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Patricio Quintanilla Paulet
A inicio de marzo de este años, hace tres largos meses, se aprobó la firma de la muchas veces mencionada Adenda 13, relacionada con un cambio en la tecnología de riesgo y con un costo adicional.
Hasta el momento de escribir estas líneas, continuaban las manifestaciones y bloqueos en algunas zonas de la provincia de Caylloma, incluyendo El Pedregal.
La modificación del contrato, mediante esta Adenda, consistente en el mencionado cambio tecnológico, mejora el el uso de recurso hídrico, tan escaso ahora y más aún en el futuro; por ello no se entiende la oposición de las comunidades a este cambio, que no tendrá ningún impacto negativo, sino solamente mayor eficiencia.
Esta modificación significa un aumento en la inversión de USD 104 millones, que parece demasiado dinero, pero sabemos que el proyecto en su etapa de operación, aportará USD 700 millones al año, por esta mayor inversión se recupera en dos meses de producción; después de muchas discusiones los consejeros regionales comprendieron este simple cálculo, al aprobar la Adenda 13.
Una de las razones de las protestas es que “se les dejaría de lado” a los integrantes de estos grupos sociales, pero no se entiende la relación entre la optimización del uso de agua y el impacto negativo en la población; todo su impacto es positivo.
Además del frío cálculo económico de la relación entre la inversión y el aporte del Proyecto por la reiteradamente mencionada adenda, la postergación tiene un efecto negativo en la generación de empleo, especialmente en el sector de construcción civil que se encuentra muy golpeado, justamente por la falta de inversión pública y privada, lo que se agravaría por esta situación.
También se afectan las exportaciones, tan importantes para la economía nacional, tanto por la generación de divisas, que contribuyen con la estabilidad del tipo de cambio, como el empleo indirecto en mantenimiento, transporte, alimentación, puerto y muchos otros aspectos.
En caso de no firmarse la adenda hasta el 24 de junio, esto es en dos semanas, la contratista Cobra podría exigir un arbitraje internacional, con una altísima probabilidad que se laude en contra del Perú, en cuyo caso se debería pagar una multa millonaria.
Quiero suponer que los problemas suscitados son consecuencia de falta de información, tanto de los beneficios del proyecto, así como de la inexistencia de un impacto negativo en la población y que no sea consecuencia de algunos intereses subalternos, que pretendan, por razones desconocidas, detener el desarrollo de la región.
Por ello, es responsabilidad de las autoridades de manera muy urgente, difundir por todos los medios posibles, los detalles de la Adenda 13, su impacto en la gestión hídrica, su relación beneficio-costo, incremento en el empleo y la inexistencia de impactos negativos, en los aspectos que reclama la población.
Confiamos que al realizarse la sugerida difusión en medios masivos de comunicación, asambleas, volantes y cualquier otro que sugieran los profesionales en marketing, desaparezca la oposición y que se se viabilice el Proyecto a la brevedad.

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