La vuelta al origen

Con el cálido abrazo entre la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se sella la vuelta de la política peruana a sus orígenes. A partir de ahora, el Ejecutivo y las distintas bancadas que fragmentan el Parlamento podrán atacarse, insultarse, incluso sacarse algunos trapos sucios, pero se mantendrán dentro de unos márgenes que evitarán su mutua aniquilación.

Esta lógica se remonta en el tiempo. Se rompió durante los primeros compases del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cuando, cegada por la abrumadora victoria parlamentaria y la derrota en la segunda vuelta presidencial, Keiko Fujimori hizo que la bancada de Fuerza Popular rompiera todos los códigos políticos (escritos y no escritos), atentando contra la gobernabilidad nacional, sumiendo al Perú en un caos del que todavía no se recupera y, de paso, autodestruyéndose.

Fue un proceso que arrancó ni bien el Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Kuczynski, pero que se vio profundizado con las primeras revelaciones del caso Lava Jato. Pensando que saldría bien librada, que las investigaciones no la alcanzarían, que el poder de su mayoría parlamentaria la volvería invulnerable a las denuncias, Keiko Fujimori evitó cualquier clase de pacto y, más bien, celebró las primeras delaciones de Marcelo Odebrecht.

Resultan inolvidables las palmas de la bancada de Fuerza Popular en noviembre del 2017, cuando una filtración desde Curitiba hizo creer que Odebrecht afirmaba no haber conocido a la lideresa fujimorista. Estas afirmaciones fueron desmentidas esa misma tarde, lo que dio inicio al calvario judicial de Fujimori, quien, para salvarse de la justicia, siguió rebasando límites y forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, luego de impulsar dos procesos de vacancia en su contra.

El mal cálculo de Keiko Fujimori empujó uno de los mayores desbordes de mugre de nuestra historia republicana, la sucesión de revelaciones que involucraron a todos los presidentes que se sucedieron luego de la transición democrática del 2000, a autoridades municipales, a empresarios, etc. Al mismo tiempo, fue el combustible de la aguda crisis política que, con idas y vueltas, dura hasta nuestros días.

El acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo de esta semana puede ser la vuelta a un ritmo de hostilidades «normales». Quizá tenga consecuencias positivas, como contribuir a rebajar el ciclo de conflictividad política que amenazaba con seguir devastando al país y suspender el empleo cotidiano de instituciones tan devastadoras como la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral permanente. Aunque la verdad es que no está pensado así, sino como un acuerdo por debajo de la mesa para que sobrevivan todos —en contra de la opinión de una amplia mayoría, que quiere que ambos se vayan—, cubriéndose las espaldas y empujando sus agendas mafiosas.