¿Los inmigrantes en Estados Unidos tienen derecho a protestar? Esto dice legislación vigente
El arresto de Mahmoud Khalil, activista pro-Palestina con green card, ha encendido el debate sobre el derecho de los extranjeros a protestar en Estados Unidos.
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El arresto de Mahmoud Khalil, un activista inmigrante pro-Palestina, ha reavivado el debate sobre los derechos de los extranjeros a protestar en Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump.
Khalil, un residente con green card de 30 años, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras liderar protestas en la Universidad de Columbia, Nueva York.
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La enmienda que le da derecho a inmigrantes en Estados Unidos el derecho a protestar
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la libertad de expresión, lo que incluye el derecho de los inmigrantes a protestar pacíficamente. Sin embargo, la intersección entre esta protección y las leyes de inmigración crea un terreno complicado, donde la administración de Donald Trump puede ejercer su discreción en la detención y deportación de individuos.
Sin embargo, a pesar de ello, se presenta una laguna legal en la intersección entre la protección que brinda la Primera Enmienda y la legislación de inmigración. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos mantiene la facultad discrecional para detener o deportar a individuos, lo que genera un terreno propicio para posibles abusos de poder.
Derecho a la protesta para inmigrantes en Estados Unidos
El caso de Khalil no es el único que ha llamado la atención. Yunseo Chung, otra estudiante inmigrante de la Universidad de Columbia, también se enfrenta a la revocación de su green card por su participación en manifestaciones. Desde la llegada de la administración Donald Trump, se han reportado más de 300 revocaciones de visas, lo que ha generado preocupación entre los defensores de los derechos civiles.
La discreción del gobierno en la aplicación de las leyes de inmigración ha llevado a un uso potencialmente abusivo de la autoridad. Nicholas Espíritu, subdirector legal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, ha expresado su preocupación por el uso de arrestos y deportaciones como herramientas para silenciar la libertad de expresión. “Es imperativo que los tribunales tomen medidas para garantizar que esto no se utilice como mecanismo para pisotear los derechos de la Primera Enmienda”, afirma.
