las sentencias del Poder Judicial han violado el principio de legalidad, ya que Daniel Urresti ha sido condenado en base al artículo 7° del Estatuto de Roma ya que “…los delitos imputados al actor cometidos antes de la vigencia del citado estatuto no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad, puesto que no existían como tales”.

Este argumento es falso. Urresti fue condenado por el delito de asesinato tipificado en el artículo 152 del código penal de 1924. Lo que hizo el tribunal de juzgamiento fue calificar complementariamente ese delito, porque las circunstancias contextuales (zona bajo control militar, violaciones de ddhh, autores del crimen militares, víctima civil) determinaban que no fue un delito común, para lo cual utiliza como referencia histórica las normas del estatuto de Roma, pero no como el sustento de una imputación penal.

El TC, en un desconocimiento alarmante del derecho internacional, declara que antes de 2002 no reconoce la existencia de crímenes de lesa humanidad, sujetando el reconocimiento de la existencia de ese tipo de crímenes a la fecha de vigencia de una norma que está referida a la fecha de inicio de la competencia de la Corte Penal Internacional.

Desde hace dos décadas los tribunales penales peruanos han calificado complementariamente delitos de asesinato, tortura, desaparición forzada y violación sexual, como crímenes de lesa humanidad, sobre la base del derecho internacional consuetudinario, respetando así el principio de legalidad penal, porque se juzga y sanciona sobre tipos penales de la ley penal nacional. Tal calificación ha dependido de la acreditación en juicio de aquellos elementos contextuales que sirven de sostén para declarar que no estamos ante delitos comunes. Eso es lo que exactamente hizo el tribunal que juzgó y condenó a Urresti. Lo condenó por asesinato y calificó que los hechos constituyen un crimen contra la humanidad.

Bajo esas consideraciones que -en los hechos- niegan la vigencia del derecho internacional el TC señala que el asesinato del periodista Hugo Bustíos es un delito al cual se le deben aplicar las reglas de prescripción de los delitos comunes. Así, señala que para el asesinato -según las reglas del código penal de 1924- existía un plazo regular de prescripción (20 años), pero como las investigaciones se iniciaron en ese lapso de tiempo le correspondería el plazo extraordinario de prescripción (30 años). En base a ello declara que cuando se dictó (12 de abril de 2023) el caso estaba prescrito.

Pero en la resolución del TC de diciembre del año pasado, en la que 4 jueces declararon que la ley 32107 era constitucional, se estableció una nueva regla: la suspensión de la prescripción. La cual operaría porque este tipo de casos y las víctimas habían tenido que enfrentar determinados obstáculos para el procesamiento atribuibles al Estado (intervención de la justicia militar y leyes de amnistía) que ocasionaron el archivo de las investigaciones. El TC declara que ese plazo de suspensión termina en enero 2002 cuando la justicia militar anuló las resoluciones que beneficiaban a los militares involucrados.

El hecho es que en este caso el TC desconoce su propia regla bajo el argumento de que como no fue Urresti no juzgado en la justicia militar o beneficiado por la ley de amnistía entonces no se le aplica la suspensión de la prescripción. Ningún tribunal puede resolver casos con semejante incoherencia jurisprudencial, porque pareciera que sus fallos los emite solo para garantizar una ruta de impunidad.

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