Bicentenario y poder ciudadano, por Hernán Chaparro

Termina el año del bicentenario y el clima de incertidumbre es bastante alto. A veces da la sensación de que Perú, más que un problema, es un dilema donde cualquier camino lleva a un mal desenlace. Una sensación de este tipo se genera cuando vemos que, luego de la polémica disolución del Congreso el 2019, se elige otro igualmente complicado. También aparece cuando, ante el censurable comportamiento de un presidente que evade dar cuenta de reuniones comprometedoras, los paladines de la fiscalización son líderes de partidos que se pasan blindando a correligionarios en el Congreso (en algunos casos, hermano incluido).

Sin embargo, todo este desasosiego no es una desilusión con relación al país, no es pesimismo frente a lo que somos o podemos lograr como peruanos. Es la reacción ante una élite que no da la talla y que repite el mismo patrón de comportamiento, más allá de que llegue por la derecha, por la izquierda o desde una lógica antipartidos. Instalada en el poder, prima el uso patrimonial, la poca transparencia, la falta de rendición de cuentas. Esto es algo que ocurre, sobre todo, en el mundo de la política, pero que también está presente en el sector privado. En los noventa se dio un importante proceso de privatización que estuvo acompañado de una expectativa de mejora de servicios. Es cierto que el mercado ha permitido que la competencia promueva diversas mejoras, pero también es real que la lógica del aprovechamiento acá también está presente. Con la pandemia y el acelerado uso de recursos digitales, sobran los ejemplos de empresas que terminan utilizando una robótica básica para atender las demandas de usuarios que tienen que navegar y bregar para hacer escuchar su reclamo. En todos estos procesos, lo que no está al centro es la persona.

Lo bueno es que los ciudadanos tienen cada vez más acceso a la información, y el comportamiento de los responsables públicos o privados se hace cada día más transparente, aunque no lo quieran. Los medios sociales pueden acelerar o profundizar la polarización, pero también empoderan. Poco a poco se ha ido ampliando una cultura de derechos que, no sin dificultades, crece y se expande por todo el país. Puede que esto sea lo que valga la pena celebrar al momento de despedir este 2021, nuestra capacidad para seguirnos indignando y la construcción de redes sociales ciudadanas. La demanda por ser tratados como iguales y que quienes ejercen algún tipo de poder (político, económico o social) no abusen del mismo es una demanda que crece y crece con el tiempo. Y también se desarrollan los puentes a la base de la pirámide. Las movilizaciones por derechos laborales (contra la llamada “ley pulpín”), la de rechazo a la violencia contra la mujer, las movilizaciones de noviembre del año pasado son algunas de las expresiones de esta actividad y sentimiento. Entre la actitud y la actividad, entre el fastidio y la organización todavía hay distancia e intermitencia, pero es lo que crece.

Lo que llama la atención en todo este proceso es la resistencia para aceptar este nuevo escenario entre quienes ejercen algún tipo de poder. A los pocos días del escándalo de los “Cuellos Blancos” en el Poder Judicial, se daba cuenta de un juez que estaba recibiendo coimas en un proceso. Luego de la mala selección de candidatos al Congreso en el 2016, los partidos volvieron a dejar entrar a casi cualquiera en el 2020. Después de todas las denuncias sobre lobbies en el actual gobierno, en Petroperú festinan procedimientos para favorecer a cierta empresa. La cultura de la impunidad está instalada en la cultura política de muchos incumbentes. Pero todo indica que lo que antes se podía ocultar hoy pronto sale a la luz.

Los procesos de cambio no son lineales y a veces los recodos son profundos. Pero hay una generación desarrollada en una cultura más horizontal y de transparencia que con el tiempo se hará sentir.