Me conmueve profundamente ver a los y las familiares de las diez personas detenidas y desaparecidas de La Cantuta en 1992 volver al sitio del crimen para retomar la búsqueda de los restos de sus seres queridos, 30 años luego de los execrables hechos.
El 18 de julio de 1992, nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados del campus de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, a manos del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte conformado por miembros del Ejército peruano bajo el mando del expresidente Alberto Fujimori, crimen por lo cual el exmandatario hoy guarda prisión.
Un año después, fueron encontrados los restos de cinco de las víctimas en Cieneguilla. Habían sido removidos del lugar original de entierro. Parte de los restos fueron quemados, haciendo difícil la identificación. Hasta el día de hoy, no se conoce el destino de las otras cinco víctimas. Esta incertidumbre es una forma de tortura a los familiares de la víctima.
Durante el conflicto armado en el Perú, más de 20.000 personas fueron detenidas y luego desaparecidas, principalmente a mano de las fuerzas de seguridad. La gran mayoría de estos casos siguen sin esclarecerse, sus familiares siguen sin conocer el destino de sus seres queridos, sin poder darles una sepultura digna.
En 2012, Perú ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que prohíbe la práctica de desaparición forzada bajo cualquier circunstancia.
También establece el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida.
Al facilitar la búsqueda de las cinco víctimas de La Cantuta, el Estado peruano está dando cumplimiento a sus obligaciones internacionales. Pero también es una obligación moral que debe ser asumida por toda la sociedad. Pues la desaparición forzada es un crimen que no solo afecta a la víctima directa. Afecta a todo su entorno: su familia, sus amistades, su vecindad, su comunidad. La incertidumbre de no saber qué pasó a un familiar genera gran angustia que no pasa con el tiempo.
Espero que encuentren los restos de los cinco estudiantes de La Cantuta. No sé si ayude a los y las familiares cerrar el círculo de dolor, pues sus hijos e hijas, hermanos y hermanas, les fueron arrancados de manera violenta y se continuó torturándolos por décadas al negarles cualquier información sobre su destino. Pero tienen el derecho de saber qué pasó a sus familiares y de darles una sepultura digna. Es lo justo. Para las familias de La Cantuta y para las familias de las más de 20.000 personas detenidas-desaparecidas durante el conflicto armado interno.
Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina.